Editorial

Editorial: Una solución apenas aparente

La Contraloría criticó en abril la propuesta original de rebaja del impuesto sobre los combustibles por falta de una estimación del impacto en las finanzas públicas. Sin esa ponderación, ninguna iniciativa de ley debe ser aprobada, aunque la práctica legislativa nacional con frecuencia se aparta de ese principio básico

El precio de los combustibles es justo motivo de alarma y las medidas anunciadas por el presidente, Rodrigo Chaves, antes de partir hacia Davos, Suiza, son insuficientes.

Eso no justifica la reducción del impuesto sobre los combustibles en detrimento de las finanzas públicas.

La iniciativa original, consistente en rebajar ¢100 al tributo durante seis meses prorrogables y exonerar al agro y el transporte, causaría un faltante de ¢285.500 millones en las arcas del Estado, según el exministro de Hacienda Elian Villegas.

La estimación del nuevo ministro, Nogui Acosta, es de unos ¢240.000 millones.

Una versión más moderada, promovida por la Unidad Social Cristiana, elimina las exoneraciones y solo reduce el impuesto en ¢50 para el diésel y ¢25 para las gasolinas, con lo cual el faltante sería de por lo menos ¢80.000 millones, según cálculos de la actual administración.

La Contraloría General de la República criticó en abril la propuesta original por falta de una estimación del impacto en las finanzas públicas, y anticipó que sería considerable, dado el valor de las tarifas y la composición del consumo de estos productos.

Más allá del proyecto concreto, el señalamiento de la Contraloría puede leerse como una crítica a la forma de legislar.

La oposición ofrece beneficios y al Ejecutivo le corresponde calcular el costo y, si se aprueba la iniciativa, lidiar con sus consecuencias. Así, la Asamblea Legislativa ha llegado a repartir más del 100% de un impuesto y crea derechos y servicios sin señalar sus fuentes de financiamiento.

La rebaja es, en apariencia, la solución más sencilla a un problema apremiante cuyas consecuencias se observan a simple vista. El señalamiento de la Contraloría, no obstante, invita a reflexionar sobre los efectos menos obvios de la medida.

Sin esa ponderación, ninguna iniciativa de ley debe ser aprobada, aunque la práctica legislativa nacional con frecuencia se aparta de ese principio básico.

El ejemplo más notable es el artículo constitucional aprobado con bombos y platillos para transferir el 10% del presupuesto nacional a las municipalidades. Nadie se detuvo a considerar que el Gobierno Central funciona con el 20% del presupuesto luego de repartir el 80% a destinos específicos y necesidades urgentes. Para cumplir el mandato constitucional, sería necesario cerrar la mitad de los ministerios.

Lo mismo sucedería, en menor escala, con la reducción del impuesto sobre los combustibles. La disposición implicaría reducir gastos fundamentales del presupuesto nacional, dice el ministro de Hacienda. “Hay que definir qué dejamos de financiar: ¿los gastos sociales, los recursos para las municipalidades, la Cruz Roja? ¿Qué?”, preguntó.

El proyecto original fracasó en la legislatura anterior, pero revivió el lunes cuando las bancadas de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana pidieron al Ejecutivo incluirlo en la agenda legislativa haciendo uso de sus potestades durante el período de sesiones extraordinarias.

Seguramente, entienden las reducidas posibilidades de lograr la convocatoria. El presidente y el ministro de Hacienda ya se manifestaron en contra, y tienen a su favor el criterio de la Contraloría.

Las consecuencias para el erario fueron estimadas tanto por la anterior administración como por la actual.

La insistencia de la oposición coloca al gobierno en la difícil situación de negarse a una medida en apariencia benéfica. Es un debate difícil de ganar cuando los precios de los combustibles afectan a tantos sectores.

No obstante, el tiempo invertido en la discusión sería más provechoso si se le dedica a encontrar un verdadero paliativo al alza en los precios de los hidrocarburos.

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