EscucharLa reciente acusación y solicitud de juicio presentada por el fiscal general, Carlo Díaz, contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por el presunto delito de concusión, reavivó los cuestionamientos en torno al contrato de $405.800 que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financió para brindar servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
Esa licitación, adjudicada al productor audiovisual Christian Bulgarelli, fue el detonante de la acción judicial impulsada por la Fiscalía. Sin embargo, pese a los nuevos hallazgos del Ministerio Público sobre cómo se habría fraguado el contrato, el BCIE cerró la puerta a una nueva indagación que amplíe las conclusiones emitidas por el organismo multilateral en 2024, cuando lanzó una revisión interna del caso.
Por los mismos hechos, Díaz también pidió llevar a juicio al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien ejercía como jefe de despacho de Chaves en el momento de la contratación.
En respuesta a consultas de La Nación sobre si planea ampliar las pesquisas realizadas un año antes, la institución financiera se limitó a señalar que continúa con los procesos administrativos internos pertinentes y que monitorea de manera constante el cumplimiento de su normativa.
El BCIE agregó que los resultados de las investigaciones del año pasado fueron compartidos con la Fiscalía General de la República, “con quien mantenemos una disposición permanente de colaboración”.
Ante la pregunta de si evaluarán el uso de los fondos no reembolsables por parte del Gobierno de Costa Rica, el organismo multilateral se limitó a indicar que “respeta el ordenamiento jurídico de cada uno de sus países miembros”.
¿Qué ha cambiado?
Respecto a si harán una revisión o modificación de los controles internos que se aplican, a lo interno del banco, en las contrataciones hechas por el Gobierno de Costa Rica con los fondos donados, el BCIE afirmó que como parte de su proceso de mejora continua, durante el año 2024 se realizaron ajustes al modelo de cooperaciones técnicas no reembolsables.
Entre los cambios efectuados, destacó la eliminación “las cooperaciones financieras no reembolsables para países fundadores y regionales no fundadores fuera del Fondo de Cooperación Técnica (Fontec)”. Este modelo permitía la donación anual de hasta $1 millón para que los gobiernos de turno usaran los recursos a su conveniencia. Precisamente, estos fueron los fondos que se utilizaron para financiar el contrato de Bulgarelli.
En su lugar, se estableció el Programa de Desarrollo Económico Sostenible (Prodes), el cual eliminó el uso discrecional de los recursos no reembolsables al definir áreas específicas de inversión y establecer prohibiciones explícitas, entre ellas el pago de estrategias de comunicación, como ocurrió durante la administración de Rodrigo Chaves.
Investigación se centró en Bulgarelli
En junio del 2024, el BCIE vetó de su lista de proveedores a Christian Bulgarelli y su empresa RMC La Productora S. A., por un plazo de siete años, al considerar que incurrió en prácticas prohibidas de fraude y colusión al obtener el contrato con el gobierno de Chaves.
“El proveedor aceptó públicamente haber elaborado los términos de referencia del proceso en coordinación y acuerdo con la exfuncionaria del Ministerio de Comunicación de la República de Costa Rica”, afirmó el banco, el 11 de junio del año pasado. El BCIE también rechazó, en aquel momento, investigar la participación de funcionarios como el presidente Chaves y el ministro Rodríguez.
Lo anterior, a pesar de que audios revelados en diciembre del 2023 por La Nación y grabados por Patricia Navarro, exministra de Comunicación en los primeros cuatro meses de la administración, confirman que Chaves y Rodríguez estaban al tanto de que Bulgarelli sería contratado meses antes de que el contrato saliera a concurso.
Al contrario, la Fiscalía decidió centrar su foco en los funcionarios públicos y convirtió a Christian Bulgarelli en su testigo de la corona, lo que libró al productor audiovisual de ser acusado por estos hechos a cambio de brindar información esencial para esclarecer lo sucedido. En su caso, se abrió un testimonio de piezas y se suspendió la acción penal en su contra hasta que exista una sentencia firme en el proceso.
Si la colaboración de Bulgarelli no llega a ser eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal.
Lo que se presume que ocurrió
La tesis de la Fiscalía General es que el contrato fue hecho a la medida para que la empresa de Bulgarelli ganara el concurso de contratación con el BCIE.
Según reportó La Nación, Bulgarelli confesó que, por solicitud del presidente Rodrigo Chaves, depositó $32.000 en favor del exasesor de imagen del mandatario, Federico “Choreco” Cruz, a cambio de obtener la licitación. La transferencia tenía el objetivo de que Choreco enganchara una casa en un condominio.
El productor le contó al Ministerio Público que depositó el dinero en la cuenta bancaria de la propietaria de una vivienda en el condominio Barlovento, en el distrito de Concepción de La Unión de Cartago, para que Cruz pudiera alquilarla, con opción de compra.
Justamente en ese condominio, el 8 de agosto del 2024, la Fuerza Pública ejecutó una orden de desalojo en contra de Federico Cruz, quien dirigió la comunicación del mandatario en campaña y fue uno de sus principales consejeros en la primera parte del gobierno.
El caso se tramita bajo el expediente N.° 25-000019-0033-PE y se abrió luego de que la exministra Patricia Navarro relató a La Nación que Bulgarelli fue quien elaboró los términos de referencia del contrato con el BCIE, con ayuda de Choreco. Este último negó haber participado, pero posteriormente Bulgarelli insistió en que sí revisó el documento.
Silencio y ocultamiento
A pesar de las implicaciones del caso, el acceso a la información ha sido poco transparente. Un ejemplo es que la Presidencia y el BCIE intentaron ocultar, por todos los medios, el expediente de contratación de Bulgarelli. Negaron la documentación a este diario, al diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, e incluso pidieron a la Sala Constitucional rechazar un recurso de amparo que Robles presentó para hacer pública esa información.
Un día después de la publicación de Los audios de la Presidencia, el 5 de diciembre del 2023, el presidente Chaves dijo que, en un acto de transparencia sin precedentes, solicitó hacer público el expediente de contratación.
Sin embargo, no compartió otra información importante, como la ampliación de la contratación por servicios de comunicación en marzo del 2023, por lo que el monto final aumentó en $105.800, al pasar de $300.000 a $405.800.
Los datos sobre el incremento del 35% no aparecían en la data que Zapote hizo pública. Al igual que la Presidencia, el BCIE también calló esa información.
