Editorial: Unión de municipalidades requiere examen

Arias es nutricionista y el cargo exigía un técnico en Administración de Empresas. La objeción de Salas desencadenó un enfrentamiento y ella renunció alegando presiones de Porras y el asesor legal de la institución Carlos Bolaños, quien le pidió conversar sobre cómo contratar a Arias y ver si existía “algún huequito” por el cual se podía “meter”.

La conversación consta en una grabación dada a conocer por La Nación el 2 de octubre del 2023. El memorándum de la encargada de Recursos Humanos está fechado el 29 de agosto de ese año. Al día siguiente, el Consejo Directivo de la UNGL aprobó por unanimidad un nuevo manual de puestos donde el “huequito” quedó abierto y, un día después, Salas dejó el cargo.

Cuando presentó la renuncia, el Observatorio Municipal, área dedicada a “recopilar, centralizar, clasificar y analizar información cuantitativa y cualitativa” para apoyar la toma de decisiones en las municipalidades, se había transformado en el Observatorio Municipal y Salud Integral. Hasta la modificación, los requisitos incluían la licenciatura en una disciplina afín al puesto, dos años de experiencia en labores relacionadas, un año de experiencia en supervisión de personal y licencia B1 al día.

Al encargado del nuevo observatorio se le encomendó brindar a los gobiernos locales “acompañamiento técnico” por medio del “área nutricional”, y esa tarea no se le puede confiar a un experto en estadística, análisis e interpretación de datos. Hace falta una nutricionista, y Arias, que no pudo ser nombrada en la Dirección Ejecutiva por las objeciones de Recursos Humanos a finales de agosto del 2023, resultó idónea seis meses después para encargarse del remozado observatorio.

Diego Miranda, nuevo alcalde de San José, dice estar sopesando el retiro de la corporación capitalina de la UNGL porque el organismo se ha utilizado para fortalecer la agenda del Partido Liberación Nacional (PLN) y no hay claridad sobre los beneficios recibidos a cambio de la inversión de ¢80 millones anuales del gobierno local, cuyo control pasará a sus manos el 1.° de mayo.

La UNGL recibe fondos de sus demás afiliadas y de otras instituciones. También de la cooperación internacional, como una donación de la Unión Europea, cuyo manejo avivó cuestionamientos por la proporción destinada a salarios, viajes y capacitaciones cuando el propósito era ejecutar obras.

Los cuestionamientos no carecen de base. La UNGL ha dado la impresión de ser una proyección de la influencia alcanzada en el PLN por el sector municipal y no es coincidencia que la discusión provocada por el nombramiento de la hija de un exlegislador de esa agrupación repercuta en ella. Ricardo Sancho, presidente del PLN, dijo tener bajo consideración una denuncia ante el Tribunal de Ética del partido contra Karen Porras, quien, a la sazón, es miembro del Directorio Político Nacional.

María Auxiliadora Pérez, regidora en Nicoya, promovió la desafiliación de la UNGL porque la entidad dejó de representar los intereses reales de los ayuntamientos y se convirtió “en un club de amigos y un club de viajes”. La salida de Nicoya fue precedida por la del ayuntamiento de León Cortés, con argumentos muy similares. También han partido Moravia, Liberia, Coto Brus, San Pablo, Cartago, Paraíso, Quepos y Alvarado.

Abundan las razones para revisar el papel de la UNGL. Los recursos públicos puestos en manos de la entidad son cuantiosos, y sus aportes al mejoramiento de la gestión municipal deben medirse contra el costo. Los tiempos cambiaron. El escándalo Diamante y los resultados de la última elección municipal reconfiguraron la relación de fuerzas en el sector y expusieron nuevas vulnerabilidades. La UNGL no parece preparada para responder a esos cambios.