EscucharLa Costa Rica del 2022 se vislumbra atravesada por múltiples incertidumbres. Impera una sensación de bloqueo institucional, en la cual cada parte de la organización social está urgida de respuestas adaptativas y nuevos cursos de acción.
Las respuestas institucionales son el recorte de gastos operativos en momento de problemas de inflación, tipo de cambio al alza, desempleo y subempleo, entre otros factores.
Las principales problemáticas las sufren los grupos en riesgo, entre ellos, los hogares en pobreza extrema, los hogares pobres, los hogares vulnerables y los hogares en asentamientos informales y en situación de segregación sociohabitacional. Estos últimos son de sumo interés, pues son el reflejo de una cultura de la desigualdad social.
En las últimas dos décadas, la pobreza en Costa Rica se ha mantenido cercana al 20%. La evidencia muestra cómo entre el 2015 y el 2016 salieron de la pobreza un 9,15% de los hogares; mientras otro 7,79% volvió a entrar.
Cada dos años se registra una tercera parte de los hogares costarricenses en situación de pobreza. Otra evidencia contundente refleja que 1 de cada 3 niños y adolescentes (un 33,52%) vive en condición de pobreza. Paralelamente, solo 1 de cada 2 adultos jóvenes pudo conseguir empleo (al 2020 la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 47,4%).
Observado lo anterior, en el marco de la crisis surgida por los efectos de las medidas para controlar la pandemia de la covid-19, se advierte cómo, durante el año 2020, la pobreza llegó al 26,2%.
Del 2019 al 2020, los ingresos de los hogares disminuyeron en un 12,2%. Durante el 2021, las personas en situación de pobreza reflejaron las siguientes condiciones: a) un 78,5% tenía un empleo informal, b) el ingreso per cápita de los hogares en pobreza fue el equivalente a ¢65.872, c) un 26% de las personas no estaban aseguradas y d) un 30,2% de estos hogares no tenían servicio de internet.
Conforme se restringe el análisis a las escalas mínimas territoriales, del cantón al distrito y luego al barrio, las vulnerabilidades tienden a concentrarse, debido a una mayor densidad poblacional, hacinamiento y acumulación de desventajas en los denominados asentamientos informales, lugares donde viven unas 228.036 personas, equivalentes a 75.328 hogares.
Muchos de esos asentamientos son urbanos, es decir, se encuentran en las ciudades donde está concentrada la mayor cantidad de población. Por ejemplo, en 10 distritos de San José con altas vulnerabilidades se acumularon el 28,6% de los casos positivos de covid-19 entre la población de 0 a 19 años desde el inicio de la pandemia hasta el 5 de setiembre del 2020.
En los asentamientos informales aumenta, de manera considerable, el porcentaje de viviendas en mal estado y en tugurio, hay mayor incidencia de homicidios, mayor rezago escolar, disminuyen los años de educación media, hay mayor porcentaje de viviendas con hacinamiento según dormitorios, entre otros indicadores.
Lo argumentado refleja una cultura de la desigualdad, en la cual se ha hecho normal la fragmentación social en la que unos tienen muchos recursos y otros muy pocos (apenas para la supervivencia).
Tal contexto tiene consecuencias sociales y refleja una crisis sistémica a escala urbana en un escenario de fragilidad espacial y “guetificación” urbana, con impactos a mediano plazo en ámbitos como la cohesión social, el acceso equitativo a los servicios públicos urbanos (mobiliario, áreas comunes y espacios públicos), así como un aumento de la conflictividad y la violencia urbana; también, hay efectos en la participación ante un escenario de privación y desesperanza en zonas donde el Estado está ausente.
Si se orienta la reflexión hacia la acción, se encuentran significativas dificultades para poner en práctica la política pública, que obliga a un gobierno eficaz a la focalización, la ejecución de políticas públicas basadas en evidencia, el aumento del gasto operativo para el trabajo a escala territorial y barrial, así como al acompañamiento de las poblaciones mediante facilitadores locales para unirse a los habitantes en la construcción de proyectos comunes y facilitar el asociacionismo local.
El autor es sociólogo e investigador.
