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Llama la atención que, en los barrios populares de Costa Rica, casi en cada esquina haya una venta de lotería o de “tiempos” clandestinos. Esa postal cotidiana revela, mejor que cualquier estadística, una parte de cómo el tico se relaciona con el dinero: mientras millones de personas pagan sus gastos diarios con tarjeta de crédito, también se sostiene toda una economía informal hecha de esperanzas pequeñas y golpes de suerte. ¿Qué dice eso sobre nuestra cultura financiera?
Costa Rica tiene más de tres millones de tarjetas de crédito en circulación, según datos del MEIC. En un país con alrededor de cuatro millones de adultos, la cifra equivale a casi una tarjeta por persona mayor de edad. El crédito de consumo se ha convertido en una herramienta diaria para miles de hogares, muchas veces utilizada para cubrir gastos básicos o afrontar emergencias.
En ese contexto, adquiere relevancia la Ley N.° 10627 para promover la educación financiera en Costa Rica, vigente desde el 18 de febrero de 2025 y reglamentada el 11 de febrero de 2026. Su objetivo es fortalecer las capacidades de las personas para tomar decisiones informadas sobre ahorro, crédito, consumo e inversión. Pero la necesidad de esa legislación no surge en el vacío.
La Encuesta Financiera a Hogares 2022, del INEC, evidencia que el endeudamiento forma parte estructural de la economía doméstica tica y que una porción significativa de los ingresos se destina al pago de deudas. A eso se suma el crédito informal: la Oficina del Consumidor Financiero estima que unas 221.000 personas podrían haber recurrido a préstamos “gota a gota”, con cerca de ¢44.000 millones circulando por fuera del sistema. Y la Encuesta Actualidades 2025, de la Universidad de Costa Rica (UCR), muestra que, ante un gasto inesperado de ¢500.000, el 47,4 % de los consultados recurriría a un préstamo, mientras que apenas uno de cada tres hogares podría cubrirlo con sus ahorros.
El problema, sin embargo, no está en la regulación del sistema financiero. La Sugef mantiene un control riguroso del historial crediticio, y los bancos y emisores consultan estudios de protección de crédito antes de aprobar una tarjeta o un préstamo.
El meollo está en otro lado: en Costa Rica prácticamente no existen modelos ni espacios formales para aprender a usar correctamente esos instrumentos. Una investigación de Ulacit (2016) ya lo había señalado: las principales brechas se concentran en planificación del gasto, comprensión de tasas de interés y cultura del ahorro, y el aprendizaje financiero ocurre mayoritariamente de forma empírica, a base de tropiezos.
Se recibe la primera tarjeta casi sin guía, se firma un crédito sin entender la tasa efectiva, se enfrenta una emergencia sin ahorro previo, y no hay –ni en el colegio, ni en el lugar de trabajo, ni muchas veces en la mesa de la casa– un espacio donde esa experiencia se transmita.
La comparación internacional ayuda a dimensionar el reto. Reino Unido incorporó la educación financiera al currículo obligatorio en 2014 (Escocia lo hacía desde 2008). Australia la enseña en primaria y secundaria a través del programa MoneySmart. Finlandia, que encabeza ránquines europeos, la integra desde sétimo año en Matemáticas y economía doméstica. Singapur sostiene, desde 2003, MoneySense, una estrategia nacional coordinada por su banco central junto con ministerios, bancos y medios, organizada en tres niveles: manejo básico, planificación y conocimiento de inversión.
En América Latina, Brasil la incluyó como contenido obligatorio de su Base Nacional Común Curricular; Chile modificó su Ley General de Educación en 2018; Perú aprobó una ley en 2023.
Los resultados de PISA 2022 en competencia financiera confirman lo previsible: los países que enseñan estos temas de forma sistemática forman ciudadanos más capaces de manejar su dinero; los que no, reproducen desigualdad.
Costa Rica ha sabido antes construir instituciones que canalizan recursos hacia oportunidades. Conape, creado en 1976, ha financiado los estudios universitarios de miles de jóvenes mediante préstamos que se pagan una vez incorporados al mercado laboral; el cooperativismo y el solidarismo ofrecen ejemplos similares.
Como recordaba Douglass North, el desarrollo económico depende tanto de las instituciones formales como de las reglas informales –la cultura– que orientan nuestras decisiones cotidianas.
Ese es, precisamente, el desafío de la Ley 10627. Una ley bien intencionada no basta, si se queda en la página web de un regulador. Para tener sentido, la educación financiera necesita un espacio propio en la escuela y el colegio, en la formación técnica y universitaria, en los programas de recursos humanos de las empresas, en las cooperativas y en el propio sistema financiero. Y, ojalá, un canal simple y confiable al que una familia pueda acudir antes de firmar un crédito, no después.
Mientras tanto, millones de costarricenses seguiremos navegando entre la cuota mínima de la tarjeta y el número de la lotería con todo y el acumulado. Ese espacio –el que está entre una y otra– no se llena con suerte ni con más regulación, sino con modelos, experiencia compartida y conversaciones francas sobre el dinero, empezando por la mesa de la casa.
Esteban Chaverri Jiménez es abogado y estudiante de Historia en la Universidad de Costa Rica.
