EscucharPara justificar parcialmente la arbitraria decisión de la segunda administración Trump –que violó unilateralmente el acuerdo de libre comercio vigente entre ambos países (TLC) e impuso un improcedente arancel del 10% a todas nuestras exportaciones–, el gobierno estadounidense elaboró un listado con varias medidas adoptadas por Costa Rica, que considera barreras al comercio. Tras una primera sesión de negociación, celebrada la semana pasada en Washington D.C. para discutir el tema arancelario, el Ministerio de Comercio Exterior manifestó la disposición del país a revisar y corregir dichas medidas.
La discusión sobre estas prácticas tiene fundamento, pues efectivamente parecen constituir barreras innecesarias a la libre circulación de bienes y prestación de servicios en los términos acordados en el TLC.
En el caso de la veda a la importación de papa de mesa, los extensos cuestionarios con información innecesaria requeridos para la exportación de productos animales (lácteos, mariscos, ovejas y huevos) y la aplicación abusiva de medidas sanitarias y fitosanitarias, es bien sabido que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto con otros órganos del sector, han recurrido durante años a diversas estrategias para retrasar o impedir la importación de ciertos productos considerados sensibles, ya sea de manera temporal o permanente.
Basta recordar el tristemente célebre caso del aguacate Hass proveniente de México, en el que los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado argumentaron un falso riesgo sanitario para la producción nacional y prohibieron su importación. Esta medida se mantuvo vigente durante años hasta que un panel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) condenara a Costa Rica y llevara a que la actual administración acatara el fallo sin demora. La queja estadounidense alude, precisamente, a prácticas proteccionistas similares aplicadas a otros productos agropecuarios.
Asimismo, es evidente que la legislación nacional sobre contratación pública permite un cuestionable portillo que exime de los procedimientos normales de contratación cuando la transacción se realiza entre entidades de derecho público. Esto ha hecho posible que la administración contrate directamente con entidades como Racsa, Sinart, ICE o la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, contrataciones que han sido cuestionadas incluso a nivel local por su inconveniencia, al excluir posibles mejores oferentes y permitir otros vicios. Aunque una reforma reciente limitó el alcance de estas contrataciones, su discusión y posible eliminación siguen abiertas, y ciertamente, las empresas estadounidenses y de otros países podrían verse perjudicadas por esta disposición.
En cuanto al impuesto selectivo de consumo sobre las bebidas alcohólicas destiladas, si bien se trata de un tributo de carácter nacional, la aplicación práctica de las diferentes tasas está diseñada para favorecer a la Fábrica Nacional de Licores y encarecer la importación de productos con los que compite. Si se ha cuestionado la existencia misma de un monopolio estatal en la producción de licor, con igual razón deben revisarse las prácticas comerciales que resultan en un proteccionismo discriminatorio. En materia de protección de los derechos de propiedad intelectual –tema de primordial importancia para Estados Unidos–, también existe margen suficiente para mejoras a nivel local.
Todo lo anterior no debe interpretarse como un aval al matonismo arancelario del gobierno norteamericano ni a la forma arbitraria en que ha buscado imponer la discusión de estos temas. Si para Washington resulta irritante la existencia de estas medidas, más lo es para sus socios comerciales tener que lidiar con un país que no cumple con sus obligaciones legales ni respeta los procedimientos acordados para la solución de diferencias en las relaciones comerciales.
Ahora bien, si para normalizar las relaciones con nuestro principal socio comercial y volver a los niveles arancelarios acordados con el TLC es necesario –y, sobre todo, si realmente fuera suficiente– corregir las medidas indicadas, ese es un precio que podemos pagar –como bien pretende el gobierno– no solo como muestra de nuestra disposición y buena voluntad, sino, más importante aún, como señal de nuestro genuino compromiso con un libre comercio de beneficio mutuo. Si las exigencias estadounidenses sobrepasaran esas demandas de carácter comercial, deberá entonces el gobierno proceder con mucho mayor cautela.
