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Pocas afirmaciones cuentan hoy con tanta evidencia como la necesidad de una reforma profunda del sistema eléctrico nacional. Sin desconocer el papel decisivo que desempeñó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la expansión del servicio durante el siglo pasado ni la amplia cobertura que el país alcanzó bajo su liderazgo, hace ya demasiado tiempo resulta claro que la institución, por sí sola, no está en capacidad de responder a las exigencias energéticas de la Costa Rica actual y del futuro.
La sucesión de proyectos fallidos –por su costo, sus atrasos o su inoperancia–, sumada a la necesidad de continuar atrayendo inversión extranjera, el creciente peso del sector industrial, la descarbonización, la electrificación del transporte público, el potencial desarrollo de industrias –como la de semiconductores y centros de datos–, la falta de renovación de contratos con generadores privados y la amenaza creciente de fenómenos naturales asociados al cambio climático, ha dejado al país en una posición de mayor fragilidad y compromete su seguridad energética.
Dicho sin rodeos: Costa Rica no está produciendo toda la electricidad que necesita y esa brecha la obliga a importar energía y a recurrir a combustibles fósiles. Persistir en esta inercia no solo agravará la dependencia y nos expone a racionamientos, sino que encarecerá los costos de la tardanza con serias implicaciones para la competitividad del país y el bienestar de la población.
Ese desafío es, precisamente, el que pretende atender el proyecto actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, denominado Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, que guarda semejanzas con la Ley General de Electricidad impulsada al final de la administración Arias Sánchez y retomada, en una versión menos ambiciosa, durante el gobierno de Laura Chinchilla.
La iniciativa propone abrir el mercado de generación, mejorar las condiciones para la inversión privada, incentivar la competencia entre proveedores –incluido el ICE– y dotar al sector de un marco normativo más moderno. Entre sus ejes más relevantes figura la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosén), una entidad autónoma e independiente llamada a operar y planificar tanto el sistema como el mercado.
Como era previsible, su discusión en primer debate ha suscitado reacciones encontradas dentro y fuera del Congreso. Las posiciones del Frente Amplio, la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) responden, en lo esencial, a líneas ya conocidas: los dos primeros se mantienen fieles a su rechazo a la apertura y a la inversión privada en la generación eléctrica; el PUSC, en cambio, ha respaldado la apertura y ha planteado ajustes al proyecto. Más difícil de justificar es la decisión del Partido Liberación Nacional (PLN) de oponerse, pese a esos antecedentes arriba mencionados y al hecho de que el texto sustitutivo sometido a votación llevaba la firma de diputados liberacionistas de la legislatura anterior.
Este periódico ha defendido durante años la apertura, la inversión privada y la competencia en el sector eléctrico, de modo que valora positivamente la eventual aprobación de este proyecto, aunque necesita cambios. Sería un error confundir una orientación correcta con un texto suficientemente robusto. La propuesta aún arrastra algunas debilidades importantes, y la decisión del Poder Ejecutivo de desconvocarla durante estas sesiones extraordinarias abre, justamente, una oportunidad que no debería desperdiciarse para corregirlas.
Entre los ajustes relevantes figuran evitar que la integración del Ecosén facilite su captura por parte de los regulados y asegurar la representación de los consumidores; precisar el mecanismo para fijar el canon y sus topes, por ser este la fuente de financiamiento del Ecosén; incorporar métricas más estrictas para mitigar el impacto sobre los usuarios finales, y aclarar la metodología para definir el peaje por transmisión.
Por encima de todo, este proceso de apertura debe estar guiado por una exigencia innegociable de transparencia. La experiencia del país con la apertura del sector de telecomunicaciones –tanto por la limpieza del proceso como por los beneficios que generó para los consumidores– ofrece una referencia que sería irresponsable ignorar.
Si el Poder Ejecutivo aspira a sacar adelante esta reforma, este es el momento de privilegiar el diálogo, la negociación legislativa seria y el fortalecimiento técnico del proyecto.
En una discusión de esta magnitud, sobra vociferar desde Zapote, así como sobran los dogmas, los eslóganes, las etiquetas y las inconsistencias. Hacen falta acuerdos con fundamento, entendiendo que no se trata de defender instituciones o grupos de interés, sino de resolver el rezago en que ya nos encontramos y hacer un uso más racional y eficiente de la energía para beneficio de todos.
