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La indiscreción de un micrófono abierto en una sesión virtual llevó a Vianey Hernández, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a hacer público un aparente acuerdo preexistente de no aprobar los estados financieros del seguro de salud a junio de 2025. La Junta Directiva decidió, finalmente, aplazar la aprobación de los estados financieros para analizarlos con mayor profundidad, pero el comentario, breve y aparentemente casual, expone un problema que va mucho más allá.
Una junta directiva existe para examinar la información disponible, contrastarla y llegar a una decisión informada tras el debate. Si el resultado de una votación ya está definido antes de que se presenten los datos, el ejercicio deliberativo pierde su razón de ser y se convierte en una mera formalidad. No se cuestiona el derecho de cualquier director a tener reservas sobre la información que se le presenta, pero esas reservas deben manifestarse, argumentarse y someterse al escrutinio de sus pares dentro de la sesión, no en el ámbito privado.
Este episodio no debe eclipsar el problema estructural que lo antecede, derivado del atraso de más de un año en la presentación de los estados financieros de la Caja, que generó que existieran 13 informes pendientes de ser conocidos por su Junta Directiva. El último estado financiero disponible era de mayo de 2025.
La situación comenzó a corregirse este jueves 27 de agosto, cuando la Junta Directiva aprobó por unanimidad los estados financieros del Seguro de Salud con corte a junio de 2025, con un retraso de 13 meses. Además, estableció un cronograma para que la Gerencia Financiera entregue, entre octubre y diciembre próximos, los cierres contables del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2025.
El avance es positivo y el cronograma es necesario para recuperar la normalidad. Pero el atraso acumulado no deja de ser un problema de rendición de cuentas que merece explicaciones. Para una institución que administra los recursos del Seguro de Salud y de Pensiones de la mayoría de la población del país, semejante vacío de información no es un problema administrativo menor; es una falta de rendición de cuentas inaceptable que, curiosamente, no ha generado la alarma institucional que ameritaba.
El origen de este atraso nos lleva a un tercer punto que merece análisis. La migración al nuevo sistema contable ERP-SAP provocó un descalabro en los registros contables de la Caja, con incidentes relacionados con inventarios y sistemas que impidieron, precisamente, la generación de información financiera desde junio de 2025.
La implementación de plataformas tecnológicas de esa envergadura en instituciones del tamaño de la CCSS exige planificación rigurosa, pruebas exhaustivas y planes de contingencia capaces de evitar que un cambio de sistema paralice, durante más de un año, la capacidad de la institución de informar sobre su propia situación financiera.
Que ello haya ocurrido revela una fragilidad en la gestión tecnológica y administrativa que no puede atribuirse únicamente a la complejidad técnica del proceso. Quedan, además, muchas dudas sin respuesta sobre el alcance del incidente, las responsabilidades asociadas y si se perdió o no información relevante en la migración.
En este contexto, adquiere particular relevancia la decisión de la Junta Directiva, tomada también el 27 de agosto, de suspender por cuatro meses, con goce salarial, a tres altos funcionarios del área financiera y contable de la CCSS, entre ellos el gerente financiero, Gustavo Picado; el director financiero, Andrey Sánchez, y la jefa del Área de Contabilidad de Costos, Azyhadde Picado. La medida cautelar se tomó después de que la Junta conociera una relación de hechos remitida por la Auditoría Interna, en la que se señala falta de oportunidad en la remisión de información contable.
La decisión merece especial atención porque se produjo pocas horas después de la aprobación de los estados financieros elaborados con el sistema ERP-SAP y porque los funcionarios suspendidos son, además, testigos en el caso Barrenador. Corresponderá a las investigaciones determinar las responsabilidades que eventualmente existan, pero el episodio refuerza la necesidad de esclarecer qué ocurrió con la información financiera de la institución y por qué se produjo un atraso de semejante magnitud.
Los tres elementos mencionados convergen en una misma preocupación de fondo. Una institución dirigida por una Junta Directiva cuyas decisiones parecen predefinidas fuera de micrófonos, una entidad que acumula más de una decena de estados financieros sin presentar y una plataforma tecnológica cuya falla explica en buena medida ese atraso, desnudan una debilidad institucional que la CCSS no puede permitirse.
La sostenibilidad del Seguro de Salud se asienta, entre otros factores, en la confianza pública de que sus cifras son conocidas, discutidas y aprobadas con seriedad técnica. Los datos expuestos en la última sesión, el crecimiento de ingresos, el aumento del gasto de funcionamiento, la deuda estatal con la institución y los excedentes reportados, son precisamente el tipo de información que los directivos y los ciudadanos necesitan conocer con regularidad y sin dilaciones.
Ninguna reclasificación contable, por compleja que sea, justifica más de un año de silencio financiero en la institución que administra el sistema de salud y pensiones de la población.
La CCSS tiene la tarea urgente de normalizar la presentación de sus estados financieros, corregir de manera definitiva las fallas de su sistema contable y garantizar que sus órganos de gobierno deliberen con la seriedad técnica y la transparencia que exige la magnitud de sus recursos y de su rol en la sociedad costarricense.
