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En el enmarañado e ineficiente universo de nuestras obras públicas, a muchos no les sorprenderá que, entre 2015 y 2026, se hayan pagado $45 millones en multas por retrasos en proyectos financiados con créditos externos. Comparada con otras pérdidas incurridas en obras viales, acueductos, redes digitales, centrales eléctricas, hospitales y escuelas, la suma parece modesta. Sin embargo, esto no le resta gravedad. La razón es doble.
Se trata de un evidente e injustificado desperdicio de dinero que, en última instancia, pagamos todos los costarricenses, y que también nos hace quedar muy mal con las instituciones financieras internacionales que nos prestan recursos a bajas tasas de interés.
Pero lo más grave es que constituye también un síntoma de algo mucho peor y con enormes consecuencias: las múltiples falencias en los procesos de diseño, gestión, ejecución, supervisión y control de proyectos vitales para el país. La factura directa de estos yerros supera los cientos de millones de dólares y su perjuicio al desarrollo nacional resulta aún peor.
Ni siquiera las obras que se consideran urgentes se han emprendido según lo previsto. Según revelamos recientemente, a la fecha no hay avances en la rehabilitación de 13 puentes en rutas nacionales declarados “en riesgo inminente” por sus fallas estructurales. Son parte los 76 encomendados al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) e incluidos entre múltiples obras contempladas por el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri). Su financiamiento proviene de un crédito de $700 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El gobierno había asegurado que la totalidad de ese programa estaría concluida en setiembre del año pasado. La realidad es muy distinta. Las licitaciones para los 13 puentes debieron ser declaradas desiertas o infructuosas, por múltiples errores en el proceso. Pero el impacto va más allá. Al 31 de enero, las reparaciones de otros 32 pasos apenas habían sido adjudicadas, y solo 31 estaban en proceso.
La condición de “emergencia” condujo a que se utilizaran procedimientos de contratación ajenos al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Muchos expertos advirtieron de los riesgos que implicaba la medida; entre ellos, carteles de licitación más elaborados y múltiples ineficiencias en la plataforma utilizada. Fueron desatendidos, con el argumento de la necesaria celeridad. Las consecuencias están a la vista. Y nada es culpa de la Contraloría General de la República, que fue marginada del proceso; más bien, al contrario.
Hace casi cuatro meses, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció la apertura de los cuatro carriles de la ruta 32, entre Río Fío y Limón centro, un proyecto con varios años de retraso. Pero aún no han concluido los trabajos para remodelar una de sus fallidas “rotondas” ovaladas, en Batán de Matina, ni de un muro de contención al ingreso de Siquirres.
En el caso de la carretera a San Carlos, ejemplo supremo de ineficiencia en obras viales, el MOPT acaba de anunciar que la adjudicación de su tramo central –los 29 kilómetros entre Sifón y La Abundancia– sigue retrasada. Solo se recibió una oferta, de la misma empresa china a cargo de la ruta 32, y se ha requerido una revisión “exhaustiva”. Es decir, más retrasos.
En febrero, una auditoría del Conavi señaló una serie de riesgos que podrían afectar la antes postergada y ahora lenta ampliación de la Interamericana Norte, entre Barranca y Limonal. Uno de ellos es que, pese a que se dio la orden de inicio en enero, su unidad ejecutora no cuenta con suficiente personal, lo cual podría implicar una “baja calidad del control”. Obvio.
La licitación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para implementar la tecnología de comunicación 5G, que ya están adoptando sus competidores privados en telefonía celular, sumó la semana anterior su segunda prórroga. La explicación es que se necesitan 30 días hábiles más para completar una serie de verificaciones internas. Se incumplirá así otra promesa del presidente Rodrigo Chaves, quien, al tomar posesión, declaró ese proyecto como prioridad de su gestión.
Tras varios años y un plan que ya estaba listo pero fue descarrilado por esta administración, el tren eléctrico metropolitano sigue en espera. Las negociaciones para ampliar la ruta 27, primero suspendidas y luego retomadas por el gobierno, no avanzan con rapidez. El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) apenas acaba de adjudicar la ampliación de Caldera, pese a que la concesión del operador actual vencía en agosto del pasado año. El proyecto Taras-la Lima suma casi cuatro años de retraso.
Los factores que inciden en estos tropiezos son múltiples. Entre ellos están un “descalce” entre los tiempos constructivos y los políticos; licitaciones mal planteadas; falta de coordinación institucional (por ejemplo, entre el MOPT y las empresas de servicios públicos); inicio de obras sin completar los diseños y expropiaciones, y mala supervisión. Por desgracia, tampoco podemos descartar la corrupción.
Son factores de sobra conocidos, pero que persisten y pasan facturas constantes, muchísimo más elevadas que los $45 millones en comisiones por retrasos en ejecución.
