EscucharLos costarricenses nos encaminamos con preocupante pasividad hacia una crisis sin precedentes en nuestro sistema previsional. Entre los años 2047 y 2050, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, y el fondo de jubilaciones del Poder Judicial agotarán sus reservas. A partir de entonces, por mandato del artículo 177 de la Constitución, el Estado deberá asumir el pago de pensiones mediante recursos del Presupuesto Nacional. Es decir, serán los contribuyentes quienes deban cubrir la diferencia a través de impuestos o deuda pública.
Esa garantía del Estado no puede ser un cheque en blanco para sostener regímenes ineficientes o insostenibles. Ningún sistema de pensiones debe trasladar su desbalance a la población mediante impuestos o deuda. Incluso, el principio de solidaridad no puede servir de escudo para regímenes que se niegan a corregir sus desequilibrios.
Según los estudios actuariales dados a conocer por el periodista de La Nación Óscar Rodríguez, el IVM presentará un déficit de ¢2,3 billones en su primer año sin reservas, mientras que el régimen judicial requerirá ¢173.000 millones. Esa carga aumentará rápidamente: cuatro años después del colapso, el IVM demandará más del 50% del PIB actual del país, unos ¢21 billones. El hueco actuarial de este régimen asciende a ¢74,6 billones.
Mientras tanto, el fondo judicial reporta un déficit de ¢787.000 millones, un 24% más que en 2023, pese a tener solo 4.236 jubilados y 13.983 empleados activos. Y en el 2054 su desbalance sería de ¢1 billón.
La causa es clara: los aportes de trabajadores, patronos y el Estado no alcanzan para cubrir las pensiones y al Ministerio de Hacienda le sería imposible, sin un aumento importante de ingresos, poder subsidiar esos montos.
Ante la gravedad de las proyecciones, la notable pasividad para buscar soluciones es una ofensa pública. Ya la Superintendencia de Pensiones (Supén) advirtió de que las reformas aplicadas en el IVM en 2024 –como eliminar el adelanto de pensión para hombres y subirla a 63 años para mujeres– no tuvieron el impacto requerido. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo abandonó en 2024 la mesa de diálogo convocada por la Superintendencia. El Congreso, lejos de corregir rumbos, aprobó una rebaja en la edad de jubilación para los funcionarios del OIJ, contraviniendo las advertencias actuariales.
Paralelamente, el régimen judicial se niega a aplicar reformas recomendadas por al menos seis estudios actuariales desde 2019. Alega que van en contra del ordenamiento jurídico.
Es irresponsable que, como sociedad, toleremos la inacción de quienes tienen en sus manos el poder de impulsar los cambios. Postergar las soluciones solo agrava la crisis y traslada la carga a las futuras generaciones.
Por ejemplo, en el IVM no hay escapatoria al hecho de que la edad de pensión debe ser discutida y revisada. Elevarla a los 70 años es una de las opciones planteadas en documentos técnicos de la CCSS. También se propone debatir la fórmula de cálculo para que la pensión represente un 40% del salario y aumentar las cotizaciones tanto obreras como patronales.
El aporte a este sistema de retiro llegará al 12,19% en 2029, pero se discute elevarlo al 13,19%, cargando un punto porcentual adicional a los trabajadores. Igualmente, se recomienda que los pensionados asuman el 5% que hoy cubre el fondo para el Seguro de Salud.
En el caso del Poder Judicial, se debe eliminar el adelanto de pensión sin respaldo actuarial o, en su defecto, imponer penalizaciones contundentes. El castigo por anticipar la jubilación es de apenas 1,54% por año. El último estudio recomienda elevarlo al 7% anual, pero ni siquiera eso ha sido aceptado.
Otra decisión vital es transitar hacia un sistema más homogéneo, donde se eliminen privilegios y se compartan los riesgos. Esto no significa ignorar los derechos adquiridos, sino establecer condiciones equitativas para los nuevos cotizantes y consolidar estructuras bajo reglas comunes.
A esto se suma otra gran preocupación y es la desatención a los estudios actuariales. La Supén debió recalcar que son instrumentos esenciales para advertir sobre los riesgos y orientar reformas. Pese a eso, las autoridades pueden ignorarlos sin consecuencias. Es necesario establecer un marco legal que obligue a aplicar reformas cuando se sobrepasen ciertos umbrales de déficit o razón de solvencia. No se puede seguir aceptando, por ejemplo, que la Junta Administradora del Poder Judicial descarte cada año propuestas con el pretexto de que “no se ajustan al ordenamiento jurídico”.
Este debate debe trascender intereses gremiales, cálculos electorales o privilegios institucionales. La sostenibilidad del sistema previsional es una responsabilidad nacional. La Asamblea Legislativa no puede seguir aprobando jubilaciones a los 55 años. El Poder Judicial no puede continuar desafiando los criterios de la Supén. Y el Ejecutivo no puede mantenerse al margen del proceso de una de las reformas más urgentes del país.
Todos deben actuar con honestidad y compromiso. La estabilidad de los sistemas de pensión depende de decisiones que pueden resultar impopulares, pero son necesarias.
