EscucharLa pérdida de 2.205 empleos en las zonas francas en un solo año merece pronta atención y acciones del gobierno y de la Asamblea Legislativa. El régimen conserva su importancia exportadora y emplea a más de 200.000 personas, pero su retroceso laboral obliga a revisar las condiciones que sostuvieron su expansión.
A julio de 2026, las 700 empresas que operan bajo ese sistema contaban con 200.203 trabajadores asalariados, un 1,1% menos que un año antes, de acuerdo con datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) extraídos a solicitud de La Nación.
Es la primera caída al comparar los meses de julio de la serie 2020-2026, como lo verificó el periodista Gustavo Ortega. A la vez, determinó que los servicios empresariales perdieron 3.034 puestos, una reducción parcialmente compensada por otras actividades, mientras la manufactura se mantuvo en alrededor de 74.000 empleos.
Lo que sucede en el contexto nacional obliga a acelerar la revisión. Este diario también informó el 1.º de octubre, con base en la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que la población desempleada aumentó de 137.497 a 157.364 personas entre los trimestres de junio-agosto de 2025 y de 2026, un incremento de 19.867 personas y una cifra estadísticamente significativa. Es decir, hay más personas buscando trabajo sin encontrarlo.
A la vez, hay un factor coincidente en lo que sucede en el régimen definitivo y el de zonas francas. Lo apuntó la última encuesta realizada por la Cámara de Industrias entre 115 empresas: el tipo de cambio es el principal obstáculo para la competitividad en ambos grupos. De hecho, un 31% de las 115 empresas afirmó haber suspendido planes de expansión o nuevas inversiones y un 13% reportó recortes de personal.
En el caso del régimen de zonas francas, las señales de alerta vienen desde el año pasado. En julio de 2025, Intel anunció el cierre paulatino de su operación de ensamblaje y prueba en Costa Rica para concentrarla en Vietnam y Malasia. Ese mismo mes, la estadounidense de semiconductores Qorvo, que llegó hace 30 años, dio a conocer el cierre de su planta en Heredia y el traslado de sus operaciones a Asia.
Western Union, que llegó al país en 1998, confirmó, en setiembre, que reducirá gradualmente el tamaño de su centro de operaciones y transferirá algunas de sus tareas a Filipinas. Por su parte, Effectivesoft, una multinacional de servicios tecnológicos dedicada al desarrollo de software, renunció al régimen de zona franca para operar bajo el sistema tributario ordinario, al concluir que sus operaciones serían más rentables aun pagando impuestos.
Esa ola de avisos debe llevar al gobierno de la presidenta Laura Fernández a comprender la urgencia de implementar acciones para evitar más retrocesos en un régimen que aportó, a julio, $9.309 millones (67,3%) de los $13.821 millones exportados por Costa Rica.
A eso se agrega que, según la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), a 2024, esas empresas pagaban un salario mensual promedio de $2.319, casi el doble del promedio nacional, de $1.169.
De ahí que, una a una, se deben examinar las dificultades señaladas por las industrias con el objeto de revisar el marco legal y reglamentario para determinar si los requisitos se ajustan a las actuales formas de producción y prestación de servicios.
Effectivesoft, por ejemplo, sostuvo que el predominio del teletrabajo le permitía utilizar espacios más pequeños y económicos que los exigidos por el régimen. Igualmente, dejó ver que “el clima de negocios nacional se ha visto afectado por presiones fiscales, ajustes en políticas tributarias y una mayor fiscalización, lo que incrementa el riesgo y la incertidumbre para las empresas acogidas al régimen”. Su argumento merece análisis y, si es del caso, correcciones.
Deben evaluarse, también, las propuestas que plantea la Asociación de Empresas de Zona Franca de Costa Rica (Azofras) sobre costos de electricidad, infraestructura, formación de personal, jornadas laborales flexibles y el llamado a actuar sobre el tipo de cambio. Igualmente, sopesarse los ajustes que especialistas recomiendan en la política monetaria.
Además, el gobierno debe actuar con celeridad para lograr que los trabajadores se preparen ante los cambios que introduce la inteligencia artificial. Esta tecnología puede elevar la productividad y reducir la necesidad de personal en determinadas tareas, especialmente las rutinarias de los servicios empresariales. En coordinación con las empresas y las instituciones educativas, el Ejecutivo debe impulsar capacitación para que el personal pueda asumir nuevas funciones o trasladarse a otras ocupaciones.
Lo que no puede permitirse el país es que las decisiones de Intel, Western Union, Qorvo y Effectivesoft queden como noticias pasajeras. Lo sucedido con estas empresas y la pérdida de 2.205 empleos en zonas francas en 12 meses requiere que desde la Casa Presidencial se giren instrucciones para remover los obstáculos.
La inacción tiene un costo: inversiones que no llegan, empleos que desaparecen y oportunidades que otros países aprovechan.
