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En medio de crecientes cuestionamientos desde el poder político y de decisiones internas que erosionan su legitimidad, las cinco universidades públicas están obligadas a acelerar reformas, ajustar sus estructuras de operación y asumir un liderazgo activo ante el desafío de aumentar la graduación con una oferta alineada a las necesidades del desarrollo nacional.
Ponemos el tema sobre la mesa porque el Informe Estado de la Educación 2025 concluyó que el país requiere con urgencia que la educación superior acelere el ritmo de sus resultados, pues no está formando suficientes profesionales. El logro educativo –la proporción de jóvenes que culminan estudios universitarios– se desaceleró, mientras los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) continúan avanzando.
Esa brecha, que era de cinco puntos porcentuales a finales de los años 90, hoy supera los 15 puntos. De mantenerse esta tendencia, al 2035 la población de 25 a 34 años con estudios universitarios alcanzaría apenas un 40,7%, frente a un 64,8% en la OCDE, una diferencia de 24 puntos. De ahí que el informe advierta de que elevar el logro universitario al menos al 50% es una necesidad nacional urgente.
Aunque esta meta supone más recursos y firmes decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de universidades públicas y privadas, corresponde a los rectores de las cinco estatales liderar el cambio, no solo por la inversión anual de al menos ¢593.000 millones que el Estado hace en ellas, sino por su peso en la matrícula estratégica, la regionalización, las becas y la formación de talento clave para el desarrollo.
En momentos en que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 se ha convertido en un foco de conflicto por la negativa del gobierno del presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa, Laura Fernández a aumentarlo, los rectores deben resolver la añeja discusión sobre la distribución de los recursos. La fórmula es prácticamente la misma implantada desde 1981, pese a que el país ha cambiado radicalmente en los últimos 45 años.
Para este año, la Universidad de Costa Rica (UCR) recibió 50%; la Universidad Nacional (UNA), 20,9%; el Instituto Tecnológico (TEC), 11,2%; la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 9,5%, y la Universidad Técnica Nacional (UTN), 6,8%, mientras 1,6% llegó al Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El reparto sigue anclado en porcentajes históricos, no en indicadores como la cantidad de alumnos, sus condiciones socioeconómicas, niveles de graduación, pertinencia de las carreras o el aporte al mercado laboral. Los ajustes deben darse pronto, porque el país requiere alinear la formación profesional a los nuevos requerimientos derivados de la cuarta revolución industrial.
Este planteamiento lo hace desde hace varios años el Estado de la Educación al indicar que el Tecnológico es la única universidad que concentra su oferta en carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que son las especialidades que más necesitan las empresas del país.
Al mismo tiempo, el financiamiento atraviesa un periodo crítico. La incertidumbre por tanto conflicto político dificulta la planificación y limita metas de cobertura y calidad. El problema se agrava por la contracción del FEES, que cayó 4,73% en términos reales entre 2019 y 2024, según dijo el Estado de la Educación, pese a que más del 80% de los ingresos universitarios depende de este fondo. Un dato revelador es que los pagos por matrícula representaban en 2024 el 10,2% de los ingresos corrientes de la UTN, el 8% en la UNED, el 3,9% para el TEC, el 2,5% en la UCR y apenas el 1,7% en la UNA.
Aun así, las universidades han ampliado su alcance. La matrícula creció un 18% entre 2014 y 2024, hasta 119.460 estudiantes, y en 2025 alcanzó los 136.998, con un 36% fuera de la GAM. La inversión en becas pasó de ¢55.724 millones en 2019 a ¢91.379 millones en 2025, cerca del 15% del FEES. El Estado de la Educación demostró esfuerzos por contener el gasto en remuneraciones entre 2020 y 2024, al menos en tres universidades: su peso en el presupuesto total se redujo de 81% a 72% en el TEC; de 75% a 67% a la UCR y de 76% a 68% en la UNA.
Sin embargo, decisiones como el aumento salarial aprobado por el rector de la UCR a inicios del año pasado para 18 puestos de su confianza (de entre ¢632.000 y ¢3 millones), que luego debió revertir, junto con gastos cuestionados en restaurantes, han opacado esos avances y erosionado la confianza pública.
Por eso, solicitar para 2027 un aumento del 2,94% en el FEES (más de ¢17.000 millones) debe sustentarse en transparencia irrestricta, sobriedad en el gasto, resultados medibles y el compromiso de acelerar el logro educativo y alinear la formación con las demandas del desarrollo nacional.
No se trata solo de convencer al gobierno de turno o a la próxima administración, sino al país entero, de que la inversión en educación superior pública se traduce en movilidad social, competitividad y futuro.
