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En Costa Rica han empezado a soplar vientos lo suficientemente fuertes para agitar la economía. Un entorno internacional y local cada vez más inestable reúne las condiciones para la formación de una “tormenta perfecta”, esa combinación de factores que, al coincidir en el tiempo, terminan amplificando sus efectos sobre la producción, el empleo, los servicios públicos y el costo de vida.
El país ya está en esa etapa que los protocolos de emergencia identifican como alerta amarilla, es decir, un momento en el que aún no se ha desatado el temporal, pero sí hay motivos para prepararse, anticipar riesgos y tomar decisiones antes de que las condiciones puedan golpear con mayor fuerza.
Los indicios son múltiples. La guerra en Oriente Medio disparó los precios internacionales del petróleo al punto de que la factura petrolera nacional aumentaría este año, como mínimo, en unos $600 millones, al ascender a cerca de $2.470 millones.
El primer embate comenzó a sentirse en los bolsillos desde este 7 de mayo, cuando la gasolina regular subió ¢120 por litro; la súper, ¢101, y el diésel (clave para transporte y producción), ¢151. Y, para junio, Recope proyecta hasta ¢22 más en las gasolinas y una rebaja de ¢46 en el diésel.
La crisis geopolítica también podría desacelerar la inversión extranjera y la llegada de turistas, dos pilares de la economía debido a la cantidad de empleos y divisas que generan. A ello se suma la advertencia hecha por el Fondo Monetario Internacional en marzo: el aumento de la criminalidad podría afectar el atractivo del país para inversionistas y visitantes.
Paralelamente, el Banco Central encendió la luz amarilla al anunciar que el tipo de cambio del dólar podría aumentar “en cualquier momento”, lo que impactaría directamente a miles de personas endeudadas en moneda extranjera y elevaría también el costo de la deuda pública. Estamos avisados de que un eventual incremento del 10% en el tipo de cambio del dólar respecto al colón podría llevar el endeudamiento del Gobierno hasta cerca del 70% del producto interno bruto.
Como si todo eso no bastara, a partir de junio es altamente probable que se instale en el país el fenómeno El Niño, con posibilidad de intensificarse hacia finales de año. Sus efectos suelen traducirse en menos lluvias y temperaturas más altas en gran parte del territorio nacional, lo cual impactaría la generación eléctrica que, en gran medida, depende de embalses hidroeléctricos. El país tendría que utilizar más las plantas alimentadas con diésel, justo en momentos en que ese combustible afronta alzas internacionales. En esas condiciones, las tarifas eléctricas se verían contra la pared.
También, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Corporación Ganadera (Corfoga) y el Sector Palangrero Nacional advirtieron de que el fenómeno climático podría afectar una amplia cantidad de cultivos, la producción animal y la pesca, con repercusiones sobre la oferta y los precios de los alimentos.
Mientras estos sectores activan medidas preventivas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ni siquiera respondió en abril a La Nación cuáles acciones contempla. Si ya el país agotó la fase de alerta verde que, en los protocolos de emergencia, implica identificar e informar de los posibles riesgos, lo responsable ahora es pasar a la amarilla, es decir, prepararse.
Un llamado especial debe hacerse al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) luego de que, en 2024, no anticipara el potencial de El Niño de ese año y expusiera a hogares e industrias a racionamientos de electricidad de varias horas al día que, al final, no sucedieron porque la naturaleza mandó lluvias que llenaron los embalses de las hidroeléctricas.
El plan de lo que hará ahora debe ser anticipado porque el país no puede volver a la angustia de aquellos días ni a los sobrecostos por la improvisación. El mismo llamado debe lanzarse al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para evitar que se repita la excusa del “no se puede garantizar el agua 24/7” que dio en 2024, cuando miles de familias sufrieron racionamientos de agua. Debe recordarse que fue esa institución la que dejó perder un crédito de $399 millones para el megaproyecto Orosi II, destinado a asegurar el abastecimiento del vital líquido a más de 638.000 habitantes de San José, Heredia y Cartago.
El ventolero que ya golpea los costos del transporte pronto podría trasladarse a tarifas, alimentos y otros bienes esenciales, justamente en momentos en que el Estado dispone de poco margen fiscal para amortiguar el impacto mediante subsidios o ayudas extraordinarias.
Tantos nublados que empiezan a cubrir el panorama económico no son para entrar en pánico, sino para prepararse. La responsabilidad de liderar la estrategia nacional es ahora de la administración Fernández Delgado. Se hace vital la conjunción de fuerzas –las de su gobierno y las de la oposición– para definir escenarios, arrollarse las mangas y trabajar desde ya en las medidas para reducir estos impactos.
