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El viernes anterior, la Corte Suprema de los Estados Unidos propició uno de los golpes políticos y jurídicos más fuertes en contra del presidente Donald Trump. Una mayoría de seis magistrados (contra tres disidentes) sentenció que la legislación utilizada por la Casa Blanca para imponer aranceles a diestra y siniestra durante su primer año de mandato –la Ley de Poderes Económicos ante Emergencias Internacionales (IEEP, por sus siglas en inglés)– no le otorgaba al presidente las potestades que él y sus principales asesores le atribuían.
El artículo 1.° de la Constitución Política de la Unión Americana dispone que corresponde exclusivamente al Congreso de ese país la facultad de crear impuestos. Esa potestad puede ser delegada en el Poder Ejecutivo, pero, para ello, debe hacerlo en forma expresa mediante una ley que fije con precisión los alcances y limitaciones de tal delegación. La Corte Suprema determinó que ni el lenguaje, ni la intención del legislador daban base para interpretar que la IEEP le otorgaba al presidente la autoridad de imponer aranceles, en última instancia, un impuesto que se aplica a la importación de productos extranjeros.
El fallo subraya la importancia de la separación de poderes y la prevalencia del Estado de derecho en una democracia, para salvaguardia de las libertades y derechos individuales: ni siquiera el mandatario más poderoso del mundo puede arrogarse potestades que la ley –expresión de la voluntad general– no le otorga y que el papel de un Poder Judicial independiente es crucial para hacer respetar la Constitución, restablecer el orden y poner en su lugar a quienes abusen del poder. La sentencia también abre la puerta para que los interesados eventualmente reclamen al Tesoro estadounidense alrededor de $130.000 millones cobrados ilegítimamente, aunque se prevé que esos trámites no serían sencillos.
Existen otras leyes vigentes en el ordenamiento jurídico estadounidense que sí delegan en el Ejecutivo la facultad de imponer aranceles en ciertas circunstancias, pero estas exigen seguir determinado procedimiento o fijan los límites de esas facultades. Una de ellas, conocida como la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, fue la que de inmediato invocó el presidente Trump para reemplazar temporalmente los aranceles impuestos con anterioridad y que afectarán nuestras exportaciones, inicialmente con un arancel de un 10% y, un día después, con un 15%.
La Sección 122 autoriza al presidente a imponer aranceles generales no discriminatorios hasta por 150 días, cuando el país padezca problemas graves de balanza de pagos. Ese plazo solo puede ser prorrogado por el Congreso de los Estados Unidos, algo que hoy parece muy improbable.
La legitimidad del supuesto utilizado por Trump en este caso –problemas de balanza de pagos– ya ha sido también cuestionada, pero un plazo de aplicación tan reducido hace casi imposible que los tribunales anulen o suspendan la decisión del viernes anterior antes de que venza su vigencia.
Asimismo, es esperable que esos cinco meses sean aprovechados por el Ejecutivo para avanzar en los procedimientos que las otras leyes contemplan, los cuales, sin embargo, en su mayoría exigen investigaciones previas, determinación de hechos reales y participación efectiva de las partes afectadas, al tiempo que su alcance es más limitado y las medidas son revisables judicialmente.
De esta manera, aunque la incertidumbre seguirá prevaleciendo, resulta innegable que el revés jurídico para la Casa Blanca es significativo y que reducirá en mucho el margen de maniobra en el uso arbitrario de los aranceles, tal y como el mundo ha atestiguado con asombro durante poco más de 12 meses.
A la derrota judicial se suma la impopularidad de las medidas arancelarias adoptadas por Trump, debido al impacto que estas han tenido en el costo de vida y la inflación. Se trata de efectos sentidos a diario por los estadounidenses, que se ven reflejados en los deteriorados números de las encuestas que evalúan periódicamente el desempeño de la actual administración estadounidense.
A pocos meses de que se realicen las elecciones de medio periodo –en las que estará en juego el control del Senado y de la Casa de Representantes–, los candidatos republicanos ven con preocupación esta difícil realidad, por lo que bien haría Washington en revisar su disparatada política arancelaria, calibrar mejor sus objetivos y enfocarse en atender con precisión los verdaderos problemas que afrontan los distintos sectores. Razón de más para que, de nuestro lado, el país no se apresure a firmar acuerdos de dudosa validez y conveniencia.
