Escuchar“Joven de 24 años habría sido víctima colateral de balacera en Jacó”, “Joven de 17 años asesinado a balazos en vivienda en Puntarenas”, “Pistoleros entran hasta el patio de casa y matan a sujeto de 15 balazos en Limón”, “Bodegas narco en Moín funcionaban a la libre”, “Conductor de 27 años muere acribillado en Paso Canoas”, “Pobreza, desigualdad y problemas económicos se conjugan con violencia en zonas costeras, dice OIJ” (La Nación, octubre del 2022 y marzo y abril del 2023).
La realidad descrita en los titulares de La Nación es producto de la marginación histórica de lo rural y costero y la fractura social que experimentan con respecto al centro del país.
La respuesta de los tres poderes de la República se centra en combatir la criminalidad a través de nuevos proyectos de ley. El remedio, por ende, se concentra en los efectos y no en las causas.
Los problemas de seguridad ciudadana concitan mayor interés en la opinión pública y las agendas políticas que la exclusión y la desigualdad estructurales que afectan a las regiones periféricas.
Los poderes públicos conformaron una arquitectura institucional y un marco legal para promover el desarrollo regional. Se crearon el área de planificación regional en el Mideplán y diversas estructuras de gobernanza multinivel en las regiones, territorios y cantones; se formularon planes de desarrollo regional al 2030; y el año pasado entró en vigor la Ley de Desarrollo Regional, que debería constituir un hito en este recorrido.
Mediante una reforma del reglamento del Poder Ejecutivo, la administración Chaves Robles introdujo en la organización sectorial del Estado el denominado “sector productivo y desarrollo regional”, asignó la rectoría al Ministro de Economía y encomendó algunas intervenciones puntuales en el Plan Nacional de Desarrollo.
Pero a pesar de los avances, los resultados globales son parcos. Según datos del INEC, entre el 2012 y el 2022 la pobreza y la desigualdad intrarregionales crecieron más en la periferia que en el centro del país.
Entre la región central y la segunda con menos pobreza —Pacífico central, antes; Chorotega, ahora—, la brecha pasó del 6 al 8 % en ese período, y entre la primera y la más pobre (Brunca), aumentó del 15 al 16 %. En cuanto a desigualdad intrarregional —según el coeficiente de Gini—, en el 2012 dos regiones periféricas exhibían mayor desigualdad que la central, pero 10 años después 4 las superan en esa estadística.
En 10 años no se podían modificar realidades consolidadas desde el origen de la vida republicana, pero distintos indicadores comprueban que las brechas se acentúan y ello supone que los esfuerzos son insuficientes.
En la tarea de promover el desarrollo regional, uno de los males identificados por la OCDE es la gran fragmentación del sector público y la limitada capacidad de dirección del Gobierno Central, lo que repercute en la formulación de políticas estratégicas y la ejecución de acciones transformadoras.
¿Qué hacer? Aunque la consecución del desarrollo humano y la reversión de asimetrías territoriales constituyen procesos complejos que trascienden cuatrienios, incumbe al gobierno afinar a corto plazo determinados aspectos de dirección política en la materia.
Urge contar con una política nacional de desarrollo regional —como lo estableció la Ley 10096 hace más de un año—, una política y su plan de acción con lineamientos claros y acciones concretas que articulen con coherencia las múltiples iniciativas nacionales, sectoriales, regionales y locales, y que en definitiva ofrezca la agenda para los próximos diez años.
Se requiere clarificar la dirección política y consecuente titularidad de deberes. La Ley 10096 asigna al Mideplán la rectoría del desarrollo regional, pero la administración Chaves Robles asignó al ministro de Economía la del “sector productivo y desarrollo regional”. Si de acuerdo con el principio de jerarquía de las normas la ley está sobre un reglamento, y si se entiende el desarrollo como un proceso multidimensional que trasciende las variables económica y productiva, el Poder Ejecutivo debería revisar esa disposición y perfilar un liderazgo sólido y unívoco.
Si bien el presidente acertó al ofrecer colocar fuera de la GAM el 40 % de los recursos de la Banca para el Desarrollo, debe considerar que la Ley 10096 creó un Fondo Nacional para el Desarrollo Regional, cuya dotación de capital debe comenzar en un plazo no mayor a tres años a partir de la publicación, y quedan menos de dos para cumplir con esta obligación. Consecuentemente, el gobierno debe identificar desde ahora las fuentes de financiamiento y realizar las programaciones.
El gobierno debe dimensionar y anticipar posibles limitaciones en las capacidades institucionales para articular el ciclo presupuestario con las prioridades del desarrollo regional, esbozadas ya en los planes regionales, la nueva ley y futuros acuerdos y convenios que se concreten.
La expresión de tales prioridades en los presupuestos públicos constituye un factor clave que revelará el verdadero compromiso de la administración con el desarrollo regional.
El autor es politólogo, egresado del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la UCR y trabaja en la Defensoría de los Habitantes.
