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En su último informe anual, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre la terrible situación que vive la libertad de expresión en América, donde los homicidios, detenciones arbitrarias y exilios de periodistas siguen siendo moneda común. En nuestro país, se advierte de una preocupante “erosión estructural impulsada por el Poder Ejecutivo, que utiliza un lenguaje estigmatizante y ejerce presiones económicas a través de la pauta estatal y una polémica subasta de frecuencias”.
Amenaza democrática
El panorama es preocupante, pues la libertad de expresión es el núcleo de la democracia. Este régimen político exige la libre comunicación de ideas y opiniones, la posibilidad de buscar y recibir informaciones de toda índole, el derecho de controlar el ejercicio del poder público y criticarlo, y el debate robusto y vigoroso. La libre expresión está también íntimamente ligada con el derecho al voto, pues un elector que no esté verdaderamente informado no será nunca un elector verdaderamente libre.
No es casual, entonces, que la libertad de expresión se encuentre bajo ataque a nivel regional y global, pues forma parte de una estrategia promovida por algunos para sustituir la democracia liberal, acusada de haberle fallado “al pueblo”, por un nuevo régimen de corte autocrático y autoritario, donde el poder se deposita en manos de un líder providencial, quien gobernará liberado de los pesos y contrapesos, a cambio de resultados concretos.
Ya hemos visto cómo pueblos han sacrificado su democracia en el altar de la seguridad ciudadana, aunque ello implique sustituir la violencia de las maras por la arbitrariedad estatal, o someterse a un poder que se teme criticar, como sucede en El Salvador.
Abuso estatal
Las acometidas a la libertad de expresión adoptan diversas formas y provienen de distintos frentes. Desde el Estado, se manifiestan como desviaciones de poder, acciones que se disfrazan con un manto de legalidad pero que persiguen fines antidemocráticos, y se escudan en eufemismos y distorsiones del lenguaje. Así, se ha promovido una supuesta “democratización de la pauta estatal”, que en realidad consiste en la utilización perversa de recursos públicos como mecanismo de premio y castigo, para darlos a quienes se alinean y negarlos a quienes cumplen fielmente con su deber de informar.
Del mismo modo, bajo el pretexto de una necesaria “reorganización del espectro radioeléctrico”, se impulsó un procedimiento de subasta que, de no ser por la valiente intervención de la Sala Constitucional, habría hecho desaparecer a dos de cada tres emisoras de radio y televisión costarricenses. ¿Se imagina usted el panorama informativo nacional en ese contexto? El control de la narrativa y de la discusión pública se facilitaría enormemente, al reducirse el número de voces que participan en el debate.
Autocensura
El uso desmedido y desbocado del poder estatal, sumado al amedrentamiento, el insulto, la deslegitimación y persecución a quien se atreve a pensar diferente, lleva también al peligroso fenómeno de la autocensura. Personas que deciden reprimirse y no expresarse libremente ante la posibilidad de ser objeto de represalias o de sufrir consecuencias negativas en el plano personal, laboral o empresarial. El fenómeno ya ocurre en Costa Rica.
Cuando el temor se instala en una sociedad, el control ciudadano se desvanece y desaparece. El autoritarismo genera autocensura, y la autocensura debilita la esencia de la democracia, porque la libertad de expresión no es una libertad cualquiera, sino una de la que, en gran medida, depende el cabal y lúcido ejercicio de las demás.
‘Big techs’
Los peligros derivan también de factores externos, como el advenimiento de las redes sociales y el surgimiento de una nueva clase oligárquica mundial, unos poquísimos milmillonarios que controlan las principales plataformas de información y quienes, por tanto, tienen un poder que hace poco era inimaginable.
Los algoritmos diseñados por Meta (Marc Zuckerberg) o X (Elon Musk), por ejemplo, privilegian la viralización del contenido sensacionalista o escandaloso, así sea falso. Es más rentable y eso es lo esencial. Proliferan las mentiras, las teorías complotistas, se impulsa la posverdad, con el consecuente empobrecimiento de una discusión pública en la que ya no solo es difícil contrastar ideas o informaciones, sino saber siquiera si estas son verdaderas o falsas. Evidentemente, este panorama (des)informativo también contribuye al debilitamiento democrático.
¿Cambio?
La libertad de expresión está bajo amenaza y, con ella, la supervivencia misma de la democracia. Conviene recordarlo cuando estamos a las puertas de que empiece un nuevo gobierno, que puede y debe enderezar el rumbo.
En su discurso de la victoria, doña Laura Fernández afirmó: “El papel de la prensa en la ‘tercera república’ debe ser auténticamente libre para cumplir su labor cotidiana de informar a la ciudadanía sobre el acontecer nacional, y la libertad de prensa, así entendida, comprende el deber y el derecho a la crítica periodística”.
Le tomamos la palabra a la señora presidenta electa, pero estaremos también atentos a su cumplimiento, porque la libertad “auténtica”, esa que conforma e integra la democracia, no admite “peros” ni condiciones.
rodolfo@brenesvargas.com
Rodolfo Brenes Vargas es abogado.
