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Tres de las cinco fracciones de la oposición se dedicarán a buscar los 38 votos necesarios para resellar el proyecto de ley que busca la jubilación anticipada para los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que fue vetada este martes por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Voceros de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Nueva República (PNR), así como legisladoras independientes, afirmaron que unirán sus esfuerzos para que la propuesta se convierta en ley de la República.
La reforma, respaldada con un informe actuarial, establece que los policías del Organismo podrán acogerse a una jubilación igual al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, siempre que hayan cumplido 55 años, tanto hombres como mujeres, y hayan laborado 30 años.
En caso de que no se cumplan los 30 años de servicio, la jubilación se acordará en proporción a los años laborados, siempre que el número de años laborados no sea inferior a los 20 años.
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Rodrigo Chaves vetó de forma total el proyecto, bajo el alegato de que se lesionan el principio de igualdad ante la ley, así como los principios de razonabilidad técnica e interdicción de la arbitrariedad, así como una presunta violación al principio de sostenibilidad financiera.
El jefe del PLN, Óscar Izquierdo; la subjefa y promotora de la iniciativa, Alejandra Larios, y la diputada Dinorah Barquero señalaron que buscarán los votos para resellar.
El resello es el mecanismo constitucional que permite al Congreso desechar un veto presidencial, volver a aprobar una iniciativa legal y enviarla a su publicación y vigencia, sin necesidad de la firma del mandatario.
Para darle resello a una iniciativa legal, la Constitución Política establece que son necesarios los votos de la mayoría calificada de la Asamblea, es decir, 38 votos.
En la misma sintonía se manifestaron la jefa del FA, Rocío Alfaro, y Fabricio Alvarado, el vocero de Nueva República. De la misma forma se pronunció la independiente Kattia Cambronero.
El problema es que, por tres meses, la iniciativa se mantendría congelada, porque entre mayo y julio, en el periodo de sesiones extraordinarias, es el Poder Ejecutivo el que mantiene control de la agenda del Congreso. Si Chaves no convoca el proyecto, no puede entrar en agenda ni tramitarse de ninguna forma.
El proyecto fue aprobado por 40 legisladores, en segundo debate, frente al voto negativo de los siete diputados chavistas presentes en la votación.
En el caso de los jefes de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, y del Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, reconocieron que la Asamblea podría darle el resello a la iniciativa, si asisten al plenario los votos suficientes para hacerlo.
Pacheco dijo que es una lástima que Chaves haya vetado la ley, porque los agentes de la policía judicial trabajan más horas que el resto de funcionarios, no solo del Poder Judicial, sino del Estado.
“Discutiremos en la fracción para ver cuál trámite se daría. Creo que es importante aprobar esta reforma”, agregó.
Gilberto Campos apuntó que, en países desarrollados, los cuerpos policiales tienen características distintas por la exposición tan grande que conlleva la actividad riesgosa que desarrollan.
“La seguridad debe ser prioridad del Estado, no de un gobierno pasajero o de la visión de un gobernante. Este veto deja de lado la visión de la seguridad como prioridad. Podríamos resellar, pero depende de la asistencia al plenario”, agregó.
Director del OIJ pide resello de jubilación anticipada
En declaraciones a La Nación, el director del OIJ, Randall Zúñiga, reconoció que ya se preveía el veto, tantas veces anunciado por Chaves, y enfatizó que el estudio actuarial más reciente determina que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial tiene una solvencia del 97%, muy superior al estudio citado por Chaves en el veto, con fecha de 2022, que solo le daba una solvencia del 84%.
Zúñiga añadió que no puede haber igualdad donde no existe igualdad, pues remarcó que los agentes del OIJ trabajan más horas ordinarias que todo el resto del funcionariado, es decir, 3.000 horas anuales frente a 2.200 horas, y cotizan tres veces más, además de que lo siguen haciendo incluso ya pensionados, lo que no sucede con los jubilados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Hay diferencias que no es posible igualar, como lo quiere hacer ver el gobierno”, señaló el director de la policía judicial.
