EscucharCausan perplejidad las revelaciones en las páginas de este periódico sobre las órdenes presidenciales dirigidas a perjudicar a varios medios de comunicación y destacados comunicadores.
Algunas de ellas tienen el propósito de afectarlos en lo económico y otras pretenden bloquear o limitar el acceso a la información pública, medidas propias de los regímenes totalitarios.
Las órdenes constituyen un ataque a la libertad de prensa y la libre expresión, derechos garantizados en la Constitución Política y las leyes, razón suficiente para que los receptores las declararán inaceptables y rechazaran acatarlas.
Sin embargo, el desenfrenado revanchismo del presidente y su carácter autoritario se imponen a la falta de carácter, a la actitud sumisa de algunos de sus subalternos, quienes, a pesar de los visos de ilegalidad y la inconveniencia de tales órdenes, obedecen sin reparos, aunque algunos después se arrepienten y hacen acto de contrición.
Estos funcionarios anteponen el interés personal al de la colectividad. Con tal de conservar el cargo, no les importa tomar decisiones que afectan la institución donde laboran y a los usuarios o beneficiarios. Olvidan, convenientemente, que el empleado público tiene la obligación de satisfacer el interés general y desechar todo provecho o beneficio personal.
Para continuar disfrutando las mieles del poder, no les molesta ser humillados ni instrumentalizados para fines espurios. Tampoco defienden los valores y principios que como funcionarios deben observar, ni respetan los códigos de ética a los que obligan sus profesiones.
Hay quienes antes de asumir un cargo de ministro o presidente ejecutivo se desempeñaban como profesores universitarios y enseñaban a sus discípulos los principios éticos profesionales, pero en el cargo político transitorio su conducta contradice su prédica pedagógica. Después de su incoherencia, ¿con qué autoridad moral volverán a las aulas?
Es preocupante que quien ordenó a la exministra Patricia Navarro girar instrucciones en detrimento de la libertad de expresión sea hoy, ni más ni menos, ministro de Comunicación, quien, a pesar de los hechos, insiste en que ella miente y que él siempre ha actuado “apegado a la ley, la ética y la moral”. Para verdades el tiempo.
Igual de vergonzosa es la actuación de la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, y de los directivos, puesto que, advertidos de los efectos negativos del cumplimiento de una orden presidencial para la institución y las organizaciones beneficiarias, se sometieron a ella sin resistencia.
Es censurable la actitud sumisa de otros jerarcas que por directriz presidencial trasladaron los presupuestos de pauta publicitaria a la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), desoyendo los informes técnicos que lo desaconsejaron.
Concentrar la pauta publicitaria de las instituciones en el Sinart, además de afectar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, perjudica a las mismas instituciones.
El propósito, según manifestó la exministra de Comunicación, es usar la publicidad estatal para torcer brazos a periodistas y pagar medios para que hablen bien del presidente Chaves.
Es abundante la prueba de una agenda presidencial que viola disposiciones constitucionales y legales, y que atenta contra derechos esenciales de nuestro régimen democrático.
Confío en que los pesos y contrapesos y la prensa independiente logren contrarrestar y frenar los embates que puedan dar al traste con nuestra preciada democracia.
El autor es exembajador.
