Un proyecto aprobado en la Asamblea Legislativa, ya en segundo debate, obliga al Poder Ejecutivo a destinar una buena tajada de la recaudación del impuesto único a los combustibles para la construcción, reparación y mantenimiento de los puentes de todo el país.
La reforma le permitirá al gobierno de Rodrigo Chaves utilizar ¢94.000 millones anuales para atender los puentes de las rutas nacionales y cantonales.
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“Este proyecto se trata de atender una emergencia nacional, a la cual no se le puede dar más tiempo para su solución. Estoy hablando del mal estado en que se encuentran miles de puentes en Costa Rica”, dijo Hernández.
El verdiblanco citó estudios del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), la Escuela de Ingeniería en Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Contraloría General de la República e, incluso, de la Defensoría de los Habitantes, donde se cuestiona el estado de los puentes en el país.
“Estos estudios cuestionan el estado deficiente, alarmante o crítico de muchos puentes en el país. Múltiples profesionales han hecho llamados de atención para tomar acciones y decisiones para atender este asunto antes de que sea muy tarde y ocurran tragedias”, apuntó Hernández.
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El Lanamme señaló que seis de cada 10 puentes tienen daños en su estructura y la mayoría están en mal estado.
Legisladores como Luis Diego Vargas, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), aplaudió la iniciativa, pues señaló que existen casi 900 puentes en el país con años de no tener mantenimiento.
Consultado sobre la iniciativa aprobada, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, respondió a La Nación que no se ha analizado qué hacer con el proyecto.
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Respecto a la proveniencia de los recursos, Acosta aseguró que es dinero que corresponde a “gastos corrientes del Estado, por ejemplo, educación, salud, ambiente y seguridad”, y enfatizó que se están tomando del porcentaje del impuesto único a los combustibles que le corresponde al Poder Ejecutivo.
El proyecto adiciona un artículo 5 bis en la Ley de simplificación y eficiencia tributarias, con el fin de destinar a los puentes un porcentaje de lo que se recauda por el impuesto único a los combustibles.
El expediente aprobado ordena que se destine un 15% de los ingresos “con carácter específico y obligatorio”, para que se le gire a las instituciones encargadas de los puentes.
De ese porcentaje, ocho puntos porcentuales serían para los puentes a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y otros seis puntos porcentuales para los cantonales, cuya construcción, rehabilitación, reparación y mantenimiento está en manos de los gobiernos locales.
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El último punto porcentual será para el Lanamme, con el objetivo de que realice inventarios, diagnósticos, informes y análisis sobre el estado de los puentes en las rutas nacionales y cantonales.
El subjefe del chavismo, Daniel Vargas, reconoció que José Joaquín Hernández tiene razón en que el estado de la infraestructura vial, y de los puentes en particular, es muy malo y no basta con hacer buena infraestructura, si no se prevé su mantenimiento.
“El tema es que ¢93.000 millones no van a solucionar eso tampoco. Tenemos que pensar en soluciones más permanentes. Esos ¢94.000 millones significan restarle 15 puntos porcentuales a lo que hoy en día dispone la Caja Única del Estado y se lo vamos a dar en destino específico al Conavi, las municipalidades y Lanamme", dijo el legislador.
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Vargas señaló que solo para el Lanamme, ese proyecto significan ¢6.200 millones más al año, para una “institución que le hemos venido dando (en referencia a la Universidad de Costa Rica, a la que pertenece ese laboratorio) muchísimo dinero por mucho tiempo”.
“Entiendo cuando se habla de asignar más recursos a educación, seguridad, mejorar el acceso al agua, para el agro, pero no los tenemos”, agregó el oficialista.
