Editorial

Editorial: Urgente ley para pensiones especiales

Los empleados de cinco entidades gozan de una pensión adicional, creada por ley o reglamento interno, con cargo a los presupuestos institucionales

La convocatoria del proyecto de ley de la exdiputada Yorleny León para eliminar las pensiones regaladas por cinco instituciones públicas a sus funcionarios es un acierto de la nueva administración, no solo por el ahorro, sino también por lo que podría significar como un paso más hacia la eliminación de privilegios injustificados.

A lo largo de demasiadas décadas el país permitió la acumulación de beneficios exagerados en todos los rincones de la Administración Pública por cuenta del erario, es decir, de todos los costarricenses, comenzando por los más humildes. Su contribución a la Hacienda pública es limitada, pero pagan el precio de los excesos con la reducción de los servicios estatales a su disposición.

Es inaceptable meter mano en los recursos del público para financiar regímenes especiales de pensiones en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Los empleados de esas entidades gozan de una pensión adicional, creada por ley o reglamento interno, con cargo a los presupuestos institucionales. En el ICT y la CCSS, los funcionarios no aportan un céntimo al fondo, en el BCR apenas cotizan el 0,5% del salario y en el ICE la cuota es del 1%.

En cambio, el ICT aporta un 5%, la CCSS un 3%, el BCR un 10% y el ICE un 4,5%. En el BN el aporte del empleado es un 5,5% del salario y la institución paga el 10%. Poco importa cuánto cotizan los empleados. Todos estamos en libertad de ahorrar para el futuro y hay regímenes de pensiones complementarias, incluso los administrados por el BCR y el Nacional. Lo importante es el monto aportado por las instituciones sin justificación alguna.

Desde el 2% de la Caja hasta el 10% de los bancos, se trata de un regalo por cuenta de la ciudadanía. Aparte del ICT y la CCSS, donde los funcionarios no cotizan, la mejor prueba es el régimen del BCR, donde por cada colón cotizado el trabajador recibe ¢20. La desproporción asombra.

Las mismas entidades aportan un 5,25% al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y un 4,25% al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Por su parte, el Estado cotiza un 1,41% al IVM. Si a esas cotizaciones generalizadas se les suma el 10% desembolsado por los bancos para nutrir el régimen de regalo, el total destinado a jubilaciones se eleva a casi un 21%.

El expediente convocado en sesiones extraordinarias logró dictamen afirmativo de la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso pasado y procura derogar las normas creadoras de la tercera pensión en las cinco instituciones. Las sumas involucradas son muy significativas. Esos regímenes tenían al 2019 más de 81.000 afiliados activos y más de 23.000 pensionados.

La pensión promedio en el Banco Nacional es de ¢937.000, de ¢325.000 en el ICE y ¢160.000 en la CCSS. Son pensiones comparables con buena parte de las pagadas por el IVM, sin mencionar los máximos de ¢7,1 millones en el Nacional, los ¢1,6 millones en el ICE y los ¢419.000 en la Caja.

Para respetar la ley y la jurisprudencia, las pensiones ya concedidas por los regímenes especiales se mantendrán, y quienes se jubilen en los 18 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley gozarán de las condiciones actuales, salvo la posibilidad de exigirles cotizar el 10% de su beneficio cuando exista un desequilibrio actuarial del fondo. A los trabajadores activos se les devolverán las cotizaciones o se trasladarán al ROP. Las instituciones arrastrarán el peso financiero de los regímenes especiales muchos años. Por eso, la ley debe ser aprobada sin demora.