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Cientos de coligalleros no solo nos están robando millones de dólares en oro; también nos dejan el desastre. Lo extraen de las montañas de Crucitas y el cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, lo cargan en sacos que llevan hasta la ribera del río San Juan, desde donde cruzan la frontera rumbo a Nicaragua. De este lado quedan bosques arrasados, montañas devastadas, suelos contaminados con cianuro y ciudadanos expuestos a agua potencialmente envenenada.
Si eso no bastara, los costarricenses pagamos ¢500 millones al mes por una vigilancia policial que resulta insuficiente frente a un saqueo estructurado y bien financiado, como lo demostraron los reportajes del periodista Christian Montero y el fotoperiodista Alonso Tenorio, publicados el 10 y el 15 de marzo y como lo expusimos en el editorial titulado “Las cuatro dimensiones del saqueo de oro en Conchudita que el país no puede ignorar”, el 13 de marzo.
Las descripciones de nuestros enviados revelan la magnitud del daño. En ese cerro, entre 200 y 300 coligalleros –en su mayoría, nicaragüenses– han talado bosque primario, excavado túneles de hasta 40 metros de profundidad y construido al menos 130 piletas de lixiviación con cianuro, en las que separan el oro de la tierra. Un atentado contra el ambiente.
Pero el problema no termina allí. Detrás de los coligalleros operan siete organizaciones criminales capaces de abrir trochas en la montaña con maquinaria pesada, trasladar el material en barcazas que cruzan ilegalmente el río San Juan hacia Nicaragua y usar radios de comunicación para anticipar y evadir los operativos policiales. También se apoyan en una red local que les suministra cianuro, cuya comercialización está prohibida.
Resulta insólito que, pese al riesgo que esto representa para el ambiente y la seguridad del país, ni el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ni el Ministerio Público, ni el Ministerio de Seguridad Pública, y tampoco la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), hayan logrado desarticular esa red. El tránsito clandestino de estos químicos por carreteras constituye un peligro porque bastaría un choque o la caída de uno de estos cargamentos a un río para provocar una tragedia ambiental. Y estamos hablando de que estos comerciantes movilizan toneladas.
En 2021 apareció una tonelada en un vehículo abandonado en Upala, con placa y propietario identificados; en 2023, cayó otra carga récord de ocho toneladas. Y el pasado 2 de febrero, en un control de carretera, la Policía Municipal de San Carlos descubrió un camión con 18 estañones en Platanar de Florencia. ¿Cómo es que aún no se captura a los responsables de introducir al país y movilizar estos químicos?
El negocio ilegal es lucrativo porque, como relató en los reportajes un coligallero nicaragüense, “un almacén en Alajuela” transa cada saco de 50 kilos por $550. Y surge la pregunta: ¿cómo entra el químico a Costa Rica y llega hasta Alajuela?
Lucrativo también es el negocio en Nicaragua. Amaru Ruiz, biólogo y presidente de la organización ambientalista Fundación del Río, dio a conocer que en Las Cruces, a tan solo tres kilómetros de la margen del río San Juan y dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, opera un campamento con hasta 4.000 personas donde se procesa el material que sale de Crucitas y Conchudita. “Este lugar se ha convertido en un nodo del negocio de la minería ilegal, y es donde compran el oro en efectivo sin ningún tipo de regulación”, explicó.
A esto se añade que en La Guinea, en esa misma zona, el régimen Ortega-Murillo concesionó la extracción minera a la empresa china Thomas Metal S. A. Según el ministro de Seguridad, Mario Zamora, empresas chinas son las que compran el oro a los coligalleros que lo roban de Costa Rica, aunque la embajadora de China en San José, Wang Xiaoyao, lo niega.
Lo cierto es que el oro se convirtió en el principal producto de exportación de Nicaragua. Solo en 2024 vendió $1.400 millones, 34 veces más que los $42 millones que exportó Costa Rica. La pregunta obvia es cuánto de ese metal que aparece en las estadísticas nicaragüenses sale de aquí. Entonces, llegar a acuerdos de más vigilancia con el régimen Ortega-Murillo para disuadir el paso de barcazas, como se anunció a finales de febrero, es un acto diplomático pero inefectivo, como lo es seguir apostando al envío de contingentes de la Fuerza Pública para ahuyentar a los coligalleros –algo que se ha hecho durante más de una década– porque no da resultados y es caro.
En su lugar, el país debe decidir de qué forma recupera el control del territorio. El proyecto de ley 24.717 del Poder Ejecutivo, que se discute en la Asamblea Legislativa para autorizar la explotación de la minería a cielo abierto –prohibida por ley desde 2010–, es una opción porque el Estado sacaría beneficios económicos mediante concesiones. Sin embargo, el plan requiere ajustes: reforzar la fiscalización, crear un fondo para atender posibles daños y, sobre todo, poner la subasta en manos técnicas y no políticas. La decisión, muy probablemente, la tomará la nueva Asamblea Legislativa. Independientemente de cuál sea, y siempre con el debido rigor en la protección de la naturaleza, lo primordial es detener el robo del oro que pertenece a todos los costarricenses y frenar la irracional destrucción y contaminación que sufre la zona.
