¿El oficialismo en la Asamblea Legislativa apoyaría trasladar ¢7.870 millones de varios ministerios a un proyecto que no conoce? Por ahora, eso creemos, porque no conocemos los detalles. De hecho, casi nadie los conoce, porque según el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, todo sobre una nueva prisión (que ya no quiere que llamemos “megacárcel”) fue declarado confidencial. No sabemos cuándo ni cómo se declaró confidencial; tampoco conocemos los alcances de ese velo.
Hace apenas cuatro meses, el 9 de abril, el gobierno anunció que quedaría lista en esta administración una megacárcel para 5.000 privados de libertad inspirada en el centro de detención masiva de Nayib Bukele. Un mes después, le explicó a La Nación que “nunca dijeron” que quedaría lista en este gobierno, pero sí lista para construirse.
Eso sí, hace tres meses, no había todavía fechas estimadas de inicio, tampoco terrenos definidos ni fondos. La inversión se proyectaba en $60 millones, pero El Salvador habría donado los planos, que de alguna manera ahorrarían $25 millones. Podrían ser planos con un costo récord de casi la mitad del proyecto, pero tampoco lo sabemos, porque desconocemos en qué consistió la presunta donación acordada en un documento ignoto.
En cualquier caso, dijo el ministro Campos a La Nación en mayo, aún no había claridad sobre el financiamiento del centro y señaló que podría cubrirse con presupuestos extraordinarios o que “puede ser que algún gobierno nos done los $35 millones”. Evitó dar detalles y aseguró que la información se revelará “cuando esté todo listo”.
A tres meses, no solo está todo listo, sino que urge trasladar ¢7.870 millones de otros ministerios a este proyecto que no conocemos. No sabemos por qué serían confidenciales el detalle de lo que saldrá a licitación, un estudio de terreno, del recurso hídrico, de tránsito, de necesidades de personal o un largo etcétera. Tenemos que confiar: en tres meses no solo lograron conversar con todos los posibles donantes, sino que descartaron esa vía y, claro, todos los trámites previos a la construcción ya están resueltos, porque ya urge hacer el traslado de dinero hasta de ministerios que han alertado que no tienen suficientes recursos para operar normalmente este año.
Campos dijo en prensa que nadie quiere un “basurero” en su comunidad, refiriéndose a la localidad que recibirá el proyecto (su población no sabe cuándo, ni cómo, ni en qué terreno). Quisiéramos no tener que esperar a febrero para enterarnos. Ese es el temor del diputado Eliécer Feinzaig, quien comentó en la comisión correspondiente de la Asamblea que “el temor es que no hay proyecto”. “Traen un presupuesto mal elaborado para que la Asamblea lo rechace”, dijo el diputado liberal progresista, y así continuar la campaña contra el Poder Legislativo.
Quien podría despejar tan graves dudas sería el ministro Gerald Campos, pero ya anunció que la presunta confidencialidad del proyecto le impedirá dar detalles. “No coman ansias, compañeros diputados. Le pueden hacer todas las preguntas que quieran sobre la cárcel”, dijo la jefa oficialista Pilar Cisneros. ¿Debemos asumir que ella votará por financiar a ciegas un proyecto que no conoce? Sería difícil de creer.
En cualquier caso, el gobierno más minucioso que recordemos con el cuidado de los terrenos previstos para construcción –como bien sabe Cartago–, aparentemente hizo todos los estudios debidos en tres meses, pues ya sabe cuánto dinero le urge. Es posible que no los haya hecho todavía, pero tampoco podemos saberlo. La Defensoría ha alertado de que el personal carcelario es hoy insuficiente, pero el ministro Campos nos pide no preocuparnos, porque el diseño de la cárcel permite que no se requiera más equipo. ¿Cómo sabemos? Hay que confiar.
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Nadie duda de que necesitamos mejor infraestructura carcelaria. El problema es cómo se resolverá, cómo hacerlo de manera apegada a la necesaria transparencia y despejar toda duda de que un proyecto tan importante se esté manejando sin la rigurosidad debida. A menos, claro, que el propósito de su existencia no tenga nada que ver con lo anunciado.
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Fernando Chaves Espinach es periodista.
