Escuchar
Las democracias rara vez mueren de un solo golpe. Mueren despacio, en silencio, mientras la ciudadanía está distraída con otras urgencias. Y casi siempre el primer síntoma, el que precede a todos los demás, es el deterioro de la libertad de expresión.
Este año se cumplen cuatro décadas de la Opinión Consultiva OC-5/85 (en adelante, la Opinión), dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José a solicitud del propio Gobierno de Costa Rica. La consulta era concreta: ¿es compatible con el artículo 13 de la Convención Americana exigir un carné de colegiado para ejercer el periodismo? La respuesta de la Corte fue unánime y categórica: no. Con esa decisión, el tribunal inauguró el cuerpo doctrinal más sólido sobre libertad de expresión que tiene hoy el continente.
Pero el aniversario no llega en buena hora. Llega cuando la libertad de expresión, en buena parte de América Latina, vuelve a estar en disputa.
La Opinión estableció un principio que conviene repetir, porque tiende a olvidarse: la libertad de expresión tiene dos dimensiones inseparables. La individual, que ampara a quien habla, y la colectiva, que ampara a la sociedad que escucha. Cuando se restringe la primera, se mutila la segunda. Cuando se silencia a un periodista, no se castiga solamente a un profesional incómodo: se priva a millones de personas del derecho a saber. Y una sociedad que no sabe no puede deliberar, no puede elegir bien, no puede controlar a quien gobierna. Sin información libre, la democracia se queda sin oxígeno.
Esa es la enseñanza más profunda del fallo de 1985, y es la que más urge recordar.
Costa Rica fue el país que llevó el caso a la Corte; también fue el país cuya legislación, la Ley 4420, resultó cuestionada. Y aceptó la sentencia. Más tarde, en 1995, la Sala Constitucional, en el caso Roger Ajún, tradujo aquella doctrina al derecho interno: declaró inconstitucional la disposición que reservaba el periodismo a los colegiados e incorporó los estándares interamericanos a la jurisprudencia nacional con notable claridad. Fue una decisión política, jurídica y moral, en un país pequeño que entendió, antes que muchos, que la libertad de la prensa no era un asunto del gremio, sino un asunto de todos.
Cuarenta años después, los métodos para restringir la palabra “libertad” se han transformado. Ya no se exige un carné; hoy se promulgan leyes contra la “desinformación” cuya redacción imprecisa permite criminalizar la crítica. Se utilizan demandas civiles desproporcionadas para arruinar económicamente al periodista que investiga al poderoso. Se asfixia a los medios mediante la asignación discrecional de la pauta estatal. Se hostiga digitalmente, de manera coordinada, a las periodistas mujeres. Se invocan razones tributarias, migratorias o de seguridad nacional para perseguir a quienes incomodan. Y, en los casos extremos, demasiado cercanos en la geografía latinoamericana, se mata.
Ninguno de estos mecanismos lleva la etiqueta de “censura”. No la necesita. Comparten, eso sí, la lógica que la OC-5/85 identificó hace 40 años: filtrar quién puede hablar y a qué precio. La Corte fue clara entonces y sigue siéndolo: las restricciones a la libertad de expresión son la excepción; deben ser necesarias y proporcionales, y deben pasar el examen estricto del derecho internacional. Cualquier otra fórmula es un atajo hacia el autoritarismo, aunque se justifique con palabras nobles.
Aquí conviene ser franco: la democracia costarricense no es inmune. Ningún país lo es; la región nos rodea de ejemplos donde el cierre del espacio cívico se inició, casi siempre, con un ataque sistemático a la prensa independiente. Cuando se llama enemigos del pueblo a los periodistas, cuando se acusa a los medios de conspirar, cuando criticar al gobernante se convierte en motivo de proceso judicial o de hostigamiento institucional, conviene encender todas las alarmas. No porque el desenlace sea inevitable, sino porque, sin excepción, solo se ha logrado evitar cuando las instituciones y la ciudadanía reaccionan a tiempo.
La libertad de expresión no se conserva por inercia; se conserva con instituciones independientes, con un Poder Judicial dispuesto a aplicar sin temor los estándares interamericanos, con medios que ejerzan el oficio con rigor, y con una ciudadanía consciente de que ese derecho, cuando se ejerce sobre el poder, sobre los abusos, sobre el dinero público, le pertenece a ella tanto o más que al periodista. No es un favor que la prensa le hace al país; es una condición de la república.
Costa Rica firmó, hace cuatro décadas, una carta de principios que el continente todavía consulta. Convertirla en costumbre, defenderla cuando incomoda y aplicarla cuando otros la abandonan es nuestra responsabilidad.
Porque cuando se apaga la palabra “libertad”, lo que termina apagándose, tarde o temprano, es la democracia misma.
jose.vega.licea_e@icap.ac.cr
José Angel Vega Licea es investigador del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).
