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Luis Amador Jiménez, exministro de Obras Públicas y Transportes, declaró a la Fiscalía General que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) emitió un informe sobre la empresa mexicana Tradeco, en el que se advertía que uno de los socios tenía “temas de narcotráfico”.
La alerta llegó, según el relato de Amador, en la época en que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, presionaba por que dicha constructora asumiera un contrato estatal para la ampliación de 48 kilómetros de la carretera Interamericana norte (ruta 1), entre Barranca de Puntarenas y Limonal de Abangares.
“Había advertencias hasta de la DIS sobre temas de narcotráfico relacionados con uno de los socios de Tradeco, así como corrupción de la empresa”, dijo Amador al Ministerio Público.
Las declaraciones las ofreció en calidad de testigo en una pesquisa donde se investiga al mandatario Chaves y al exministro de Obras Públicas y Transportes Mauricio Batalla, por un presunto delito de peculado.
El abogado de Amador, Gerardo Huertas, confirmó a La Nación la veracidad de las afirmaciones dadas al fiscal general, Carlo Díaz, en el marco del expediente N.° 23-8-1878-PE. Recalcó que si bien su defendido ingresó como imputado en esa causa, su condición varió tras el testimonio.
Detalló que, inicialmente, Luis Amador brindó una declaración sobre otro caso, el denominado Pista Oscura, que tiene relación con una reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste, y que a raíz de algunos datos que facilitó ese día, dejó de ser sospechoso y se convirtió en testigo.
“La Fiscalía validó la información que él mencionó, más otras diligencias. En el caso de Barranca-Limonal (Tradeco), se dieron cuenta de que ni siquiera debía figurar como sospechoso, sino que más bien que era testigo de los hechos y, por eso, lo entrevistaron como testigo. No fue ningún testigo de la corona”, insistió Huertas ante una consulta de este periódico.
Este jueves se le enviaron consultas al mandatario Chaves, a través de la oficina de prensa de Casa Presidencial, sobre el testimonio de Amador en el Ministerio Público. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta a la hora de publicar este artículo, como tampoco se obtuvo respuesta a otras preguntas, sobre el mismo tema, remitidas el viernes anterior.
También se intentó localizar al representante legal de Tradeco, Yves Loustalot Laclette, y se envió un mensaje a la dirección electrónica que aparece en el sitio web.
Loustalot cortó la llamada, cuando un periodista se identificó para hacerle unas preguntas. También, se le envió un mensaje.
Llamadas constantes
En declaraciones publicadas por La Nación el lunes anterior, Amador reveló que cada dos o tres días, el presidente preguntaba si ya se le podía ceder a la constructora mexicana el contrato para la ampliación del tramo entre Barranca-Limonal.
Originalmente, este proyecto fue adjudicado al consorcio Estrella-H Solís. Estaba valorado en $182 millones (unos ¢91.520 millones) y era financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Incluía, además, la construcción de cuatro carriles en los 2,9 kilómetros de La Angostura, en Puntarenas.
Sin embargo, el gobierno tenía interés en que el consorcio cediera el contrato a los mexicanos debido a sus atrasos.
Según la versión de Amador, Chaves hacía las preguntas sobre la cesión antes o después de una sesión del Consejo de Gobierno, o bien, en llamadas telefónicas en horas de la noche.
“Las llamadas eran constantes. A mí me pareció curioso que mostrara un interés tan particular por el tema”, dijo el exministro.
Presiones confirmadas por exjerarca del INS
Las presiones de Chaves también fueron confirmadas al Ministerio Público por la expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) Mónica Araya, quien fue llamada como testigo luego de las declaraciones de Amador.
Ella contó a la Fiscalía que el mandatario le pidió que el INS le concediera una garantía de cumplimiento a Tradeco para que pudiera asumir la ampliación de Barranca-Limonal.
La constructora Tradeco necesitaba aportar una garantía de aproximadamente $18 millones, equivalentes al 10% del monto total del proyecto.
Y cuando ella le dijo que el INS no podía otorgarle una garantía económica a Tradeco, Chaves insistió mediante varias llamadas telefónicas, y en reiteradas ocasiones se mostró molesto.
Según su relato, el mandatario incluso le facilitó el número de teléfono del representante de la constructora mexicana para que los funcionarios del INS lo contactaran y pudiera enviar la información necesaria para analizar el caso. No obstante, se molestó cuando se le dijo que no era posible.
Chaves insistió en la solicitud desde finales del 2022 y durante varios meses del 2023. Araya brindó esas declaraciones a la Fiscalía General a principios de este año, cuando compareció en calidad de testigo.
En mayo del 2024, el representante legal de Tradeco, Yves Loustalot Laclette, confirmó a La Nación haber tenido varias reuniones en Casa Presidencial con el presidente Chaves, el entonces ministro Amador, y representantes de H Solís para hablar sobre la cesión del contrato, pero dijo no recordar las fechas.
Según los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería, el mexicano ingresó al país por primera vez el 22 de diciembre del 2022, seis días después de enviar una nota al despacho de Amador. Posteriormente, el empresario arribó a Costa Rica seis veces más entre el 15 de enero y el 24 de mayo del 2023.
En los últimos años, esa empresa mexicana arrastra sanciones, investigaciones, cuestionamientos y demandas en México y Estados Unidos.
Las pesquisas tienen que ver con supuestos incumplimientos de contratos, pagos irregulares y presuntos vínculos con el expresidente Enrique Peña Nieto con Tradeco y otras dos firmas que habrían recibido contratos durante su sexenio (2012-2018).
Tanto Araya como Amador fueron destituidos de sus cargos por el mandatario Chaves en el primer semestre del 2024. Ella, el 8 de mayo y él, dos meses antes, el 12 marzo.
