Se discute en la Asamblea Legislativa una reforma del Consejo Superior de la Educación Privada (Conesup), desafío pendiente, señalado en varias ediciones del Informe del estado de la educación.
El proyecto no tiene por qué constituirse en una amenaza para la existencia de las universidades privadas, y debe, más bien, abrir una oportunidad al país con el objetivo de contar con un marco regulatorio moderno y eficiente para la autorización y fiscalización de la oferta académica privada, clave para el desarrollo nacional.
El debate debe centrarse en un análisis sobre si la reforma fortalece las capacidades del Consejo de velar por la calidad de la educación superior y si se crean las condiciones necesarias para que las universidades ofrezcan educación de buena calidad.
Pero seamos claros, la potestad regulatoria del Estado es irrenunciable y toda iniciativa que intente debilitarla es un enorme riesgo.
El 50 % de los estudiantes de educación superior asisten a las universidades privadas, instituciones que entregan anualmente alrededor del 70 % de los títulos.
La evidencia muestra que la potestad regulatoria no cubre todas las áreas estratégicas para garantizar que la habilitación de instituciones y la autorización de planes de estudio den la bienvenida a propuestas de excelencia académica y solamente a estas.
Enfoque regulatorio. A veces la regulación se enfoca en cosas menos relevantes y potencialmente distorsionadoras del mercado, como el costo del curso, y no en lo trascendental, como su ritmo de crecimiento anual.
El Estado tiene la obligación de ejercer con responsabilidad su competencia para crear mecanismos que garanticen que cada universidad pública y privada brinde una oferta educativa que cumpla los estándares mínimos requeridos.
El procedimiento vigente de aprobación de instituciones y carreras del Conesup establece las condiciones mínimas para la operación de las universidades, pero no asegura un marco de excelencia.
El Consejo no cuenta con medios suficientes para ejercer una adecuada inspección de las universidades privadas y, por el momento, la única garantía de un proceso que busca la excelencia está ligada a la acreditación del Sinaes.
Hasta el 2019 el número de carreras acreditadas en el país era menos del 7 % y se concentraban en la oferta pública. El asunto es relevante porque el 60 % de los planes de estudio de las carreras abiertas hace más de 10 años no han sido actualizados para el conjunto de las universidades privadas (versus un 38 % en las universidades públicas).
La desactualización está incrementada en el sector privado en áreas estratégicas como educación (70,6 %) o en ingenierías, informática y computación (72 %).
En esto hay responsabilidades compartidas entre las universidades y el Conesup, ya que los procedimientos y criterios de verificación para la aprobación de planes de estudio y sus actualizaciones son ineficientes y, lejos de promover la innovación, la obstaculizan.
El proyecto de marras retoma este problema y propone una acreditación obligatoria selectiva para las carreras que se consideran estratégicas para el país, como Educación, Salud, Ingenierías, así como aquellas relacionadas con Ciencia y Tecnología.
Esta práctica existe en países desarrollados (como Suiza, Hong Kong y Australia) y en América Latina, como en Chile, para carreras de Pedagogía y Medicina, o en Argentina, en carreras que comprometen el interés público y ponen en riesgo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes y la formación de los habitantes entre otros.
Para estos procesos el Sinaes cuenta con un fondo de recursos que funciona como una especie de capital semilla para apoyar a las universidades que quieran acreditarse y que estos costos no se trasladen a los estudiantes.
Para un proceso masivo de acreditación de carreras, estos recursos deben ser complementados y el fondeo del proceso compartido por universidades y Estado.
Estado de la educación. ¿Cuál es el estado de la educación superior privada? Nos encantaría responder esta pregunta, pero sabemos poco, parcialmente de algunos temas y nada de la mayoría de los asuntos relevantes para valorar el desempeño de las universidades privadas como subsector.
El Estado de la educación califica esta situación como un serio problema de opacidad, con consecuencias perversas para la eficiencia en el mercado de servicios de educación superior.
Esta opacidad dista de ser una estrategia normal de protección de información en un régimen de competencia. Este falaz argumento no es de recibo, basta con dar una mirada a los sistemas de información de la educación superior en otros países, especialmente en aquellos donde es de alta calidad.
Entre el 2011 y el 2017, se conoció un aproximado de la matrícula agregada del sector privado por un esfuerzo conjunto entre rectores públicos y privados que condujo a la creación del Cenees en Conare, sistema voluntario de información que, sin embargo, ha venido flaqueando a lo largo del tiempo con graves consecuencias para el país, como no reportar a instancias internacionales la cobertura total del nivel terciario, lo cual afecta la posición de Costa Rica en el índice de desarrollo humano.
La escasa información existente ha dependido de la voluntad de compartir datos de un grupo reducido de universidades privadas.
Sin duda la opacidad no es buena compañía de instituciones de buena calidad. El proyecto de reforma del Conesup propone mecanismos para que el país disponga de esta información y este en un esfuerzo que debe prevalecer.
Las universidades privadas con una oferta de buena calidad no deben tener miedo de aportar datos a un sistema nacional de información sobre la educación superior y de exigir que todas las demás lo hagan. Las que no pueden demostrar su oferta de calidad deben transformase o desparecer.
Cobertura regional. Algunas universidades privadas y otras voces en el debate señalan que tienen una significativa cobertura regional y que podrían verse afectadas por la nueva ley si se aprueba la acreditación obligatoria.
Primero, no hay datos públicos que demuestren la matrícula en sedes regionales. Segundo, no aportan evidencia de la calidad de la oferta que se brinda en las regiones, con lo que aceptar este argumento equivale a decir que cualquier título de carrera universitaria que se otorgue amplía el derecho a la educación.
Seguir titulando personas con habilidades limitadas y en carreras sin mercado es un engaño del que el Estado no puede ser cómplice. Como en otros aspectos de este artículo de opinión, este comentario vale para universidades públicas y privadas.
No se vale ser enjuiciado sin ser convocado al tribunal ni tampoco ser juez y parte. La conformación del cuerpo de gobierno del Conesup debe revisarse, pero para mejorarlo, no para ceder las competencias de regulación y supervisión a representantes del sector empresarial privado.
No es adecuado repetir el esquema corporativista que el Estado instauró en varias actividades con pésimos resultados: sentar a los regulados en el máximo órgano de regulación.
El error crece cuando se propone darles mayoría. La responsabilidad delegada de formación de profesionales que hace el Estado al autorizar la creación de universidades privadas tiene un objetivo público superior a la formación de trabajadores para las empresas privadas.
Los intentos en esta línea no deben prosperar. El más alto nivel académico, una probada trayectoria en docencia e investigación o una destacada experiencia profesional deben ser exigidos a cada miembro del Consejo que no sea el ministro de Educación, quien siempre será nombrado por el presidente de la República.
Una ley no resuelve todo, pero puede echar a perder todo. Si como resultado del proyecto de reforma del Conesup lejos de fortalecer y mejorar sus competencias de regulación se termina debilitando la capacidad del Estado de fijar las condiciones mínimas de calidad y supervisar su cumplimiento, lo mejor sería quedarse con la insuficiente regulación de 1981 y sus reformas.
La nueva propuesta de ley ofrece una oportunidad para avanzar, siempre y cuando los actores en el debate estén dispuestos a colocar al país y a los estudiantes por encima de los intereses corporativos, una práctica poco común en estos días.
Marcela Román Forastelli es economista, investigadora asociada del PEN en temas de educación superior y equidad.
Isabel Román Vega es coordinadora del “Informe estado de la educación”.
