EscucharEn medio de lo que el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, califica como “el peor momento de la historia criminal del país”, el presidente Rodrigo Chaves vetó una ley que permitiría a las autoridades judiciales realizar allanamientos sin restricción horaria. Su decisión, tomada justo un día después de los allanamientos ejecutados por la Fiscalía y el OIJ para obtener pruebas del Caso Pista Oscura, en el cual se investiga a figuras del gobierno, constituye un retroceso para el Estado de derecho y un mensaje equivocado en plena crisis de seguridad.
Es necesario dejarlo claro: esta ley no es contra personas, no es contra el presidente ni sus colaboradores de gobierno o exfuncionarios; tampoco es un respaldo incondicional al OIJ o a la Fiscalía. Esta ley es contra la delincuencia. Es una herramienta legal para mejorar la recolección de pruebas, garantizar la eficacia de los operativos y aumentar la capacidad de respuesta ante una criminalidad cada vez más violenta, sofisticada y bien financiada.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, fue categórico al advertir de que, con este veto, los delincuentes “podrán dormir tranquilos” porque saben que de 6 p. m. a 6 a. m. las autoridades no podrán llegar a sus guaridas. A eso se suma que los grupos criminales toman ventajas como estudiar los patrones de trabajo de las autoridades. Utilizan cámaras de vigilancia, drones y sistemas de alerta para anticiparse a los operativos. También aprovechan que los congestionamientos viales de día retrasan el traslado de fiscales y policías, como lo informó este diario el 2 de junio, en un reportaje de la periodista Lucía Astorga. Por todo ello es que el actual horario restringido otorga tiempo y ventaja a quienes buscan evadir la ley, esconder pruebas o escapar.
Los allanamientos no son actos arbitrarios. Cada diligencia debe ser solicitada por un fiscal, autorizada por un juez y ejecutada con acompañamiento judicial. No se trata de abrirles la puerta a abusos, sino de darle al sistema de justicia las herramientas para actuar de forma oportuna y segura. La reforma no elimina controles ni debilita garantías. Por el contrario, fortalece la capacidad de reacción. No es que actualmente no haya allanamientos fuera de horario. Los hay, pero son excepcionales; solo dependiendo de la urgencia o gravedad del hecho es que un juez los autoriza. También, si el morador lo permite.
Con la ley propuesta por la diputada Monserrat Ruiz, de Liberación Nacional, se busca reformar el artículo 193 del Código Procesal Penal para dar más agilidad a las investigaciones. La iniciativa recibió amplio respaldo. Fue aprobada por unanimidad en primer debate en la Asamblea Legislativa. La Corte Plena también avaló su tramitación sin objeciones de fondo. Incluso la bancada oficialista dio sus votos en el primer debate.
Sin embargo, tras los allanamientos por las anomalías en el contrato de $41 millones para reparar el aeropuerto de Liberia, el Ejecutivo cambió de opinión. En su veto, Chaves alegó motivos constitucionales y cuestionó la proporcionalidad de permitir allanamientos más allá del horario regular. Pero lo dicho públicamente fue otra cosa. Desde Casa Presidencial, llamó “incompetentes”a la Fiscalía y al OIJ, los acusó de aplicar la ley “como les da la gana” y advirtió de que no firmará ninguna ley que refuerce sus facultades. “Uno no les da alas a animales ponzoñosos”, alegó.
A esta postura se sumó la ambivalencia de Pilar Cisneros, jefa de fracción oficialista, quien cambió radicalmente su discurso de antes. El 26 de febrero había ridiculizado en el plenario que en Costa Rica “los allanamientos tienen horario de oficina” y calificó esa limitación como un “regalito para los delincuentes”. Menos de tres meses después, justificó el veto presidencial y desestimó la necesidad de capturar a jerarcas investigados por sospechas de corrupción.
Este giro es una contradicción política y un grave precedente. Desde el Ejecutivo se desacredita a las autoridades judiciales, se menosprecia su labor investigativa y se debilita la lucha institucional contra la criminalidad. Si el crimen organizado aprovecha los vacíos del sistema, ¿por qué el gobierno opta por ampliarlos?
Los delitos de cuello blanco tampoco deberían gozar de privilegios. El argumento de que ciertos funcionarios públicos no representan “peligro” y podrían ser citados en lugar de ser allanados, es profundamente ingenuo o conveniente. Las investigaciones por corrupción requieren recolectar pruebas que, de otro modo, podrían desaparecer. ¿Quién entregaría voluntariamente su teléfono o los documentos que lo incriminan?
Costa Rica necesita que la ley se aplique sin distinciones de jerarquía, color político o estatus social. Necesita proteger a los ciudadanos de los criminales, no a los criminales de la ley. La institucionalidad no puede subordinarse al temor o al cálculo político. Por eso, hacemos un llamado al resello legislativo, a la defensa del bien común y a la coherencia en la lucha contra el crimen, porque es inconcebible que se permita a los delincuentes seguir durmiendo tranquilos.
