EscucharA menos de un año de las elecciones presidenciales, el gobierno de Rodrigo Chaves apuesta por un anuncio de alto impacto mediático. Se trata de la construcción de una megacárcel al estilo Bukele, con capacidad para 5.000 privados de libertad, la cual sería levantada, dice el Ejecutivo, en 195 días. El proyecto, sin embargo, se desmorona al confrontarlo con la realidad. No tiene terreno, fecha ni financiamiento claro. Lo que sí tiene es abundante propaganda.
El viraje detrás de este plan es revelador. Hace menos de un año, en julio, el gobierno impulsaba su entonces plan estrella, que consistía en cárceles de carpas porque, según palabras del presidente, “no tenemos presupuestos para megacárceles”, como lo dijo en San Miguel de Desamparados, el 16 de julio. Aquella idea colapsó por falta de sustento técnico y plan de factibilidad.
Ahora el gobierno reaparece con una propuesta más ambiciosa, pero con fundamentos igual de frágiles: una megacárcel que supuestamente estaría lista en seis meses una vez puesta la primera piedra. ¿Así de fácil?
Los antecedentes plantean dudas. El 12 de julio, cuando justificaba las carpas, el ministro de Justicia, Gerald Campos, hablaba también de un plazo de seis meses para ponerlas en funcionamiento, una vez adjudicado el contrato. Si para estructuras livianas se requerían 195 días, ¿cómo creer que una megacárcel estará en el mismo plazo?
Hay más. Ese mismo 12 de julio, Campos aseguraba que levantar una cárcel de material sólido tomaría hasta tres años. ¿Por qué ahora asegura que bastan seis meses? La prueba de que lo dijo quedó en un video divulgado por la Presidencia.
Una vez descartadas las carpas, Campos comenzó a hablar de una prisión convencional, pero ha ofrecido un desfile de versiones sobre el costo y financiamiento. El 10 de agosto pasado mencionó a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que, con un crédito de $100 millones del BID, levantarían un centro penitenciario de $70 millones; los restantes $30 millones serían para remodelar los existentes.
Este año, redujo el monto a $60 millones y, más tarde, aseguró que se abarataría a $35 millones, un ahorro de $25 millones, según él, gracias a la donación de planos por parte del gobierno de El Salvador. Más tarde, afirmó que los $35 millones podrían salir de alguna donación internacional que no identificó. Y, por último, sostuvo que provendrían del presupuesto ordinario. Pero es sumamente curioso porque el 11 de setiembre, ante diputados de la Comisión de Hacendarios, Campos admitió que comenzarían el 2025 con un déficit de ¢10.000 millones en el presupuesto para cubrir lo más básico, como alimentación, agua y electricidad.
A esta bruma financiera se suma otro elemento. Campos dice que solo con los planos salvadoreños se ahorrarán $25 millones. Es decir, los planos por sí solos costarían el 42% de la totalidad del proyecto, una cifra muy inusual. ¿Y la adaptación al terreno?
Es imposible no notar que, ante la evidente falta de viabilidad, el gobierno ya prepara el terreno para repartir culpas y la Contraloría General de la República encabeza su lista de sus sospechosos. Según Campos, si hay trabas, será responsabilidad de la contralora “cargar sus muertos”. Chaves no se quedó atrás al decir que “no lo sorprendería” que Marta Acosta lo obstaculizara. Así, con una narrativa lista para ser activada en caso de tropiezo, el Ejecutivo se blinda con retórica mientras la obra sigue sin asomar.
Tampoco sería extraño que, como ocurrió con el fiasco de las carpas, los próximos señalados sean los diputados. En aquella ocasión, Chaves amenazó con exhibir públicamente a quienes frenaran el presupuesto de ¢2.600 millones. Ahora, si la megacárcel se queda en el aire –como parece previsible–, no sería raro que emerja el mismo guion.
Sí tenemos que dejar claro que es necesario construir una nueva cárcel y mejorar las condiciones de los 11 centros penitenciarios porque el hacinamiento es excesivo y los privados de libertad sufren condiciones lamentables. Lo hemos informado con detalle: el sistema alberga a 17.452 personas, con una sobrepoblación de 27% y esto detona las crisis. Pero llamamos la atención de que durante casi tres años, este gobierno no planteó un solo proyecto penitenciario sólido. Ahora, el giro hacia la megacárcel –promocionada como al rimbombante “estilo Bukele”– apareció en la recta final de la administración y en medio de la campaña electoral para los comicios de febrero.
Sin embargo, construir cárceles no es tan fácil como lo proyectan. Por su naturaleza, implica una precisa planificación técnica, legal y presupuestaria. Pero, sobre todo, requiere que el proceso sea transparente, algo que no se evidencia en este caso, tal como lo han reflejado informaciones de La Nación.
