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En el debate público sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se ha instalado una narrativa persistente: la de una institución permanentemente en crisis, incapaz de cumplir sus objetivos y al borde del colapso financiero. Esa imagen, repetida una y otra vez en titulares, columnas y redes sociales, ha terminado por asumirse como una verdad incuestionable. Sin embargo, cuando se revisan los resultados concretos de los últimos dos años, la historia que cuentan los datos oficiales es muy distinta.
Esto no significa negar los problemas reales que enfrenta la CCSS. Existen desafíos estructurales, presiones demográficas, tensiones en el recurso humano y una demanda creciente de servicios de salud. La crítica es necesaria y saludable en una institución pública de esta magnitud.
Lo que resulta problemático es cuando esa crítica se construye sobre afirmaciones incompletas, diagnósticos apresurados o noticias infundadas que omiten deliberadamente los avances alcanzados, generando una percepción pública que no se ajusta a la realidad institucional.
Durante los últimos dos años, la Junta Directiva de la CCSS ha conocido y aprobado resultados que desmienten la idea de una institución paralizada o sin rumbo. Uno de los aspectos más claros es el cumplimiento de los objetivos financieros y de planificación.
El presupuesto institucional para 2026 fue aprobado por la Contraloría General de la República en un 99,8% del monto propuesto, con ajustes marginales que no afectan el financiamiento de los servicios ni la programación de actividades. Este dato, lejos de ser anecdótico, refleja una gestión presupuestaria sólida, técnicamente sustentada y alineada con el marco constitucional y legal vigente.
Contrario a lo que sugieren algunos discursos alarmistas, la CCSS no está gastando sin control ni comprometiendo su sostenibilidad. La relación entre ingresos corrientes y gastos corrientes se mantiene positiva; existen excedentes recurrentes y reservas financieras que respaldan la operación del Seguro de Salud.
Los análisis actuariales y financieros más recientes confirman que, bajo un enfoque de ingresos efectivos, la institución cuenta con suficiencia de recursos para hacer frente a la totalidad de sus gastos, incluyendo la inversión y operación de proyectos estratégicos, al menos hasta el año 2035. Hablar de insolvencia inminente, a la luz de estos datos, no solo es impreciso, sino irresponsable.
Otro elemento que suele quedar fuera del debate público es la magnitud y el orden de la inversión en salud que se ha venido ejecutando. Entre 2023 y 2025 se concluyeron 55 proyectos a nivel nacional, con una inversión superior a los ¢377.000 millones. Se trata de hospitales, áreas de salud, Ebáis, proyectos de seguridad humana, equipamiento médico y tecnología, muchos de ellos ubicados fuera de la Gran Área Metropolitana. No son anuncios ni promesas: son obras terminadas, en operación y al servicio de las personas usuarias.
A estos resultados se suma la aprobación más reciente del Portafolio Estratégico de Proyectos 2026–2035, que establece un marco claro de planificación, priorización y gobernanza para 294 proyectos distribuidos en todo el país. Este portafolio no es un inventario improvisado de infraestructura, sino una herramienta técnica que define qué se ejecuta, cuándo se ejecuta y con qué recursos, priorizando el impacto, la madurez de los proyectos y la sostenibilidad financiera. Tanto la Dirección Actuarial como la Gerencia Financiera han sido enfáticas en señalar que existen recursos suficientes para financiar la inversión inicial y asumir los gastos de operación de los proyectos más maduros, sin poner en riesgo la estabilidad del Seguro de Salud.
Cuando se afirma, de manera ligera, que la CCSS “no cumple metas” o que “no tiene rumbo”, se ignora deliberadamente este conjunto de resultados. También se omite que muchas de las limitaciones que enfrenta la institución no dependen exclusivamente de su gestión interna, sino de decisiones de política pública, del cumplimiento oportuno de las obligaciones del Estado y de un contexto fiscal que condiciona a todo el sector público.
La consecuencia de esta desinformación no es menor. Una narrativa permanente de fracaso debilita la confianza ciudadana, erosiona la legitimidad institucional y dificulta la construcción de acuerdos para enfrentar los verdaderos desafíos que aún persisten, como la reducción sostenida de listas de espera, el fortalecimiento del primer nivel de atención y la modernización de la red hospitalaria.
Defender una discusión basada en hechos no es un acto de complacencia ni una negación de los problemas. Es, por el contrario, una condición indispensable para resolverlos con seriedad. La CCSS es perfectible, pero también es una institución que, en los últimos dos años, ha cumplido objetivos, ha ordenado su planificación, ha invertido con criterio técnico y ha demostrado sostenibilidad financiera.
El país necesita una CCSS fuerte, crítica de sí misma y sometida al escrutinio democrático. Pero también necesita un debate honesto que distinga entre la crítica constructiva y el ruido que desinforma. Solo así podremos proteger, fortalecer y mejorar una de las instituciones más valiosas de Costa Rica.
fgjinesta@gmail.com
Francisco González Jinesta es miembro de la Junta Directiva de la CCSS.
