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La situación que enfrenta Costa Rica a causa del continuo aumento en los combustibles es compleja porque dos de las principales variables para determinar el precio, como dijo el presidente, están fuera del control del gobierno: el tipo de cambio y el mercado internacional del petróleo.
Una parte de la población culpa a Recope y aboga por el cierre, pero la medida tendría un mínimo efecto en los precios. Según estudios de hace pocos años, los combustibles en Costa Rica figuraban entre los más baratos de América Latina antes de impuesto, y la parte correspondiente a la operación de Recope oscilaba entre un 6,8 y un 8,3%. En fin, pese a sus falencias y requerir cambios, la Refinadora no es el problema.
El componente con mayor peso es el impuesto, que corresponde al gobierno, y es en el cual la política económica podría tener incidencia para abaratar los hidrocarburos; sin embargo, son ingresos necesarios para el Estado. Aun así, es imperativo discutir posibles acciones que puedan tomarse y sus consecuencias.
En lo microeconómico, hay dos elementos que entran en juego cuando el precio de un bien sube: renta y sustitución.
La sustitución tiene que ver con los cambios en el consumo, por ejemplo, si sube el precio de la carne algunos hogares deberían reemplazarla por pollo.
En este caso, el impacto es poco significativo, puesto que la gasolina posee muy pocos sustitutos, y ninguno que no implique costos adicionales.
El de interés aquí es el elemento renta. Es el cambio en el poder adquisitivo debido al aumento de precios, es decir, las personas no pueden sustituir la gasolina, pero al ser más cara les queda menos dinero para comprar otras cosas, lo que es más grave al no serles posible sustituir el consumo de la gasolina por otro combustible.
Este es el punto que el gobierno debe tomar en cuenta al orientar su política pública. La prudencia aconseja distribuir el impuesto sobre los combustibles entre otros bienes de consumo asociados para evitar que el cambio en el costo sea tan dramático, esto por dos razones.
Primero, el precio excesivo del combustible y la dificultad para reducir el consumo puede llevar a que los costarricenses disminuyan la adquisición de otros bienes; lo que terminaría por trasladar las consecuencias a otros mercados y afectar el dinamismo de la economía.
Aunque se ejecuten medidas para cubrir a quienes más lo necesitan a corto plazo, la mayoría de los que requieren gasolina directamente pertenecen a la clase media, y la actividad económica de la clase media es clave en la reactivación económica.
Recargar el costo sobre ellos conlleva menos consumo y problemas para el comercio y el turismo, con consecuencias expansivas por el efecto multiplicador.
El segundo punto por tratar está relacionado con el precio en sí. Permitir que los combustibles crucen la barrera psicológica de los ¢1.000 en tan corto tiempo sería desastroso a corto plazo.
Toda persona familiarizada con los mercados conoce la importancia de estas barreras psicológicas; por eso, en los supermercados, los precios siempre terminan en 95 o 99, sin nunca llegar al siguiente 0. Prueba de la significancia de estas barreras es la reacción del pueblo, que rápidamente se organizó para manifestarse.
En síntesis, el efecto renta puede disminuir el consumo de otros bienes y detener la reactivación de la economía, lo cual, sumado al efecto multiplicador, produciría más daño que bien.
Defender el impuesto podría terminar por reducir los ingresos fiscales totales debido a la caída en el consumo en general, que a la larga implicaría incluso pérdida de empleos para los grupos vulnerables y al ya golpeado sector turístico.
Además, deben tomarse en cuenta los aspectos psicológicos de los impuestos, la estructura impositiva debe diseñarse de manera adecuada cognitivamente. En otras palabras, no solo importa cuánto se recauda, sino también cómo.
jorgeandresrodriguezsoto@gmail.com
El autor es economista e investigador científico independiente.
