Escuchar
Luis Amador Jiménez, exministro de Obras Públicas y Transportes y candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), declaró ante la Fiscalía General que un abogado cercano al mandatario Rodrigo Chaves Robles le ofreció financiamiento para una eventual candidatura.
Se trata de Randall Chuken Vargas, a quien Amador describió como una persona que no ocupa ningún cargo público, pero que acompañó a Chaves en reuniones con empresas para discutir una posible cesión del contrato de ampliación de la vía Barranca-Limonal, que estaba en manos del consorcio Estrella-H Solís.
Amador aseguró que, siendo el ministro, recibió a Chuken en su oficina y este le ofreció financiamiento en caso de que quisiera postularse como candidato presidencial.
“Randall Chuken llega al despacho y me ofreció financiamiento, entre ellos el apoyo de Joseph Joseph, presidente de la Liga (Deportiva Alajuelense). Me dijo que él tenía una oficina grande que me podía ofrecer para cuando yo estuviera en campaña”, narró Amador a la Fiscalía.
“Tengo entendido que hubo financiamiento de Randall Chuken a la campaña del presidente”, añadió durante el testimonio que brindó, en calidad de testigo, ante el fiscal general, Carlo Díaz, a finales del 2024.
Tras ese encuentro, Amador perdió contacto con Chuken, de 55 años, aunque sí le dijo a Díaz que le parecía inusual su presencia en las reuniones sobre obras viales, las cuales, según detalló, eran convocadas por Chaves y se realizaban en la Casa Presidencial.
“Creo que a finales del 2022 se inician las reuniones convocadas por el presidente en el despacho del presidente (...). Todas esas reuniones fueron separadas, pero en todas estuvo Randall Chuken.
”(...) Recuerdo al presidente dándole órdenes a Randall Chuken para que le diera el seguimiento a los temas relacionados con Tradeco y otras empresas", añadió Amador a la Fiscalía, según extractos de la declaración en poder de este diario.
El exjerarca también contó que Chuken habría participado en otras conversaciones para otros proyectos de infraestructura vial.
“Estuvo en otra reunión ofreciendo con una empresa china de trenes y en otra reunión, con una empresa española de nombre OHLA, para una propuesta de la expansión de la ruta 27, contra una extensión del contrato (vigente) y un aumento de peajes”, detalló Amador.
Preguntas deben ser a Casa Presidencial
Randall Chuken se negó a atender una serie de consultas enviadas por La Nación y remitió a su abogado Olger Calvo.
Calvo por su parte, aseguró que, en cuanto a lo dicho por el exministro Amador, su cliente no se referirá a “manifestaciones y hallazgos que forman parte de una investigación penal, máxime que no ha sido oficialmente informado de una investigación en su contra o en la que se haya hecho mención de su nombre, de modo tal que se desconoce la veracidad de las afirmaciones por las que se consultan".
Y sobre las reuniones en Zapote, afirmó que, como Chuken no es funcionario público, sugirió que esas preguntas se hicieran directamente a la Presidencia, sin negar la existencia de los encuentros.
“Su vida privada no es de interés público”, concluyó Calvo en un correo electrónico en el que también se le consultó sobre la oferta de financiamiento narrada por Amador.
Este diario también envió consultas sobre este tema al presidente Chaves, a través de su oficina de prensa, sin que a la hora de publicar este artículo se haya obtenido una respuesta.
De igual forma, se intentó localizar a Joseph Joseph, pero no atendió las llamadas hechas a su teléfono celular, ni el mensaje enviado por WhatsApp.
Tres constructoras
Randall Chuken, según Amador, participó en reuniones con H Solís —que entonces tenía a cargo el contrato de Barranca-Limonal— y representantes de Tradeco, así como en otras donde también participaron personeros de la constructora brasileña Andrade Gutiérrez y otra compañía de nombre SEMIC.
En esos encuentros, se discutió la posibilidad de que alguna de esas firmas se hiciera cargo de la ampliación de 48 kilómetros de la carretera Interamericana norte (ruta 1).
Esa obra estaba en manos del consorcio Estrella-H Solís, pero el gobierno tenía interés en que cediera el contrato debido a sus atrasos.
Tanto Amador, como Mónica Araya, expresidente ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), narraron a la Fiscalía haber recibido presiones de Chaves para que la mexicana Tradeco se quedara con ese proyecto.
Por esas aparentes presiones, Chaves es investigado por un aparente peculado. En ese expediente (N.° 23-8-1878-PE) también figura como imputado el exministro de Obras Públicas y Transportes Mauricio Batalla.
Según el artículo 361 del Código Penal, el peculado se sanciona con penas de tres a 12 años de prisión.
En ese apartado, se detalla que ese delito lo comete el funcionario público que “sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”.
