Escuchar“La democracia no está amenazada por el régimen de partidos, sino por el financiamiento de estos”. La frase, del politólogo francés Maurice Duverger, es utilizada en innumerables ocasiones para abrir o cerrar discursos acerca de la siempre inconclusa reforma normativa sobre la relación entre el dinero y la política; también, es una forma elocuente de exponer cuán complejo es dar con el punto medio que logre un balance entre oportunidad, transparencia, austeridad y equidad, como atributos deseables de todo régimen de financiación de las agrupaciones políticas.
Pese a lo tentador que es teorizar sobre un modelo perfecto en el que los actores políticos tengan recursos a tiempo (durante la campaña), con seguridad sobre el origen lícito de los fondos y pautas que promuevan una competencia real, la situación actual obliga a abordar por qué aspectos del proceso electoral deben articularse con las estrategias de seguridad nacional.
Los riesgos
En febrero del 2024, elegiremos más de 6.200 cargos municipales, se decidirá quiénes estarán al frente de los 84 gobiernos locales. Pero, para hacerse de los puestos, hay que convencer y, para ello, hay que hacer campaña.
A diferencia de las elecciones nacionales, en los comicios municipales no hay financiamiento estatal anticipado y no está autorizado el uso de los certificados de cesión, comúnmente llamados “bonos”.
Esa ha sido la histórica forma en la que los partidos han “vendido”, con descuento, su expectativa de derecho a la contribución del Estado, con tal de tener recursos para promocionar su oferta electoral. Más recientemente, esos instrumentos se utilizan como garantía en transacciones bancarias.
La banca, en la legítima evaluación del riesgo de sus operaciones, toma justificadas cautelas para conceder préstamos a partidos y candidatos. Si el reembolso de los gastos partidarios depende de su éxito electoral y el electorado es cada vez más volátil, entonces la incertidumbre es muy alta.
En las elecciones presidenciales pasadas, solo dos bancos accedieron a negociar con agrupaciones bajo la figura de fideicomiso. Si entidades financieras supervisadas no prestan el dinero, ¿quién lo hará?
Podría pensarse que el financiamiento vendrá de aportaciones de la militancia de cada partido; ojalá. Sin embargo, el mes pasado, el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) señaló que casi el 80 % de las personas no simpatiza con ninguna agrupación (pese a las más de 150 formalmente inscritas). Puesto de otro modo, los donantes de las propias tiendas escasean.
En este contexto, los partidos y el sistema como un todo se vuelven vulnerables. Sin duda, la tentación de recibir recursos de fuentes dudosas aumenta, por lo que debe trabajarse en impedir que ese riesgo se materialice; de no hacerse nada, habrá comprometedoras deudas de gratitud que honrar.
¿Qué hacer?
Una política de lucha contra el crimen organizado debe tomar en consideración lo electoral. Las votaciones, en cualquier lugar del mundo, pueden dar pie al surgimiento de la corrupción y al favorecimiento de la legitimación de capitales (por ejemplo, mediante las donaciones en especie).
No podemos postergar reflexiones acerca del tipo de partidos que queremos (robustos, institucionalizados) y sobre mecanismos de financiamiento oportunos y transparentes.
Pensar acerca de cómo hacer que los partidos tengan el dinero a tiempo es medular; no obstante, el primer paso es concientizarnos de que el uso de dinero público en campañas no es un gasto, más bien, es una inversión en seguridad y democracia.
En lo inmediato, tenemos en nuestras manos un poderoso recurso: el crayón. La selección informada y cuidadosa de los gobernantes locales incide en el bienestar.
Quienes asuman en las municipalidades en mayo del 2024 serán hacedores de políticas públicas para los barrios que pueden tener una gran incidencia positiva: espacios públicos tomados por las personas, vigilancia constante en zonas conflictivas, policías locales cada vez más preparadas y la promoción de acciones que revitalicen el lazo social comunitario.
El ojo avizor de la prensa y la denuncia ciudadana serán vitales para identificar gastos que quizás no correspondan con los ingresos reportados; las alertas que se puedan encender permitirán verificar la corrección financiera mediante la averiguación del origen de los fondos.
Eso sí, para que esa labor fiscalizadora sea eficaz, la institucionalidad tiene que estar coordinada, deben respetarse los límites competenciales, al tiempo que se reconocen —con humildad— las fortalezas de ciertas agencias y las oportunidades de mejora propias.
No hay democracia sin elecciones, pero tampoco la hay sin seguridad. Ambos asuntos, como lo dijo Duverger hace más de setenta años, se encuentran en el financiamiento de las estructuras intermediarias entre el poder y la ciudadanía, que son los partidos políticos. No tengamos una visión parcial del fenómeno.
El autor es abogado.
