Carlos Blanco Odio. Hace 6 días
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Las políticas contracíclicas para aminorar el impacto de la contracción económica, iniciada a mediados del 2016 y agravada por la pandemia el año pasado, no están funcionando.

La política fiscal prácticamente no existe, porque el gobierno pasa por un mal momento debido a un déficit y a una deuda que comprometen el bienestar general. La inversión es insuficiente y el gasto corriente no es de calidad, pues está dirigido, en gran medida, a mantener una burocracia ineficiente y al pago del servicio de la deuda.

Por otra parte, la política monetaria expansiva y las mejores condiciones crediticias aprobadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y otras autoridades financieras para paliar la crisis han movido muy poco la aguja de la producción, tal vez solo lo suficiente para evitar una caída mayor.

Todo parece indicar que el problema de fondo es más complejo y va más allá de la falta de liquidez en la economía. Así, su origen tiene que ver más con asuntos relacionados con expectativas y confianza de las personas, que con problemas de tipo estructural que requieren más tiempo para su solución. No obstante, el BCCR prevé que la economía crecerá un 2,6 % en el 2021 (apenas para recuperar el nivel del 2020) y un 3,6 % en el 2022, que en mucho dependerá de la reactivación económica de nuestros socios comerciales y, por supuesto, de la reducción paulatina de la tasa de contagio y letalidad de la covid-19 en el mundo.

Plan de reactivación ausente. Para complicar el escenario, el gobierno sigue sin articular un plan creíble de reactivación económica con medidas de impacto inmediato y tampoco estructurales a más largo plazo, que fortalezcan la esperanza en empresarios y consumidores en un futuro mejor.

Si su equipo económico no es el idóneo para tal fin, debiera convocar a los mejores profesionales del país para formar una comisión especial que elabore un plan con metas, objetivos y tiempos concretos, con miras a reactivar la demanda interna y externa y subsanar la brecha de la producción con respecto a su potencial.

Crecimiento inercial. Desde el 2008, el crecimiento medio del PIB se mantiene por debajo del 3 %, cifra indicativa de que Costa Rica se encuentra en una trampa inercial de la que no ha podido liberarse.

En gran medida, ello se explica por la escasez de demanda y una persistente brecha negativa del producto que se asocia a un alto desempleo (un 21,3 % al último trimestre del 2020). Lo ideal es tener tasas sostenidas de crecimiento superiores al 5 % para disminuir el desempleo y evitar que la pobreza aumente.

En el presente, la expansión de los mercados externos para nuestros productos sería, posiblemente, el único motor capaz de dar el impulso necesario para romper la inercia. Desafortunadamente, a causa de la política comercial proteccionista, el gobierno no muestra interés en que el país se integre al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, tratado de libre comercio suscrito por 12 naciones que representan el 10 % de la población y el 40 % del PIB mundiales.

Su objetivo es promover el crecimiento económico, apoyar la retención y creación de empleos, mejorar la innovación, productividad y competencia, así como aumentar los estándares de vida, reducir la pobreza y promover la transparencia, el buen gobierno, y mejorar las protecciones laborales y ambientales.

Papel de la inflación. Desde noviembre del 2019, la inflación está por debajo del límite inferior (un 2 %) del rango meta fijado por el BCCR, debido a la brecha negativa del producto y a una inflación mundial también baja. Por el contrario, el desempleo se encuentra en niveles altos y las necesidades de los consumidores está obligándolos a engrosar las filas del sector informal, con las desventajas en eficiencia y el peligro de un acentuamiento de la pobreza, actualmente el 26 % de la población aproximadamente.

Con este panorama, el BCCR todavía tiene margen para inyectar más liquidez a la economía y asegurar el flujo de crédito a hogares y empresarios sin comprometer la estabilidad macroeconómica y financiera. El objetivo sería que la inflación se sitúe dentro del rango meta para disminuir las tasas reales de interés, que son las que toman en cuenta los inversionistas en sus decisiones para expandir actividades y negocios. De paso, el gobierno se beneficiaría con la reducción del monto real de su deuda.

El autor es economista.