EscucharEs necesario que los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, recientemente aprobada, se traduzcan en acciones concretas y repercusiones medibles, basadas en evidencia y equidad social.
De lo contrario, se corre el riesgo de que el esfuerzo quede en lindas palabras y buenas intenciones.
La intención de la iniciativa es promover, desde la perspectiva de los derechos humanos, la protección de quienes sufren trastornos mentales, facilitar su tratamiento y fomentar las potestades de la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud.
El documento hace énfasis en la promoción, prevención y equidad, y aboga contra la discriminación de todo doliente en este campo.
Los cabos sueltos que deberían entonces ser atados a partir de esta ley durante la redacción del reglamento son incontables, pero bastan algunos para ilustrarlo.
Seguros médicos privados
Las empresas vendedoras de seguros de salud muy frecuentemente excluyen o limitan de forma arbitraria, estigmatizante y claramente discriminatoria la cobertura de enfermedades mentales, a pesar de la elevada prevalencia y del reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como afecciones médicas diagnosticables y tratables.
Tanto las valoraciones clínicas como los análisis y tratamientos médicos a menudo quedan sin respaldo de estas empresas y dejan a un grupo de personas en una situación de grave vulnerabilidad.
A modo casi de tragicomedia, me ha tocado responder reclamos porque una aseguradora niega los análisis de laboratorio a un paciente “porque fueron enviados por un psiquiatra”, aunque “sí podrían ser autorizados en el caso de ser ordenados por un médico general”, como si el psiquiatra no fuera médico general antes de ser especialista. ¿Existe o no una absurda discriminación?
Negar la atención, evaluación y tratamiento a alguien que en un momento determinado lo requiere puede tener enormes repercusiones, que van desde un intangible, el dolor humano, hasta la pérdida de funciones, lo que en muchas ocasiones repercute en debacles económicas que pueden perjudicar a familias enteras.
En el extremo más grave, por supuesto, se encuentra el suicidio, preocupación no menor si se considera que el año pasado el país sobrepasó la cifra histórica de 400, como ha informado ampliamente este medio.
Alimentación en escuelas y colegios
La investigación llevada a cabo en los últimos años demuestra de forma contundente que la alimentación tiene un impacto en la salud mental, en concreto, en la capacidad de concentración, la energía, el estado de ánimo, los grados de ansiedad y la calidad del sueño.
La literatura deja claro que evitar dietas con el potencial de causar inflamación en el cuerpo, como por ejemplo los productos procesados o cuyo contenido ha sido modificado, con altos contenidos de agroquímicos —¡oh, bendito clorotalonil!—, contaminantes, preservantes, azúcares, grasas trans o endulzantes artificiales que caracterizan la dieta occidentalizada, es la piedra angular de la prevención —y también, por supuesto, del tratamiento— del déficit atencional, bajo rendimiento académico, impulsividad y trastornos de conducta.
En la lista anterior, también figuran las bebidas gaseosas o artificiales, en particular, cuando son ingeridas por niños y adolescentes.
Durante el período en que Leonardo Garnier fue ministro de Educación Pública, se dio una fuerte pelea en la dirección correcta; sin embargo, la reacción de oscuros intereses económicos tendió a devolvernos al punto inicial.
Basta con asistir a un comedor o pulpería escolar para constatar la variada oferta de alimentos proinflamatorios, nocivos para la salud física y mental del alumnado. De no tomarse acciones enérgicas, una población ya vulnerable por los efectos de la pandemia, de las adicciones a las pantallas y la situación social del país podría verse al borde del colapso.
Al fin y al cabo, el apagón educativo no se resuelve solamente reponiendo clases, sino también facilitando el camino y proveyendo las herramientas para un mejor aprendizaje.
Necesitamos entonces una gestión estructurada y sistemática, en donde exista una mayor disponibilidad de alimentos saludables en las escuelas y colegios, educación tanto a padres y madres como a los estudiantes sobre los beneficios de la ingesta, y campañas amigables para el cambio de mentalidad al respecto.
La salud es un derecho humano reconocido en la Constitución Política, los tratados internacionales y, ahora, en particular, en la esfera de la salud mental, bajo la tutela de esta nueva ley.
Es, además, un elemento básico del principio democrático que nos caracteriza. Entonces, a los diputados y personal del MEP y del Ministerio de Salud les llegó la hora de la congruencia.
La aprobación de la ley y la reglamentación son tan solo el inicio de un largo camino de acciones ensambladas que se requieren para que exista un verdadero cambio de la situación actual. ¿Quién de ustedes atará los cabos sueltos para legislar y actuar en defensa de estos principios?
ricardo.millangonzalez@ucr.ac.cr
El autor es médico especialista en psiquiatría y profesor asociado en la Universidad de Costa Rica.
