EscucharLos 502 proyectos de reconstrucción de vías, puentes y escuelas, incorporados al plan de inversión del crédito de $700 millones tramitado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), son urgentes. Entre las obras, 299 presentan riesgo inminente y 203 son objeto de decretos de emergencia. Desafortunadamente, el gobierno procuró una fuente de financiamiento exorbitantemente cara y un modelo de ejecución que hace temer incumplimientos y sobreprecios.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios lo han venido advirtiendo. Sus objeciones produjeron la inusual decisión del BCIE de anunciar una reducción de las tasas de interés del 8,87 % al 8,64 % para la mayor parte del crédito y a un 7,62 % para un segmento de $67 millones. Finalmente, la fijó en 1,5 % para un componente de $43 millones.
Llama la atención que un banco de cooperación y desarrollo no ofreciera las mejores tasas desde el inicio, en lugar de reducirlas para vencer objeciones, pero, con el descuento, todavía son altas. Sin embargo, el gobierno no desaprovecha oportunidad para culpar a los diputados de retrasar el crédito y hasta los responsabiliza por anticipado de una eventual tragedia.
“Dios no quiera que se nos muera alguien por no haber actuado a tiempo, luego de diez meses de que el Ejecutivo presentó eso (el empréstito) a la Asamblea Legislativa”, dijo el presidente Rodrigo Chaves el 15 de setiembre, durante la presentación de la ofrenda floral en el Monumento Nacional. Ese mismo mes, en un intento de presión sin precedentes, el gobierno lanzó una plataforma digital para invitar a los ciudadanos a exigir la aprobación del crédito. La plataforma incluye fotografías de los legisladores, sus direcciones electrónicas y enlaces directos a sus redes sociales.
Pero las dudas no solo asaltan a los diputados. El proyecto apenas logró dictamen afirmativo de la Junta Directiva del Banco Central porque su presidente ejecutivo, Róger Madrigal, ejerció el voto de calidad para romper el empate. Cuando se les elevó el crédito en consulta, tres directivos objetaron sus condiciones y otros tres las aprobaron.
Madrigal inclinó la balanza con su voto doble, luego de reconocer la enorme presión recibida y el deseo de evitar al Banco Central un reclamo por retrasar el crédito. No obstante, previó dificultades en el Congreso: “…están corriendo y con la Asamblea van a tener otro problema…”, dijo a los directores del Central. En suma, el dictamen afirmativo se debió a un voto de calidad emitido sin mucho entusiasmo.
Los directivos del bando contrario criticaron el largo plazo de endeudamiento (30 años) y tasas tan elevadas. Uno de ellos, Max Soto, calificó las condiciones financieras como “duras”, más allá de lo que se podría conseguir en el mercado local. Silvia Charpentier, vicepresidenta de la Junta, señaló que “ni Crédito Público ni el Banco hicieron los cálculos a valor presente de lo que costaría el crédito de fuentes multilaterales que nos pueden prestar para este propósito”.
Las obras fueron excluidas del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) del Ministerio de Planificación (Mideplán), encargado de velar por la viabilidad de las construcciones. Además, en la ejecución intervendría un sinnúmero de entidades, con evidente peligro de descontrol, ineficacia y hasta corrupción.
La Comisión de Asuntos Hacendarios no puede pasar por alto objeciones tan calificadas. Las obras urgen, pero no a cualquier costo y con riesgo de malograrlas. El país tiene experiencia en la mala gobernanza de empréstitos y el fracaso de sus mejores propósitos. El Ejecutivo es el llamado a procurar condiciones adecuadas para desarrollar los proyectos cuya urgencia nadie discute.
