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La presidenta de la República, Laura Fernández, justificó que durante las reuniones sostenidas se retiraran los dispositivos electrónicos a diputados de oposición y a jerarcas judiciales.
“Es un protocolo de seguridad que se aplica en la Casa Presidencial. Investigué un poquito y se empezó a aplicar por primera vez en el gobierno de don Carlos Alvarado, del PAC. Desde allí se toma la medida de seguridad. Intente usted entrar al despacho de algún presidente de otro país sin que le apliquen protocolos de revisión de seguridad”, dijo Fernández durante la conferencia de este miércoles.
La presidenta evitó indicar cuál es el criterio jurídico o norma que autoriza esa medida.
Agregó: “Voy a ser muy honesta con usted (el periodista). El que se quema con leche, hasta la cuajada sopla. Aquí tuvimos un caso donde el Poder Judicial, Carlo Díaz (fiscal general), le abrió una causa penal y luego un intento de levantamiento de la inmunidad del expresidente Chaves por gente que lo estaba grabando en secreto en reuniones. Después cortaron y pegaron pedazos para montarle una causa penal”, dijo Fernández aunque sin ofrecer pruebas de esa última afirmación.
El caso hace referencia a las grabaciones de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro. En ellas se escucha al presidente Rodrigo Chaves, a otros funcionarios de su gobierno (como el ministro Rodríguez) y a Christian Bulgarelli hablar sobre un contrato del BCIE, así como la necesaria participación de Federico Cruz, conocido como Choreco, un entonces amigo y asesor del mandatario.
Estas presuntas irregularidades fueron reveladas por La Nación en diciembre del 2023, cuando se publicó el especial Los Audios de Presidencia, que dio conocer una serie de grabaciones realizadas por la exministra.
La investigación corresponde al caso Bulgarelli-BCIE, en el cual se adjudicó un contrato por $405.800 al productor audiovisual Christian Bulgarelli en condiciones aparentemente irregulares.
Por ese caso, la Corte Plena solicitó desaforar a Chaves por el delito de concusión, a pedido de la Fiscalía General. Sin embargo, el Congreso rechazó el pedido al no alcanzar la mayoría calificada de 38 votos (se obtuvieron 34).
Molestia de la oposición
Pese a que Fernández justifica el recelo por el caso de la exministra Navarro, la prohibición de usar celulares y tabletas solo se aplicó a la oposición, pero a no a miembros del gabinete, quienes sí podían utilizar los durante el encuentro.
Según denunció Abril Gordienko, diputada socialcristiana, la directriz no se aplicó de forma equitativa para todos los presentes en la sala.
“A nosotros no se nos permitió entrar con celular, pero había ahí ministros y funcionarios con celular. Incluso, en algún momento me pareció que me estaban enfocando a mí y consultando el celular y viendo cosas y hasta riéndose. En fin, eso me pareció inadecuado”, comentó.
Por su parte, la legisladora de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, aseguró que la medida representó una “desconsideración” hacia las fracciones invitadas y pidió que, en futuras reuniones, las reglas sean iguales para todas las partes.
“Esperaría que la próxima vez que se nos convoque, la cortesía de que no haya nadie con teléfonos, ni relojes, ni iPads, ni ninguno de esos mecanismos, pues sea recíproco”, señaló.
“Si en todo caso vamos a estar todos sin teléfono, estamos todos sin teléfono. Pero lo que no corresponde es que nosotros nos quiten el teléfono, repito, bajo ningún tipo de jurisprudencia. La Casa Presidencial es la casa de los y las costarricenses, esto no es un recinto privado”, agregó.
Representantes de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio también enfrentaron la misma restricción.
Las reuniones con los diputados se realizaron el 19 de mayo, mientras que el encuentro con los jerarcas judiciales tuvo lugar el 18 del mismo mes.
