El impuesto mínimo global sobre las ganancias de las empresas multinacionales fue pospuesto hasta el 2024. Sin embargo, “parece inevitable”, afirma la OCDE. Al ser uno de los 137 signatarios del Marco Inclusivo que plantea esta reforma, Costa Rica debe ser muy cuidadosa de sus alcances.
Mi preocupación surge a raíz de un panel que moderé durante el Congreso Mundial de Zonas Francas, hace un mes en Montego Bay. En la discusión fue bastante evidente que el ímpetu de las naciones desarrolladas con respecto a la iniciativa contrasta con el desconocimiento de los países en desarrollo acerca de su posible impacto, especialmente en cuanto al régimen de zonas francas.
El Marco Inclusivo comprende dos pilares. El pilar uno establece que una parte de las ganancias de las multinacionales debe gravarse donde se llevó a cabo la actividad económica, sin importar si la compañía tiene presencia física ahí. Este aspecto de la reforma —que no es controversial— está diseñado para ajustarse al modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas, como Uber y Amazon.
El pilar 2 es al que debemos tenerle cuidado, pues crea un impuesto mínimo global del 15% aplicable a las compañías con facturación superior a los 750 millones de euros anuales. El propósito es evitar el movimiento de ganancias a jurisdicciones con bajas cargas fiscales: la llamada “carrera hacia abajo”.
Si bien la propuesta es compleja y cuenta con previsiones sobre activos físicos y el costo de la planilla, en términos muy simples, funcionaría así: las multinacionales que paguen un impuesto de renta inferior al 15% estarían obligadas a cancelar una carga adicional al país en el cual se encuentra su casa matriz.
Esto tiene claras repercusiones para nuestro régimen de zonas francas, ya que están exentas del impuesto sobre la renta hasta por 12 años. Con el pilar 2, las multinacionales con ingresos globales por encima de los 750 millones de euros no contarían con ese beneficio inicial.
Según John Peterson, jefe de la unidad para el pilar 2 de la OCDE, es muy difícil que un país no tenga inversiones de una empresa que califique para este gravamen.
El impuesto mínimo global es un esfuerzo poco disimulado de las naciones desarrolladas para socavar la competitividad de los países en desarrollo. Según cálculos de la UNCTAD, los flujos de inversión hacia estos últimos disminuirían un 2% de adoptarse el pilar 2. Bajo la fórmula actual, los países ricos del G7 recibirían el 60% de los $150.000 millones en ingresos adicionales que generaría el impuesto.
La competencia fiscal es un recurso válido, especialmente para países pequeños en desventaja por factores como economías de escala o carencia de recursos naturales. Además, no es justo que naciones ricas, que en sus primeras etapas de desarrollo se beneficiaron de cargas fiscales bajas, ahora demanden a las economías emergentes renunciar a estrategias de bajos impuestos para atraer inversión.
Tampoco es de recibo el argumento de la “carrera hacia abajo” en materia fiscal. Si bien desde 1980 la tasa promedio del impuesto sobre la renta corporativo en los países de la OCDE ha caído de un 45 a un 23%, en ese mismo período sus ingresos tributarios —como porcentaje del PIB— aumentaron del 30 al 33,7%. Los gobiernos tienen más recursos a pesar de —o quizás, debido a— la disminución en la tasa de dicho impuesto.
Basta con repasar las conclusiones de la OCDE para entender el fenómeno. Una investigación del 2008 “encontró que los impuestos corporativos son los más dañinos para el crecimiento”. Otro estudio más reciente publicado en el Journal of Accounting and Economics señala una relación negativa robusta entre tasas efectivas a escala nacional del impuesto sobre la renta corporativo y el crecimiento macroeconómico futuro.
El régimen de zona franca ha permitido a Costa Rica ser tremendamente exitosa en su estrategia de atraer inversión. La semana pasada encabezamos, por segundo año consecutivo, el ranquin de Investment Monitor como el país con mayor atracción de proyectos nuevos de inversión extranjera directa como proporción al tamaño de su economía.
Según datos de Cinde, en el período 2016-2020 las zonas francas generaron 9 de cada 10 empleos formales creados en el país, a pesar de representar el 8% del PIB. Si bien muchos factores entran en juego a la hora de que una empresa decida invertir, la exención inicial del impuesto sobre la renta es, sin duda, un elemento competitivo cardinal.
Proteger el régimen de zonas francas es de interés nacional. Por eso, es imperativo que los actores públicos y privados conduzcan un análisis a fondo de cuál sería el impacto de este impuesto en Costa Rica y que el gobierno haga una defensa vigorosa de nuestros intereses ante la OCDE y demás foros.
El autor es analista de políticas públicas.
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