Nuestro modelo de movilidad es totalmente insostenible y, si seguimos por el mismo camino, la congestión vial será mucho peor en los próximos años. Movilizarse se convertirá en un reto aún mayor para muchas personas en el país.
Para nadie es un secreto que uno de los recursos más limitados que tenemos en términos de transporte es el espacio. A pesar de que las personas que viajan en autobús requieren hasta seis veces menos espacio por pasajero que quienes utilizan el automóvil particular, en Costa Rica resulta alarmante observar la constante pérdida de pasajeros en este sistema.
La ausencia histórica de inversión por parte de las diferentes administraciones en infraestructura de transporte público (paradas adecuadas, aceras dignas, terminales, nodos de integración regional, paradas de tránsito y carriles o viaductos exclusivos para autobuses) representa no solo una especie de suicidio colectivo, en el que hemos permitido que se prioricen de manera natural los modos de transporte menos eficientes, sino también una forma de violencia sistémica contra los grupos más vulnerables del sistema de movilidad.
Un transporte público ineficiente también limita las posibilidades de acceso de amplios sectores de la población a la educación, la salud, el empleo y muchas otras necesidades básicas. Por ejemplo, no debería ser aceptable que el Estado no ofrezca una solución pronta a las comunidades afectadas por las cientos de rutas de autobuses abandonadas en los últimos años.
Esta situación es, en buena medida, el resultado de una incapacidad para gestionar adecuadamente el sector transporte.
El transporte público debe concebirse como algo mucho más amplio que la simple concesión de rutas de autobuses a terceros. Debe entenderse como un servicio público en competencia que requiere fondos estatales para su adecuada operación y gestión. Además, se necesita una visión integral en la que el transporte público funcione como un sistema que interactúe eficazmente con otros sistemas: el urbano, el económico y el productivo, entre muchos otros.
Hoy ya no hay excusas. Como nunca antes en las últimas décadas, la mesa política está servida para que el Poder Ejecutivo contribuya a que Costa Rica esté mejor. La población costarricense confió y apostó por una propuesta política con la esperanza de que sus problemas sean atendidos y resueltos con determinación, y uno de ellos es, sin duda, el transporte público.
Invito a las futuras autoridades a sacar del rezago de décadas al sector transporte mediante una modernización eficaz del sistema de transporte público. Esta puede convertirse en una punta de lanza demostrativa –sin necesidad de reformas constitucionales– hacia esa anunciada “tercera república”, que procure la modernización de un Estado capaz de brindar servicios de calidad a su ciudadanía y de garantizar la misma dignidad para todas las personas.
Esta transformación exige una correcta gerencia del sector público, enfocada en maximizar la eficiencia de los recursos y comprometida con el ambiente y con la sociedad costarricense.
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Henry Hernández Vega es ingeniero civil.