Escuchar
El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, afirmó que existe una discusión pendiente sobre la legalidad de la “guerra preventiva” que Estados Unidos lanzó contra Irán, en medio de dudas sobre la existencia de una amenaza nuclear que justificara la ofensiva.
Diversos sectores han señalado que Costa Rica habría adoptado posiciones cercanas a la administración de Donald Trump sin mayor contestación, alejándose —según esos señalamientos— de los principios históricos de su política exterior, basados en el derecho internacional y el multilateralismo como vías para prevenir conflictos.
El episodio más reciente que alimenta ese debate es la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.
“Desde luego que ahí hay una discusión internacional y en qué medida se justifica o no se justifica lo que se llama una guerra preventiva, que es el argumento estadounidense. Y ahí es donde se centra la discusión”, declaró el jefe de la diplomacia costarricense, en entrevista con La Nación.
Ante ese escenario, el canciller reconoció que Costa Rica aún no ha fijado una posición en instancias internacionales, pero adelantó el criterio que orientaría esa decisión.
“En esa discusión, que no se ha dado aún a nivel de foros internacionales, nosotros tenemos que tomar una decisión y la decisión lógica es adecuarse en la línea del derecho internacional”, explicó.
Añadió que uno de los puntos clave del análisis será determinar si existía una amenaza real que justificara la ofensiva militar.
“Cuán cierto o no es que Irán estaba preparándose para un ataque nuclear a sus vecinos, es la prueba que hay que valorar”, sentenció.
Riesgo de las ‘guerras preventivas’
El conflicto se desató a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel ejecutaron bombardeos contra Irán. Estas operaciones provocaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
La ofensiva fue ordenada por el presidente Donald Trump bajo el argumento de una “amenaza inminente”, una justificación que ha sido cuestionada tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Aunque el Congreso de EE. UU. es el único órgano facultado para declarar la guerra, una ley de 1973 permite al mandatario ordenar intervenciones limitadas en situaciones de emergencia.
El concepto de “guerra preventiva” ha sido duramente criticado en el ámbito internacional. El Vaticano advirtió de que su uso, sin un marco jurídico supranacional, podría escalar los conflictos a nivel global.
“Si se reconociera a los Estados el derecho a una ‘guerra preventiva’ según sus propios criterios y sin un marco jurídico supranacional, el mundo entero correría el riesgo de incendiarse”, declaró el cardenal italiano Pietro Parolin a Vatican News, el medio de comunicación oficial del Vaticano.
En medio de esta coyuntura, Costa Rica condenó el 28 de febrero ataques atribuidos a Irán contra países como Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania. Sin embargo, no se pronunció directamente sobre los bombardeos previos de Estados Unidos e Israel, limitándose a hacer un llamado a la paz.
Coincidencias con políticas de Trump
Durante una entrevista con La Nación, André defendió la cercanía que ha mantenido el gobierno de Rodrigo Chaves con Estados Unidos, al argumentar que responde a coincidencias en temas estratégicos como la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración.
En esa línea, justificó la participación de Chaves en la iniciativa “Escudo de las Américas”, promovida por Trump como una coalición regional para enfrentar a los carteles criminales. Según el canciller, este tipo de espacios buscan articular esfuerzos conjuntos más que implicar una subordinación a la agenda estadounidense.
Lo anterior, pese a que Donald Trump presentó la iniciativa como “una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que plagan nuestra región”.
“Estamos llamando a esta cooperación militar la ‘Coalición de las Américas contra los carteles’”, aseguró Trump durante el evento, al que también asistió la presidenta electa Laura Fernández. Agregó que el corazón del acuerdo “es el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir a los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”.
Según el jefe de la diplomacia costarricense, la presencia de Chaves en ese escenario es algo positivo, en tanto responde a un esfuerzo por “conciliar voluntades políticas para lucha contra el crimen organizado y el terrorismo en nuestra región”
También, señaló que esta coincidencia de intereses ha facilitado una mayor cooperación bilateral, incluyendo la ampliación de operaciones de agencias como la DEA y el FBI en territorio nacional.
No obstante, la oposición ha cuestionado ese alineamiento y ha denunciado una eventual instrumentalización de la relación con Washington, especialmente en casos como el retiro de visas a figuras políticas críticas del gobierno.
Sobre este punto, André insistió en que se trata de decisiones soberanas de Estados Unidos.
“En este tema de la revocación de visas a figuras públicas costarricenses, la Cancillería no ha participado en absolutamente ningún momento del proceso, ha sido una decisión norteamericana que hay que respetar”, alegó.
“Yo desconozco, sinceramente, los motivos por los cuales se les han revocado sus visas”, añadió.
Tensiones con China
La cercanía con Estados Unidos también ha tenido efectos en la relación con China, en medio de una disputa global por influencia. De hecho, la propia administración de Donald Trump llegó a señalar a Costa Rica como un caso de éxito en su estrategia para contrarrestar la presencia china durante los primeros 100 días de su segundo mandato.
Pese a ese contexto, André defendió el estado de los vínculos con Pekín. Según afirmó, la relación bilateral se mantiene en buenos términos y con canales diplomáticos abiertos.
No obstante, explicó que uno de los principales puntos de fricción ha sido el desarrollo de redes 5G en el país, una discusión que, aseguró, el gobierno optó por separar del resto de la relación bilateral.
Indicó que Costa Rica tomó la decisión soberana de limitar la participación en el despliegue de estas redes a proveedores de países que formen parte de la Convención de Budapest contra el cibercrimen, lo que excluye a empresas como Huawei, debido a que China no es parte de ese acuerdo internacional.
Según el canciller, esta decisión responde a criterios de seguridad nacional y ya habría sido comprendida por el gobierno chino, que —según su versión— ha aceptado esa condición.
Sin embargo, en los últimos meses han surgido nuevas tensiones. La embajada de China en San José ha expresado su molestia por declaraciones de autoridades costarricenses, en particular del ministro de Seguridad, Mario Zamora, y de la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes.
Las críticas se han dado por señalamientos sobre el supuesto rol de ciudadanos chinos en la compra de oro extraído ilegalmente en Costa Rica, así como por insinuaciones sobre el origen de ciberataques, incluido el que afectó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Uno de los episodios más fuertes ocurrió el 12 de marzo, cuando la embajada china reaccionó a declaraciones de Bogantes que vinculaban el ataque informático contra el ICE —registrado a inicios de enero— con territorio chino.
“Sacrificar las relaciones entre China y Costa Rica para complacer a otros países (en referencia a Estados Unidos) no logra ganar el respeto de nadie”, afirmó entonces un portavoz de la sede diplomática.
Pese a estos roces, André descartó un cambio en la política exterior costarricense, que implique romper con China para retomar relaciones con Taiwán.
Recordó que desde el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China en 2007, el país adoptó el principio de “una sola China”, lo que implica no mantener vínculos oficiales con Taiwán.
Consultado sobre la posibilidad de un giro en esa posición, fue categórico: “No está previsto”.
