El país se encamina a un proceso electoral que, en el entorno político centroamericano, es de agradecer que exista libertad para que un número considerable de personas puedan postularse sin temor a represalias.
En las circunstancias actuales, en aspectos como economía, seguridad, educación, desempleo y corrupción, no será tarea fácil para quien quiera sentarse en la silla presidencial, por el contrario, el enorme reto demanda un gran compromiso de la persona que tendrá en sus manos el destino de poco más de cinco millones de habitantes, de quien vaya a administrar los escasos recursos disponibles, por lo que debería poseer experiencia académica y laboral en el campo de la administración de empresas, con el objetivo de que sea capaz de entender elementos fundamentales para el correcto desempeño de su puesto, entre ellos, ingresos, gastos, inversiones, presupuestos, pérdidas, ganancias, informes financieros, etc.
Esa persona deberá analizar las principales problemáticas del país y priorizar, pues no se puede resolver todo a la vez, hay que ir paso a paso: de lo urgente a lo importante.
En primer lugar, el gasto público. El Estado no puede darse el lujo de seguir gastando como nación desarrollada, pues los ingresos se han reducido notablemente en los últimos 20 meses.
Tenemos instituciones que durante años han operado en números rojos o con pérdidas. Hay que comprender que el sector público no genera riqueza, su fin es velar por el bienestar social. Si esas instituciones han llegado al final de su vida útil, el candidato debería considerar la reducción, el cierre o la privatización sin miedo.
Como ciudadanos, deberíamos entender que para mantener entidades en esas condiciones o, peor aún, crear nuevas, se necesita aprobar impuestos. Por otra parte, suele ser complicado proponer la eliminación de un tributo, pero el candidato podría solicitar una reducción, con el fin de “suavizar” el impacto en los bolsillos de los costarricenses.
En segundo lugar, la corrupción. Los casos de corrupción que supuestamente involucran a empleados públicos, empresas privadas y hasta posibles narcotraficantes inciden en la ya frágil credibilidad del Gobierno y sus instituciones.
Mi candidato ideal debe atacar el problema desde la raíz, y asegurarse de que no persista la impunidad, de que el Ministerio Público garantice justicia por igual y que quien sea hallado culpable pague sus errores.
Como ciudadano, estoy cansado de ver que se perdona y se toleran actos de corrupción que cuestan millones de millones de colones y nadie recibe la sentencia que merece. Es más, ni siquiera sabemos si los investigados son culpables porque los casos casi nunca llegan a juicio.
En tercer lugar, el desempleo. La mejor forma de que el Estado tenga más ingresos es a través de la recaudación de impuestos, y esto se logra mejorando las condiciones de las empresas para operar, propiciando la creación de zonas francas y buscando nuevas inversiones de empresas extranjeras que vengan a contratar el talento enorme que tenemos y nos vean con potencial para instalarse en territorio nacional.
En cuarto lugar, seguridad. La epidemia de la que poco se habla es de la inseguridad. Diariamente, veo noticias sobre crímenes de todo tipo, unos más macabros que otros, pero crímenes a fin de cuentas.
Urge un plan vigoroso de mejora de la seguridad, mediante el cual se dirija a los oficiales de la Fuerza Pública a combatir y luchar contra los delincuentes, a instalar, reactivar o aumentar la cantidad de escáneres en los puertos, porque son de enorme ayuda contra el narcotráfico.
Es necesario buscar apoyo internacional, ya sean capacitaciones, entrenamientos o donación de equipos sofisticados que garanticen a los oficiales de todos los cuerpos policiales mejores condiciones para cumplir su tarea diaria.
Puedo continuar y continuar, pero el candidato que proponga soluciones concretas y viables a estos y otros grandes problemas, estoy seguro de que lograría captar mi voto.
El autor es financiero.
