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Aunque la lista de proyectos de ley convocados por el gobierno de Rodrigo Chaves marginó a las iniciativas de diputados que votaron a favor de levantarle la inmunidad por el Caso BCIE-Cariñitos, el 22 de setiembre, la Presidencia de la República niega que exista un criterio de revancha en la definición del listado que se remite a la Asamblea Legislativa.
El pasado 6 de noviembre, La Nación señaló que la convocatoria de expedientes legislativos decretada por Chaves a partir del 1.º de noviembre dejó por fuera todas las iniciativas de los 34 congresistas que apoyaron el desafuero del mandatario.
Para conocer por qué el listado se elaboró de esa forma, se le envió una solicitud de información a la oficina de prensa de la Casa Presidencial, el 6 de noviembre.
20 días naturales después (14 días hábiles, plazo que sobrepasó los 10 días de ley para responder), la Dirección de Información y Comunicación de la Presidencia de la República emitió una respuesta a la consulta hecha por este medio.
En la contestación, de dos líneas, esa oficina aseguró que, “desde el Poder Ejecutivo, convocamos proyectos de interés por el beneficio real que traerían al pueblo de Costa Rica”.
“Ese es el único criterio que se utiliza para definir las convocatorias y así seguirá siendo”, dice el correo remitido por esa dirección presidencial, que no se le atribuye a ningún funcionario en particular.
Un año legislativo, o legislatura, se divide en dos periodos de sesiones ordinarias, de tres meses cada uno, en que los diputados acuerdan su propia agenda de proyectos de ley, y dos periodos de sesiones extraordinarias, también de tres meses cada uno, en que el Ejecutivo define cuáles proyectos pueden tramitarse, tanto en el plenario de la Asamblea como en las comisiones legislativas.
Cada legislatura inicia en mayo, con un periodo de extraordinarias que va de mayo a julio, bajo control del gobierno. Entre agosto y octubre, los diputados tienen el control de sus agendas de proyectos, y en noviembre retoma el Ejecutivo la lista de iniciativas, hasta finalizar enero del siguiente año. La legislatura cierra con otro periodo de ordinarias, con dominio de los congresistas.
El inicio del actual periodo de sesiones extraordinarias, el 1.º de noviembre, se dio un mes después de que los diputados tomaron una decisión sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves, que la Corte Suprema de Justicia había solicitado levantar, para que el presidente afronte una causa judicial por el presunto delito de concusión.
La Fiscalía General de la República acusó al mandatario de supuestamente haberle solicitado al empresario Christian Bulgarelli, a finales de 2022, la entrega de $32.000 a su entonces asesor presidencial, Federico Choreco Cruz, para que pudiera dar el enganche para una casa.
Esa presunta exigencia fue a cambio de que Bulgarelli recibiera la adjudicación de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $405.000, para darle servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
El 22 de setiembre, 34 diputados votaron a favor del desafuero, pero 21 votaron en contra, por lo que no se lograron los 38 votos necesarios para levantarle la inmunidad a Chaves.
En la revisión hecha por este medio, a inicios de noviembre, sobre los proyectos que se convocaron en las sesiones extraordinarias, se determinó que solamente hay proyectos del Ejecutivo, los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), de Nueva República (PNR) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
A ellos se suman los independientes que han sido aliados del gobierno. Todos tienen en común que se opusieron a levantar la inmunidad de Chaves.
En cambio, no hay proyectos de los diputados de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) e independientes que votaron a favor de retirar el fuero.
La única excepción es un proyecto de Daniela Rojas, del PUSC, quien sí votó de forma positiva el levantamiento.
En su caso, el Ejecutivo convocó un proyecto de su interés: la ley para legalizar las jornadas laborales extendidas de 12 horas, propuesta cuyo trámite está suspendido debido a que está en periodo de consultas obligatorias por cambios hechos en el texto.
El jueves 28 de noviembre, el Ejecutivo hizo una convocatoria adicional de proyectos de ley, pero nuevamente solo aparecen proyectos de diputados que votaron en contra del desafuero, como los oficialistas, María Marta Carballo, de la Unidad; Carolina Delgado, del PLN, y los independientes Gilberth Jiménez y Luis Diego Vargas (no estuvo en la votación del 22 de setiembre, porque se salió, pero dijo que habría votado a favor de Chaves).
De hecho, el jefe de Liberación, Óscar Izquierdo, criticó en la reunión de jefes de fracción del jueves la negativa de poner en agenda proyectos verdiblancos.
La jefa del FA, Rocío Alfaro, apoyó el reclamo del liberacionista, pero la jefa chavista del PPSD, Pilar Cisneros, aseguró que el próximo martes 2 de diciembre entrarán en agenda una cantidad importante de iniciativas legales, aunque no reveló si en esa lista habrá expedientes de los diputados que, hasta hoy, se encuentran marginados de la convocatoria.
