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Un grupo de 14 diputados frenó este jueves, con una consulta en la Sala Constitucional, el segundo debate del proyecto para establecer una pena de cárcel de hasta 40 años por sicariato.
Se trata de una consulta impulsada por la independiente Gloria Navas, quien cuestiona la propuesta de Nueva República, porque asegura que ya existe una penalización en el Código Penal contra el homicidio por encargo o promesa remuneratoria, y establece que existe ya una acción típica en la ley.
En el inciso 9 del artículo 112 del Código Penal, se establece una pena de prisión de 20 a 35 años para el homicidio calificado cometido a cambio de un precio o remuneración.
El proyecto impulsado por David Segura, de Nueva República, crea dos nuevos artículos, 112 bis y 280 bis, donde se crea una sanción específica para el sicariato, de hasta 40 años.
El texto aprobado esta semana agrega un artículo 112 bis, que dice: “Homicidio por sicariato. Se impondrá pena de prisión de 20 a 40 años a quien, en razón de la pertenencia o participación en una organización criminal, cause la muerte de otra persona por encargo, acuerdo, remuneración económica o promesa remuneratoria“.
Adicionalmente, el artículo 280 bis fija una pena de cárcel de tres a cinco años para quien públicamente solicite, ofrezca o promueva servicios de homicidio por encargo, acuerdo o promesa remuneratoria.
“La misma pena se impondrá a quien públicamente ofrezca servicios de preparación o entrenamiento para llevar a cabo el homicidio por sicariato”, dice el proyecto aprobado.
Luego de varios intentos de aprobación en el plenario, 38 congresistas aprobaron el expediente en primer debate, el martes pasado, pero los legisladores que tenían dudas apoyaron la consulta impulsada por Navas.
Firmaron la consulta junto con Navas, Danny Vargas, Luis Fernando Mendoza, Pedro Rojas, Francisco Nicolás y Paulina Ramírez, de Liberación Nacional (PLN); Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Priscilla Vindas, Jonathan Acuña y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA); Luz Mary Alpízar, de Progreso Social Democrático (PPSD), y las independientes Cynthia Córdoba, Kattia Cambronero y Johana Obando.
Ahora, la Sala Constitucional tiene un plazo de un mes calendario para responder las dudas sobre la iniciativa aprobada.
