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Los abogados de la exdiputada Marulin Azofeifa Trejos cuestionaron presuntas intenciones de los diputados que investigan a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual de dejar impune al congresista, a través de mecanismos para que la comisión especial no rinda un informe a tiempo.
En declaraciones a La Nación, la exdiputada Carolina Hidalgo y el abogado David Delgado expusieron lo observado en la segunda sesión del órgano investigador, el martes de la semana pasada.
“Lamentamos mucho que escuchamos la intención de algunos miembros de la comisión de pedir una prórroga. La solicitud y eventual aprobación de esa prórroga haría caer el caso en impunidad”, puntualizó Hidalgo.
De hecho, el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas establece, en su artículo 17, que si la comisión especial no rinde su informe en los dos meses establecidos para hacerlo, la presidencia legislativa podrá ampliarlo por una sola ocasión hasta por 15 días naturales.
Además, ese mismo artículo indica que, si vencido el plazo, la comisión no ha entregado el informe, se amplía automáticamente hasta que lo entreguen, sin que ninguno de sus miembros pueda cobrar dietas por ese trabajo.
El problema es que apenas restan 30 días para que termine el periodo de los actuales diputados, no solo de Fabricio Alvarado, sino también de los integrantes de la comisión especial.
El plazo que tienen para rendir el informe es el 17 de abril. Si en ese momento se le suma el plazo automático que puede dar la presidencia, tendrían límite hasta el 2 de mayo, fecha en que ya ninguno de ellos estará en la Asamblea Legislativa.
“Esta situación nos preocupa como representantes de la parte denunciante. En su momento oportuno, denunciaremos las consecuencias que eso tendrá para la justicia pronta que merece este caso”, explicó Carolina Hidalgo.
Al 30 de marzo ya han pasado 41 días desde que se integró la comisión investigadora, y solamente se han realizado dos sesiones del órgano; la segunda de ellas apenas el martes de la semana pasada. En esa fecha se aprobaron las audiencias de cuatro testigos aportados por la parte denunciante. Fabricio Alvarado no aportó ningún testigo.
Ese mismo día, la comisión fijó una fecha para recibir el testimonio de las dos partes, tanto de Marulin Azofeifa como denunciante y Fabricio Alvarado, como denunciado, así como los relatos de los cuatro testigos.
Los testigos aportados por Azofeifa son:
-César Zúñiga, tesorero de Nueva República y quien fungía como asesor de Fabricio Alvarado al momento de los hechos
-Bernarda Trejos Sandoval, madre de la exdiputada
-Rubén Castillo, quien era médico del Departamento de Servicios de Salud del Congreso
-Alejandra Cruz, psicóloga de la Asamblea
-Guido Campos Mora, asesor legislativo
David Delgado, el otro abogado de la exdiputada, cuestionó que en un solo día se pretenda recibir todos los testimonios, pues aseguró que ese “intento de jugar con los tiempos” llevando los testimonios al límite va a generar que no puedan cumplir con el plazo, y hacer que el caso quede impune.
A finales de enero, la exdiputada y asesora legislativa de Nueva República denunció públicamente que había sufrido una serie de agresiones sexuales de parte de Fabricio Alvarado.
El 4 de febrero, ella presentó formalmente la denuncia ante el Directorio legislativo, lo que activó de inmediato el protocolo establecido en el citado reglamento contra el hostigamiento sexual.
En entrevista exclusiva con La Nación, la excongresista relató una serie de agresiones de parte del diputado, jefe de fracción y excandidato presidencial, que se habrían dado desde que ella era candidata a la diputación, en el 2017, hasta el año pasado, como asesora de la fracción.
En octubre del año pasado, Azofeifa exigió que se le diera teletrabajo para no seguir en contacto con Fabricio Alvarado quien, pese a las constantes promesas de no seguir con su comportamiento, habría cometido nuevamente acciones de hostigamiento sexual en su contra.
En paralelo al procedimiento administrativo del Congreso, la exdiputada presentó una denuncia penal contra el legislador evangélico, por presunto abuso sexual.
