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Luego de una campaña electoral en la que nos prometieron a manos llenas, nos estrellamos con la cruda realidad de la falta de recursos. Hacienda proyecta para este año una caída de ¢228.000 millones en la recaudación tributaria y una reducción de la carga tributaria al 11,9% del PIB. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió al país, desde el viernes 29 de mayo, mantener su compromiso con la regla fiscal. Destacó también la importancia de impulsar reformas para aumentar los ingresos, incluida la racionalización del gasto tributario.
La situación es seria y la respuesta no puede ser simplista. Hacienda sostiene que no planea subir impuestos, pero sí mejorar la recaudación de los actuales. Es un enfoque sensato, pero el Estado debe, además, demostrar con números que está dispuesto a recortar primero el gasto burocrático, las duplicidades, los privilegios, los programas ineficientes y las estructuras administrativas que consumen recursos sin mejorar la vida de los ciudadanos. La factura del ajuste no puede llegar, otra vez, a quienes menos margen tienen para pagarla.
El país necesita más seguridad, mejor educación, menos listas de espera, infraestructura decente, cárceles bajo control y servicios públicos oportunos. Pero esas necesidades no justifican, por sí solas, cargar más a hogares, asalariados, pequeñas empresas y sectores productivos que ya afrontan costos altos, trámites lentos e incertidumbre económica.
Con frecuencia, la discusión fiscal se reduce a la disyuntiva de si subir impuestos o desfinanciar servicios esenciales. Luego de que Hacienda descartara la primera alternativa, y sabiendo que la segunda solo agravaría los problemas, es necesario dirigir los esfuerzos hacia una tercera vía, más exigente y menos cómoda para la política: proteger los servicios indispensables y recortar lo que no los sostiene. No es lo mismo reducir gasto en aulas, patrullas, hospitales o transferencias a población vulnerable que revisar consultorías innecesarias, plazas duplicadas, pluses injustificados, alquileres, instituciones redundantes, juntas directivas, compras ineficientes y programas sin evaluación.
El FMI ofrece una pista relevante cuando recomienda racionalizar el gasto tributario, es decir, revisar las exoneraciones fiscales otorgadas por ley. Si el país necesita ingresos adicionales, debe empezar por preguntarse quiénes reciben beneficios fiscales, por qué los reciben, cuánto cuestan, qué resultados producen y si todavía se justifican. Toda exoneración es, en la práctica, gasto público realizado por la vía de dejar de cobrar.
Revisar exoneraciones no equivale a castigar la inversión ni a desconocer sectores estratégicos. Significa distinguir entre incentivos útiles y privilegios heredados. Algunas exenciones pueden tener sentido económico, social o ambiental; otras sobreviven únicamente porque nadie quiere asumir el costo político de tocarlas. Y esos beneficios injustificados son, a todas luces, una forma de injusticia fiscal.
También hay margen en la lucha contra la evasión y la elusión. El país debe cobrar mejor lo que ya está aprobado. La administración tributaria necesita tecnología, interoperabilidad de datos, trazabilidad, fiscalización inteligente y capacidad real para enfrentar esquemas sofisticados. Hacienda Digital, que prometía todo esto, sigue sin presentar resultados satisfactorios.
La sostenibilidad fiscal exige, además, revisar la calidad del gasto. La discusión del presupuesto suele limitarse a listas de montos, no a compromisos de resultados. Cada colón debería vincularse con metas medibles: reducción de listas de espera, mejora de aprendizajes, disminución de homicidios, tiempos de respuesta, obra ejecutada, servicios digitalizados. Sin evaluación seria, el presupuesto se convierte en una liturgia anual donde todos defienden recursos, pero pocos responden por resultados.
La regla fiscal debe mantenerse, pero no puede convertirse en excusa para congelar prioridades ni para trasladar el ajuste a quienes dependen de servicios públicos esenciales. El verdadero reto es contener el gasto improductivo, ordenar la deuda, revisar exoneraciones, combatir evasión y proteger la inversión social eficaz. La disciplina fiscal no puede seguir confundiéndose con indiferencia social.
La política, por supuesto, preferirá los atajos. Es más fácil recortar horizontalmente que distinguir entre grasa y músculo. Pero una democracia madura debe saber decir dos cosas al mismo tiempo: no todo gasto público es sagrado y no todo ajuste debe caer sobre los más débiles.
Es verdad: Costa Rica no puede financiar todas sus aspiraciones con una base tributaria menguante. Pero la secuencia correcta sigue siendo una sola: primero, ordenar la casa; luego, revisar privilegios; después, cobrar mejor y, sobre todo, demostrar que cada colón recaudado se utiliza con eficiencia, transparencia y resultados.
