En julio del 2006 se publicó un artículo relacionado con este tema. Han transcurrido nueve años y la situación sigue igual o se ha complicado más.
El servicio de taxi es una combinación muy particular dentro del sistema de transportes: se trata de un servicio público explotado por un particular, que es el propietario del vehículo, mediante el otorgamiento de un permiso o una concesión, y opera bajo ciertas condiciones contractuales.
A finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, en varios países fue promovida una estrategia de desregulación de los sistemas de transporte. Se crearon leyes genéricas de transporte, amparadas a unos pocos reglamentos que permitieron que el sistema fuera más eficiente y competitivo.
En Costa Rica, hicimos lo contrario. Existe la Ley Reguladora del Transporte Remunerado en la Modalidad de Taxis y la del Servicio Especial Estable de Taxi, que ampara a los porteadores. Se hicieron reformas al Código de Comercio y también entra en juego la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
En el futuro se pretenderá regular las eventuales operaciones de Uber y quién sabe cuántas más aparecerán, por cuanto los sistemas de transporte se modernizan y transforman con el tiempo.
Otros países han sido más prácticos. Para liberar el servicio de taxi, han creado leyes y reglamentos sencillos, siempre y cuando el sistema cumpla con los tres principios fundamentales de la economía de transporte: sostenibilidad en la prestación del servicio, eficiencia y equidad.
Hace unas dos décadas atrás, en nuestro país se pensó liberar el servicio de taxis, para lo cual el MOPT definiría una cuota de vehículos por cantón y distrito, de acuerdo con un estudio previo de la demanda.
A los prestatarios, el Consejo de Transporte Público les entregaría un permiso; cada uno debía tomar un seguro de responsabilidad civil por lesión o muerte y daños a terceros, cuya cobertura no sería inferior al equivalente, por ejemplo, de 200 veces el salario mínimo imperante; al operador, el Departamento de Licencias del Cosevi le otorgaría una licencia para conducir el taxi; y todos los vehículos debían tener un solo color, en este caso podía ser rojo, o bien asignar colores por categorías.
Asimismo, se establecía que los autos debían ser de un modelo no mayor de 10 años al año en curso; tener como base el lugar específico para el cual se otorgó el permiso; y acatar las tarifas máximas fijadas por el ente regulador.
Por otra parte, el permisionario debía ser el conductor del vehículo o, en su defecto, un chofer autorizado. Y, finalmente, tener la revisión técnica al día.
Si una legislación general de este tipo se estableciera, el control de la calidad sería más fácil y sería posible imponer estrictas condiciones al incumplimiento mediante la apertura de un proceso administrativo cuando ocurran irregularidades. Las faltas acarrearían la cancelación del permiso y la aplicación de una multa por el equivalente a un porcentaje del valor del auto, según el valor promedio en el Registro Público.
Falta fiscalización. Se hace necesario desarrollar un sistema para evaluar y fiscalizar la calidad en la prestación del servicio, el cual debe ser simplificado, pero que a la vez permita agilidad y transparencia en todo el proceso operativo.
La cantidad de leyes y reglamentos existentes en vez de mejorar han hecho más complejo el sistema de operar de los taxis. Ahora se pretende crear más normas para regular la participación de Uber.
Posiblemente, en el futuro, cuando la tecnología invente un vehículo de cuatro ruedas que quepa en una valija o pueda bajar desde el espacio para estacionar frente a nuestra casa o llevarnos a nuestro destino, también se pretenda aprobar otra ley para regularlo.
Pareciera que se nos ha hecho tarde para detener la enfermedad, y los gobiernos de turno siguen promoviendo leyes movidos por las presiones de grupos que amenazan con bloqueos, paros, tortuguismo o cualquier otro recurso que se les ocurra.
Todo lo anterior en detrimento de un sistema moderno, eficiente y multiparticipativo que, en última instancia, a quien beneficia es al usuario.
Un servicio de transporte eficiente desincentiva el uso del vehículo particular, reduce embotellamientos, ahorra combustibles y reduce la contaminación ambiental.