El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se prepara para aplicar una reducción considerable en la deuda política que financiará las campañas de los partidos en las elecciones nacionales del 2026 y las municipales del 2028. El ajuste obedece a una ley aprobada por los diputados.
En vez de un monto equivalente al 0,19% del producto interno bruto (PIB), el financiamiento estatal para las campañas bajará a un 0,11%. Esto significa que el monto para ambas campañas bajará de unos ¢93.000 millones a alrededor de ¢54.000 millones. En el caso de los comicios nacionales del próximo año, los partidos dispondrán de poco más de poco más de ¢39.000 millones.
Así lo dispusieron los diputados mediante una norma transitoria que, además, fue firmada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
La decisión se tomó sobre la base de una iniciativa legal impulsada por el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), que originalmente planteaba una reducción al 0,085%, es decir, un financiamiento de ¢41.685 millones.
No obstante, luego de una intensa lucha entre las fracciones legislativas, el financiamiento total para ambas elecciones quedó en un 0,11%.
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Andrei Cambronero, vocero del TSE, explicó que el Tribunal estuvo de acuerdo con el ajuste. Tan es así que el órgano electoral propuso, desde marzo del 2023, una reforma constitucional para reducir en definitiva a un 0,11% del PIB la deuda política.
Explicó que, desde 1997, la Constitución Política establece que el Estado debe aportar un 0,19% para las campañas y que los diputados pueden reducir el porcentaje mediante leyes.
Esto ha provocado que, en algunas contiendas, se haya invertido un monto mayor y, en otras, uno menor. Todo depende de la voluntad del Congreso.
Para las elecciones de 1998 y el 2006, el Estado dispuso de un 0,19%. En cambio, para la del 2002, se optó por un 0,10%. Luego, la Asamblea redujo el porcentaje a un 0,11%, mediante leyes transitorias, en los procesos del 2010, 2014 y 2018. Finalmente, en la última elección, la del 2022, los diputados aprobaron un monto mucho menor debido a las condiciones económicas provocadas por la pandemia. La cifra fue de un 0,085% del PIB.
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Cambronero recordó que antes, entre 1956 y 1997, la fórmula era otra. La deuda política no podía superar un 2% del promedio de los presupuestos públicos de los tres años anteriores a la elección.