
El proyecto de ley que establecería restricciones al transporte de acompañantes en motocicleta por razones de seguridad no fue convocado por el presidente Rodrigo Chaves en la primera lista de iniciativas para el periodo legislativo de mayo, junio y julio. La decisión mantiene en pausa el avance del plan, aunque el Ejecutivo podría incorporarlo más adelante.
La propuesta, impulsada por el diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), busca combatir el sicariato, ya que múltiples homicidios han ocurrido con la participación de personas a bordo de motocicletas.
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El plan autorizaría imponer la restricción en zonas con altos índices de violencia, según datos oficiales. También, establece que la medida solo aplicaría en horarios específicos, definidos por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Además, la iniciativa contempla una multa de ¢26.000 para quienes incumplan la norma. Esa sanción es similar a la que se aplica por infracciones como sonar altoparlantes cerca de hospitales, detenerse sobre pasos peatonales, no portar equipo de seguridad o no ceder el paso a peatones.
El proyecto ya avanzó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y espera su discusión en el plenario legislativo. Sin embargo, su futuro inmediato depende de que el Ejecutivo decida convocarlo en las actuales sesiones extraordinarias, que se extiende de mayo a julio.
El texto plantea cuatro excepciones para permitir el traslado de acompañantes en motocicleta:
- Cuando las personas se dirijan de su vivienda al trabajo y cuenten con constancia laboral, ya sea física o digital.
- Cuando se trate de trabajadores independientes que porten un documento de respaldo.
- Cuando la motocicleta tenga una cilindrada mayor a 500 centímetros cúbicos.
- Cuando el acompañante sea una persona con discapacidad o un niño mayor de cinco años.
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