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Ninguno de los magistrados propietarios de la Sala Constitucional tiene programado disfrutar vacaciones en lo que resta de 2025 ni para el próximo año, excepto en los días de cierre colectivo previsto para todo el Poder Judicial.
Así lo informó la oficina de prensa de dicho tribunal, ante consulta hecha por La Nación, debido a la falta de magistraturas suplentes, cuyo plazo de nombramiento venció el 16 de diciembre.
Actualmente, todas las magistraturas propietarias están debidamente nombradas y no hay vencimientos próximos, confirmó la Sala Constitucional, que a inicios de diciembre instó a los diputados a acelerar el trámite del nombramiento de las suplencias, para evitar que se diera una eventual parálisis de las funciones del máximo tribunal.
No obstante, por el estado del trámite legislativo para el nombramiento de al menos nueve suplentes, no se realizaron las designaciones antes de que el Congreso hiciera el receso de Navidad y fin de año, el jueves 18 de diciembre.
Para sesionar, la Sala Constitucional requiere que estén ocupadas las siete magistraturas, sea con sus titulares o sus respectivos suplentes. Por ahora, no hay ni vacaciones ni incapacidades, pero al menos dos de los magistrados son adultos mayores, que en cualquier momento podrían necesitar una licencia: Fernando Castillo, su presidente, y Fernando Cruz.
Un magistrado de guardia, siempre
Ante la falta de suplentes, los siete propietarios deben turnarse la guardia para que siempre haya un magistrado disponible para la atención de los asuntos urgentes, que “se mantiene garantizada”, según informó la oficina de prensa.
“Esta jurisdicción recibe expedientes las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año, por lo que cualquier persona puede acudir en cualquier momento, incluso durante el periodo de cierre colectivo”, respondió el tribunal a consulta de este medio.
Adicionalmente, la Sala Constitucional aseguró que ya se están notando los efectos operativos de la falta de magistraturas suplentes, particularmente en los expedientes en los que se han admitido inhibitorias o recusaciones de las magistraturas propietarias.
De hecho, la Corte Suprema de Justicia confirmó, la semana pasada, que la falta de suplencias constitucionales impide al Tribunal de la Corte Plena entrar a conocer la solicitud de la Fiscalía General de la República para tramitar el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, para que pueda avanzar la causa penal sobre el presunto delito de financiamiento ilegal en la campaña electoral 2022, a través de una presunta estructura paralela.
En este caso, la presidencia de la Corte Plena aceptó la inhibitoria de Paul Rueda, por lo que a él lo debería sustituir una magistratura suplente, pero ante la falta de estas, el caso no podrá avanzar hasta que la Asamblea no resuelva los nombramientos.
Aunque Rueda solicitó permiso para inhibirse también de los casos que tengan que ver con Rodrigo Chaves, dentro de la Sala Constitucional, Fernando Castillo rechazó esa solicitud, meses atrás.
“La participación de magistraturas suplentes resulta indispensable para la adecuada integración del Tribunal, por lo que, mientras no se realicen los nombramientos correspondientes, dichos expedientes no pueden ser resueltos”, señaló la oficina de prensa de dicho tribunal.
“La Sala Constitucional se mantiene atenta a la pronta resolución de esta situación, dada su relevancia para el adecuado funcionamiento de esta jurisdicción constitucional”, puntualizó dicha oficina.
