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La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, confirmó haber recibido una llamada del presidente de la República, Rodrigo Chaves, relacionada con la empresa mexicana Tradeco, que requería una garantía de cumplimiento para poder hacerse cargo del contrato de ampliación de la vía entre Barranca y Limonal, en Puntarenas.
Chacón dijo “recordar una llamada (telefónica) del señor presidente, en la que le solicitó conocer el alcance de los seguros de caución”. Detalló además, que ella incorporó a la llamada al gerente general, Luis Fernando Monge, “para ampliar sobre estos seguros”. Sin embargo, negó que le hubiese hecho alguna petición. Esa fue su respuesta, a consultas de La Nación sobre esa constructora en específico.
“La consulta fue esa y a ellos no se les hizo ninguna petición, según indicaron. (...) La llamada que recibió doña Gabriela no fue para solicitar un seguro, sino para conocer el alcance de este”, respondió la oficina de prensa del Instituto Nacional de Seguros (INS), en un correo electrónico el pasado 29 de octubre.
Nueve días antes, el 20 de octubre, este diario reveló que Mónica Araya, quien fue presidenta del INS entre mayo del 2022 y mayo del 2024, le contó a la Fiscalía que Chaves le pidió, en reiteradas ocasiones, que el INS le concediera una garantía de cumplimiento a Tradeco para que pudiera obtener la cesión de ese contrato que ascendía a $182 millones y que estaba en manos del consorcio Estrella-H Solís.
En su relato en la Fiscalía General, en calidad de testigo, Araya precisó que esas llamadas también incluyeron a Chacón, quien entonces era su jefa de despacho, y al gerente general de esa institución, Luis Fernando Monge.
Araya dijo que fueron varias las llamadas hechas a ellos dos. No obstante, Chacón aseguró recordar solo una. Aunque tampoco desmintió la versión dada por su antecesora al Ministerio Público.
‘La bendita garantía’
El pasado miércoles, Rodrigo Chaves reconoció haberse reunido con representantes de Tradeco en Casa Presidencial y haberlos remitido al INS por “la bendita garantía”.
Alegó que intervino en la cesión de ese contrato para impedir “chorizos” en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y en aras de generarle un ahorro al erario público.
“Yo sí me reuní con ellos como presidente de la República, como lo hago en muchísimos casos. Precisamente para evitar que algún aprovechado en el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) y, de los que han hecho chorizos con la obra pública de Costa Rica, se fueran a apropiar de esa cesión de manera incorrecta.
“Le eché agua al café; me reuní, así como me reúno con el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) o con el MEP (Ministerio de Educación Pública). Vaya al INS, si no consiguió la bendita garantía, no la consiguió“, dijo el mandatario durante su tradicional conferencia semanal.
Molestia ante negativa
Según el relato de Mónica Araya, ella le informó a Chaves que el INS no podía otorgarle una garantía económica a Tradeco. Ante lo cual, él insistió mediante varias llamadas telefónicas, y en reiteradas ocasiones se mostró molesto.
El mandatario incluso le facilitó el número de teléfono del representante de la constructora mexicana, para que los funcionarios del INS lo contactaran y pudiera enviar la información necesaria para analizar el caso.
Chaves insistió en la solicitud desde finales del 2022 y durante varios meses del 2023. Araya brindó esas declaraciones a la Fiscalía General a principios de este año, cuando compareció en calidad de testigo en una pesquisa por un presunto delito de peculado.
El caso contra Chaves se tramita bajo el expediente N.° 23-8-1878-PE. Según el artículo 361 del Código Penal, el peculado se sanciona con penas de tres a 12 años de prisión.
En ese apartado, se detalla que ese delito lo comete el funcionario público que “sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”.
En esa causa también es investigado el exministro de Obras Públicas y Transportes Mauricio Batalla.
Amador también corroboró versión
Luis Amador, exministro del MOPT y actual candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), también corroboró la versión de Mónica Araya.
También ante la Fiscalía y en calidad de testigo, él confirmó que, en efecto, participó en varias de esas llamadas telefónicas. Reconoció que el mandatario mostró un interés particular no solo en que el INS facilitara ese seguro, sino en que Tradeco asumiera el contrato de ampliación de un tramo de 48 kilómetros (km) de la Interamericana Norte (ruta 1), entre Barranca de Puntarenas y Limonal de Abangares.
Ese proyecto era financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e incluía la construcción de cuatro carriles en los 2,9 kilómetros de La Angostura, en Puntarenas.
Amador afirmó que, cada dos o tres días, el presidente preguntaba si ya se le podía ceder el proyecto a esa constructora mexicana. Según dijo, eso lo hacía, por ejemplo, antes o después de una sesión del Consejo de Gobierno, o bien en llamadas telefónicas en horas de la noche.
“Las llamadas eran constantes. A mí me pareció curioso que mostrara un interés tan particular por el tema”, dijo el exministro.
