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El fiscal general de la República, Carlo Díaz, explicó la razón por la que presentó la acusación contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, y solicitó a los diputados que les retiren la inmunidad a ambos en este momento procesal, y no esperó a que salieran de sus cargos como miembros de los supremos poderes.
En la comparecencia de este viernes, ante la comisión especial que analiza la acusación contra el mandatario, Díaz fue cuestionado por la diputada Rocío Alfaro Molina, del Frente Amplio (FA).
“¿Hay algún peligro de que la prueba se pueda diluir, de que los testigos puedan ser afectados o incluso de fuga de alguna de las personas investigadas?“, le preguntó Alfaro al jerarca del Ministerio Público.
Carlo Díaz presentó la acusación penal contra Chaves y Rodríguez a inicios de abril, ante la Corte Suprema de Justicia. Ese órgano, después de analizar la petición del fiscal general, estuvo de acuerdo en trasladar el expediente a la Asamblea Legislativa para que los diputados definan si hay lugar a acusación y les retiren la inmunidad al presidente y al ministro.
El Congreso eligió para esa comisión a los diputados Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN); Rocío Alfaro, del FA, y el subjefe chavista, Daniel Vargas.
La audiencia del fiscal general es la primera dentro del proceso que lleva ese órgano para emitir una recomendación al plenario sobre la acusación.
En respuesta a lo preguntado por Rocío Alfaro, Carlo Díaz Sánchez comentó que no hay ninguna premura ni ninguna sospecha de que haya riesgo para las pruebas o los testigos.
Más bien, el fiscal comentó que, tal como sucedería con cualquier ciudadano de este país, cuando ya una investigación está finalizada debe seguirse con las etapas correspondientes, incluso cuando se trata del “máximo ciudadano de este país, que es el presidente de la República”.
La acusación contra Rodrigo Chaves y Jorge Rodríguez es por el presunto delito de concusión, pues se les acusa de presuntamente solicitar a un empresario que entregara $32.000 a un asesor presidencial para que diera el enganche de la compra de una casa.
El dinero correspondía a un contrato por $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios de comunicación a la Casa Presidencial y la petición al empresario Christian Bulgarelli se habría planteado a cambio de que se le diera la contratación.
“Si usted me pregunta si hay un apuro, no lo hay. De acuerdo con el principio de igualdad, cualquier ciudadano tiene que someterse a la justicia. Estamos cumpliendo con un procedimiento establecido para dos ciudadanos a quienes se les aplican reglas especiales. No existe ninguna premura para someterlos a juicio. Solo cumplimos con un deber”, dijo el fiscal.
