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José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves, anunció este viernes que interpondrán una denuncia por supuesto prevaricato contra los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en respuesta a la petición que hicieron a la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad del mandatario, para que enfrente 15 señalamientos por presunta beligerancia política.
El prevaricato ocurre cuando un funcionario público dicta resoluciones contrarias a la ley o las funda a partir de hechos falsos, según el artículo 357 del Código Penal. Esta práctica conlleva una pena de dos a seis años de cárcel.
Villalobos alegó que, si bien el artículo 103 de la Constitución Política establece que las resoluciones del TSE no son recurribles, esa disposición sí permite que se presenten acciones por presunto prevaricato contra las determinaciones del órgano electoral.
“El prevaricato es un delito, y vamos a ir a acusar a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones por el delito de prevaricato, porque violan la Constitución con flagrancia, con evidencia y, quizás, sinvergüenza”, externó el abogado y candidato a diputado por el primer lugar de Alajuela, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Durante sus intervenciones ante la comisión encargada de analizar el levantamiento de inmunidad, tanto Chaves como Villalobos insistieron en desconocer la competencia constitucional del Tribunal para solicitar al Congreso el retiro del fuero presidencial.
La defensa del mandatario sostiene el mismo argumento que ha reiterado el oficialismo: que los magistrados electorales no tienen potestad para pedir el retiro de la inmunidad del presidente, facultad que —alegan— corresponde únicamente a la Corte Plena del Poder Judicial.
El abogado también cuestionó la legitimidad de las denuncias contra Chaves presentadas por ciudadanos sin vínculo con partidos políticos. Según dijo, el inciso 5 del artículo 102 de la Constitución Política solo habilita a las agrupaciones partidarias a presentar denuncias por supuesta beligerancia política
Ese numeral señala como una función del TSE: “Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas”.
La petición de desafuero la hizo la Sección Especializada del TSE, con base en varias denuncias presentadas por 10 personas diferentes, entre ellas Ricardo Sancho, presidente de Liberación Nacional (PLN), y Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como los diputados Antonio Ortega, Johana Obando y Luis Fernando Mendoza.
A estas se suman las gestiones presentadas por Allen Solera Cordero, de Gonzalo Coto Fernández, secretario general del PAC); de Claudio Alpízar, Óscar Aguilar Bulgarelli y Giovanni Delgado Castro.
“El constituyente limitó a los partidos políticos la posibilidad por parcialidad, no lo puede hacer cualquier persona”, dijo Villalobos. Según el abogado, aunque el Código Electoral sí contemple que los ciudadanos hagan estas gestiones, eso no sería jurídicamente correcto, porque la Constitución está por encima de la ley.
